Uber Eats renuncia a contratar autónomos tras las amenazas de Trabajo

La empresa de delivery, Uber Eats, ha renunciado a seguir repartiendo con trabajadores autónomos, después de numerosas amenazas del Ministerio de Trabajo. Así lo ha confirmado un portavoz de la compañía, tras reafirmar «su compromiso con el cumplimiento de la Ley Rider». «Después de cuatro años en los que hemos acumulado una gran experiencia trabajando con empresas expertas en logística, y con el objetivo de fomentar un modelo sostenible a largo plazo, hemos tomado la decisión de dejar de colaborar con repartidores autónomos», ha asegurado.

Uber Eats era la única gran empresa del sector que seguía operando con este modelo, después de que Glovo lo cambiase hace medio año –Just Eat cumple la ley desde el principio–. Así, cinco años después de que se aprobase la Ley Rider, los grandes actores de delivery se acogen por completo a dicha normativa.

Aquellos repartidores autónomos que usan la aplicación podrán seguir trabajando de este modo, pero a través de subcontratas. Y aunque todavía se sabe cuándo se producirá el cambio, desde la empresa indican que será «lo antes posible».

Los de Yolanda Díaz se habían planteado llevar a Uber Eats a los tribunales por la vía penal, después de que se concluyese la Inspección de Trabajo que tenía abierta desde hacía meses por no cumplir con la normativa. La empresa también se ha pronunciado ante esto y ha manifestado su compromiso «con el cumplimiento de las obligaciones que nos correspondan, así como nuestra intención de poner fin a todos los litigios pendientes». «Estamos a disposición de repartidores, sindicatos y el Gobierno para garantizar un proceso justo para todos», ha añadido.

Ley Rider

El Gobierno de España aprobó en 2021 la llamada Ley Rider con el objetivo de regular la situación laboral de los repartidores que trabajan para empresas de comida a domicilio, algo que, para la vicepresidenta segunda se iba a convertir «en la vanguardia de la legislación internacional en esta materia». Sin embargo, sigue sin librarse de la polémica.

La reforma establecía la presunción de que todos los repartidores eran falsos autónomos, obligando a las empresas a darles de alta como asalariados con contrato fijo, lo que provocó una segmentación del mercado. Mientras que algunas plataformas contrataron a sus repartidores, otras impugnaron la legislación en los tribunales sin demasiado éxito. Las de este segundo grupo justificaban su rechazo basándose en que sus repartidores pueden rechazar pedidos y elegir libremente sus horas de trabajo. Sin embargo, diversos varapalos judiciales han llevado a empresas como Glovo a acumular más de 200 millones de euros en multas administrativas.

Un estudio elaborado por los investigadores Juan J. Dolado, Álvaro Jañez y Félix Wellschmied y publicado por el Instituto de Economía Laboral (IZA) llegó a cuantificar los efectos en el mercado laboral de la ley. Justo antes de la reforma, había alrededor de 25.000 repartidores en España, cifra que aumentó hasta las 35.000 personas en 2024, mientras que el número de contratos se duplicó en solo un año, siendo en su mayoría indefinidos.

«Esta evidencia parece apuntar a un aparente éxito de la reforma», señalan los autores. «Sin embargo, este aumento debe considerarse a la luz del aumento de la demanda tras la pandemia en la mayoría de los países, junto con el consiguiente incremento de plataformas, por lo que es necesario un modelo cuantitativo para desentrañar el papel desempleado por la ley», añaden.

Así, los investigadores demostraron que las sanciones asociadas a la nueva regulación han aumentado el coste marginal de la producción de pedidos, lo que supone una menor demanda de repartidores autónomos y, por consiguiente, un incremento en los tiempos de espera. Esto, a su vez, ha reducido el salario por hora de los repartidores, ya que se les paga por cada pedido y no por las horas de trabajo invertidas.

En términos generales, el número de repartidores autónomos ha caído casi un 13 %, mientras que el aumento de fijos ha sido de un 7 %, lo que muestra que las empresas solo han podido absorber de manera parcial las pérdidas de trabajadores por cuenta ajena.