Así destruyó Yolanda Díaz un negocio que funcionaba «como un reloj»: «El sistema es rígido, caro e ineficiente»

Desde que el Gobierno de España aprobó en 2021 la llamada Ley Rider, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se ha dedicado a «perseguir» a todas las plataformas de comida a domicilio que no cumpliesen con ella. Primero fue Glovo, y ahora ha advertido a Uber Eats que caerá todo «el peso de la ley» sobre ella ante los incumplimientos que, «presuntamente» está llevando a cabo en España.

«Uber no nos va a tomar el pelo al Gobierno de España y ya les anticipo que caerá el peso de la ley sobre esta empresa ante los incumplimientos que está manifestando en nuestro país», ha avanzado Díaz. «Lo hicimos ya con otra empresa [Glovo] y quiero dejar claro que lo vamos a volver a hacer ahora mismo ya con Uber», ha asegurado Díaz, tras remarcar que por muy grande que sea una empresa, no se va a colocar «por encima de la ley».

El objetivo de esta normativa era regular la situación laboral de los repartidores que trabajan para empresas de comida a domicilio, algo que, para la vicepresidenta segunda se iba a convertir «en la vanguardia de la legislación internacional en esta materia». Sin embargo, sigue sin librarse de la polémica.

«Hemos pasado de tener un sistema de delivery que funcionaba como un reloj, dando un buen servicio a clientes y restaurantes; a tener un sistema rígido, caro e ineficiente», denuncia Alejandro Hermo, CEO de la cadena de hamburguesas, Goiko, en una publicación en redes sociales.

Esta ley ha supuesto «un cambio forzado de un modelo de riders autónomos a riders 100 % contratado», que ha hecho que pierdan todas las partes implicadas. Por un lado, «los riders ganan menos y no pueden decidir cuándo y cuanto trabajan, lo que dificulta la entrada en el sector de aquellos que lo hacen para ganar un dinero extra, como es el caso de los estudiantes», explica el CEO de Goiko.

Por otro lado se ven perjudicadas las plataformas de delivery, que «son incapaces de contratar a los riders necesarios para trabajar en un sistema que ya no les encaja como antes, sin poder cubrir las horas pico y con unos costes operativos disparados», añade.

Pero en esta historia también hay otros dos pilares que se ven perjudicados: los restaurantes y el cliente. Los primeros «pierden negocio y rentabilidad, ya que les sale más caro el coste de cada pedido», cuenta. Y los clientes, ven como el servicio empeora porque hay menos restaurantes disponibles, tarda más y llega en peor estado. Además, «será más caro para pagar la fiesta del cambio de modelo», lamenta Hermo.

Con todo, este empresario afectado señala a la ministra de Trabajo, ya que considera necesario «que todas las partes se sienten y sean escuchadas. La solución no es blanca ni negro, ha de haber puntos intermedios que se acerquen a las demandas de ambas partes, y sirvan de inspiración otros países». Y señala que no solo está ocurriendo con el sector del delivery, este «es solo un ejemplo de muchos nuevos que han surgido, cuyo modelo laboral no ha de guiarse necesariamente por los ya existentes a mediados del siglo pasado, con sus pros y sus contras, pero que son menos flexibles de lo que hoy en día se demanda», sentencia.

Más paro y peores sueldos

Un estudio elaborado por los investigadores Juan J. Dolado, Álvaro Jañez y Félix Wellschmied y publicado por el Instituto de Economía Laboral (IZA) ha cuantificado los efectos en el mercado laboral de la ley. Justo antes de la reforma, había alrededor de 25.000 repartidores en España, cifra que aumentó hasta las 35.000 personas en 2024, mientras que el número de contratos se duplicó en solo un año, siendo en su mayoría indefinidos.

«Esta evidencia parece apuntar a un aparente éxito de la reforma», señalan los autores. «Sin embargo, este aumento debe considerarse a la luz del aumento de la demanda tras la pandemia en la mayoría de los países, junto con el consiguiente incremento de plataformas, por lo que es necesario un modelo cuantitativo para desentrañar el papel desempleado por la ley», añaden.

Así, los investigadores demostraron que las sanciones asociadas a la nueva regulación han aumentado el coste marginal de la producción de pedidos, lo que supone una menor demanda de repartidores autónomos y, por consiguiente, un incremento en los tiempos de espera. Esto, a su vez, ha reducido el salario por hora de los repartidores, ya que se les paga por cada pedido y no por las horas de trabajo invertidas.

En términos generales, el número de repartidores autónomos ha caído casi un 13 %, mientras que el aumento de fijos ha sido de un 7 %, lo que muestra que las empresas solo han podido absorber de manera parcial las pérdidas de trabajadores por cuenta ajena.