El verdadero impacto económico del golpe judicial a los aranceles de Trump

Hay sentencias que corrigen políticas. Y hay otras —mucho más raras— que corrigen una forma de gobernar. La decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos contra los aranceles impulsados por Donald Trump pertenece claramente a la segunda categoría.

No es solo una noticia comercial. Es algo más profundo. En el último año, Trump nos explicó que los aranceles eran una herramienta de política industrial, una defensa de EE. UU. frente a China o una manera de reducir el déficit comercial. Puede discutirse si funcionan o no (los economistas lo venimos discutiendo desde hace siglos), pero el Supremo ha querido situar la discusión en otro plano: el del abuso del poder. No se trata de saber si los aranceles son buenos o malos, sino de si un presidente puede rediseñar el comercio mundial invocando una ley pensada para emergencias extraordinarias. Y la respuesta del Supremo ha sido clara: no, no puede.

El fallo devuelve al Congreso una competencia de la que se había apoderado la Casa Blanca. Un recordatorio, casi pedagógico, de que en Estados Unidos los impuestos —y un arancel es un impuesto— deben pasar por el legislador. En un año de infarto, dominado por decretos ejecutivos y decisiones fulminantes, la justicia ha vuelto a introducir algunos elementos esenciales: imparcialidad, ecuanimidad y también lentitud, sí, pero una lentitud que garantiza la separación de poderes.

Esto tiene una consecuencia inmediata. La política comercial estadounidense será, a partir de ahora, más previsible. Y eso es una buena noticia para la globalización.

Durante el último año, empresas europeas y asiáticas habían aprendido a convivir con un riesgo nuevo: que una orden presidencial de Trump cambiaría los costes de exportar al mayor mercado del mundo. La sentencia no elimina los aranceles como herramienta, EE. UU. seguirá utilizándolos, pero sí limita la posibilidad de imponerlos de manera caprichosa, súbita y masiva.

Europa respira, en ese sentido, un poco mejor. No porque se vuelva al libre comercio, sino porque se introduce previsibilidad jurídica. Para economías exportadoras como la alemana, la italiana o incluso sectores concretos de la española, la estabilidad normativa vale casi tanto como la rebaja arancelaria.

Ahora, el verdadero problema para Washington no está en Bruselas ni en Pekín. Está en el Tesoro americano. Porque si esos aranceles eran ilegales, ¿qué ocurre con el dinero recaudado?

El Gobierno estadounidense podría verse obligado a devolver una parte sustancial de lo cobrado a empresas importadoras

La respuesta, aunque dependerá de una compleja batalla judicial y administrativa, apunta a que el Gobierno estadounidense podría verse obligado a devolver una parte sustancial de lo cobrado a las empresas importadoras. Hablamos de decenas de miles de millones de dólares que el Tesoro tendrá que devolver a las empresas importadoras. No es una cifra menor ni un ajuste contable sin consecuencias. Es un déficit fiscal brutal.

Y aquí aparece la ironía económica de toda esta historia.

Una política diseñada, entre otras cosas, para recaudar ingresos y proteger la industria nacional termina agravando el déficit público. Si el Tesoro tiene que devolver esos fondos, no solo perderá una fuente de ingresos, sino que deberá afrontar, eso sí de manera escalonada, un gasto enorme. Es el peor escenario presupuestario posible: menos recaudación y más desembolsos.

Estados Unidos ya vive instalado en déficits elevados en 2026 (6 % del PIB) y en una deuda pública (100 % del PIB) que solo se sostiene por la extraordinaria confianza internacional de los mercados y los banqueros centrales en el dólar. Un desembolso masivo para devolver lo ingresado por aranceles obligaría a emitir más deuda o a recortar en otras partidas de gasto, algo políticamente delicado en un año electoral.

¿Cómo reaccionarán los mercados? Probablemente con una mezcla de inquietud y alivio.

Habrá inquietud, porque todo aumento del endeudamiento empuja al alza los tipos de interés y vuelve a poner sobre la mesa la eterna duda sobre la sostenibilidad fiscal estadounidense. Pero también habrá alivio: la sentencia reafirma que EE. UU. continúa siendo un Estado de derecho donde incluso los abusos de poder están sometidos a límites legales.

Aunque quizá la lección más interesante sea otra. Durante años se habló del retorno del proteccionismo como si fuera una fuerza inevitable de la historia. El Supremo ha demostrado que, al menos en EE. UU., las instituciones todavía pueden atemperar esos impulsos. No es el fin del nacionalismo económico, pero sí el fin de su versión más autoritaria e improvisada.

Al final, la sentencia no trata solo de comercio. Trata de quién puede tomar decisiones que afectan a todo el planeta. Y recuerda algo que en tiempos de liderazgo fuerte a veces se olvida: incluso la mayor economía del mundo tiene que obedecer sus propias reglas. Lo que le exige a Trump corregir el rumbo. Y en economía, como en la política, esa capacidad de rectificación suele ser más valiosa que cualquier arancel.