La patronal avalada por Díaz y Begoña Gómez entra en guerra por el desembarco de Pimec en el diálogo social nacional

La guerra ha estallado en el seno de Conpymes, patronal de pymes que en su día impulsaron la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y Begoña Gómez. Varias organizaciones integradas en la confederación llevan meses intentando forzar la salida de su presidente, José María Torres, que se resiste a dimitir y mantiene bloqueada la convocatoria de la asamblea general. Detrás del choque interno asoma una batalla más amplia por el control de la representación de las pymes en el diálogo social, con Pimec –patronal catalana con vínculos con el independentismo– como actor clave.

La crisis estalló a finales del pasado año, cuando la organización se preparaba para celebrar su asamblea general el 1 de diciembre. Todo apuntaba a que el actual presidente, José María Torres, sería ratificado sin oposición tras presentarse como único candidato a la reelección. Sin embargo, el anuncio de un viaje institucional del dirigente a Israel pocos días antes de la reelección desató el malestar de algunos asociados, que reclamaron suspender la asamblea alegando una pérdida de confianza en el presidente.

Aunque el viaje fue presentado como el detonante del conflicto, el enfrentamiento responde en realidad a una disputa más profunda sobre el rumbo de la patronal y su papel en el sistema de representación empresarial. Según diversas fuentes del entorno de la organización, antes de la asamblea, la patronal catalana Pimec habría intentado forzar al presidente de Conpymes a aceptar un documento por el que la representación de la confederación en las mesas del diálogo social quedaría en manos de su secretario general, Josep Ginesta.

El trasfondo de este enfrentamiento tenía mucho que ver con la creciente presencia de Pimec en los principales órganos de representación nacionales, con el objetivo de defender un modelo en el que las pequeñas y medianas empresas tengan una voz propia separada de la gran empresa.

Ese planteamiento se inspira en el modelo que ya funciona en Cataluña, donde la patronal de pymes comparte representatividad con Foment del Treball, histórica organización vinculada a las grandes compañías y a la estructura de CEOE. De acuerdo con esta lógica, las pequeñas empresas necesitan una representación diferenciada para evitar que sus intereses queden diluidos en organizaciones que agrupan también a grandes corporaciones, como –según explican fuentes patronales– ocurre en Cepyme.

En los últimos años, la patronal catalana ha logrado avances relevantes en esa estrategia. En 2025 fue incorporada a la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos por su condición de organización empresarial más representativa en su ámbito territorial, lo que obligó a CEOE y a Cepyme a ceder una vocalía en este órgano consultivo del Ministerio de Trabajo.

Ese mismo año, Pimec consiguió además acceder al Comité Económico y Social Europeo, un órgano consultivo de la Unión Europea en el que participan representantes empresariales, sindicales y de la sociedad civil organizada. La patronal catalana también ha trasladado al Gobierno su interés por formar parte del Consejo Económico y Social, uno de los principales órganos de participación en materia socioeconómica.

Estos movimientos han sido interpretados como una señal de que la organización catalana aspira a ampliar su influencia en el diálogo social más allá de su ámbito territorial y plantean interrogantes sobre el papel que debería desempeñar una patronal nacional si una de sus organizaciones integrantes comienza a ocupar directamente los espacios a los que aspiraba el propio proyecto.

Vínculos con el independentismo

Las ambiciones de Pimec quedaron de manifiesto en octubre de 2023, cuando la organización inauguró una delegación permanente en Madrid con el objetivo de «defender los intereses de las pymes catalanas ante las instituciones nacionales y reforzar su presencia en los espacios de representación empresarial».

Para dirigir esa oficina, la patronal catalana fichó como representante a Ferran Bel, exdiputado del PDeCAT en el Congreso y antiguo alcalde de Tortosa. El nombramiento llamó la atención entre los empresarios por su trayectoria política vinculada al independentismo catalán y por su papel durante el referéndum ilegal de 2017, que le llevó a ser investigado, aunque su causa judicial terminó archivándose.

También el mencionado secretario general de la patronal, Josep Ginesta, mantiene vínculos con el independentismo. Ginesta fue secretario general de Trabajo de la Generalitat durante los años del ‘procés’ y fue uno de los amnistiados por su participación en la organización del 1-O. Otros miembros de la ejecutiva, como Miquel Camps (adjunto a la Presidencia) o Pere Cornellà, han expresado públicamente posiciones favorables al independentismo.

No obstante, no sería justo definir a Pimec como una organización independentista. De hecho, los sectores soberanistas han intentado, sin éxito, influir en la patronal en varias ocasiones. En 2014, por ejemplo, la reelección de Josep González provocó la salida del lobby independentista representado por el Cercle Català de Negocis (CCN), mientras que en 2021 el actual presidente, Antoni Cañete, derrotó con amplia mayoría a una candidatura apoyada por el entorno de la Assemblea Nacional Catalana (ANC).

Músculo financiero

Pero no se puede entender el peso de la patronal catalana sin explicar su fortaleza económica. Según los datos de la propia organización, Pimec registró en 2024 unos ingresos cercanos a los 26 millones de euros, procedentes en buena medida de los servicios y proyectos que presta a empresas y administraciones. Para 2025, la organización prevé manejar un presupuesto de alrededor de 24,8 millones.

Para hacerse una idea de la capacidad de esta organización, basta señalar que su volumen presupuestario supera incluso al de la propia CEOE, que para 2025 adelantó unos ingresos de aproximadamente 17,3 millones de euros.

Fuentes empresariales explican que esta fortaleza se ha visto favorecida por su estrecha relación con la Generalitat, con la que colabora en numerosos programas de formación, asesoramiento empresarial y proyectos financiados con fondos públicos. Este músculo financiero ha permitido a Pimec desplegar en los últimos años una ambiciosa estrategia de expansión más allá de Cataluña.

Escaso margen de maniobra

En este contexto, el margen de maniobra de la dirección de Conpymes parece limitado frente a la influencia política y financiera de Pimec. La principal baza del actual presidente, José María Torres, pasa por llevar el conflicto a los tribunales y tratar de dilatar al máximo el proceso.

En cualquier caso, ambas partes parecen poco interesadas en airear públicamente el enfrentamiento. Consultados sobre el tema, el presidente de Conpymes ha rechazado realizar declaraciones, mientras que desde Pimec se limitan a señalar que su objetivo es «construir una organización que represente a pymes y autónomos en España con voz propia» y que «seguimos apostando por el proyecto de Conpymes al 100 %».

Lo cierto es que las posiciones se encuentran hoy completamente enfrentadas y el conflicto apunta a dos posibles desenlaces: la salida de algunas de las principales entidades integradas en la confederación –empezando por Pimec y UATAE– o la dimisión de Torres, lo que abriría la puerta a una reconfiguración de la patronal que podría acabar situando a Conpymes como una suerte de «filial» nacional de la organización catalana.