El regulador del transporte por carretera se enteró por la prensa del plan de autobuses de Renfe

El anuncio de Renfe sobre la creación de una empresa de autobuses para cubrir incidencias ferroviarias pilló por sorpresa al área encargada del transporte por carretera dentro del Ministerio. Según fuentes del sector consultadas por este periódico, la directora general de Transporte por Carretera y Ferrocarril, Elena María Atance, no tenía conocimiento previo de la iniciativa y se enteró de su existencia a través de las informaciones publicadas en los medios de comunicación.

No obstante, Renfe no depende orgánicamente de esa dirección general. La empresa pública está adscrita a la Secretaría de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, mientras que la Dirección General de Transporte por Carretera y Ferrocarril forma parte de la Secretaría General de Transporte Terrestre, integrada a su vez en la misma Secretaría de Estado. Pese a ello, este órgano tiene entre sus funciones la ordenación y regulación del sistema de transporte por carretera y ferroviario, así como la relación con las entidades que representan al sector empresarial en estas materias.

La operadora pública anunció recientemente su intención de crear una sociedad participada para gestionar los llamados Planes Alternativos de Transporte (PAT), el sistema que permite trasladar a los viajeros por carretera cuando se interrumpe la circulación ferroviaria por obras en la infraestructura, incidencias técnicas o condiciones meteorológicas adversas.

El modelo planteado por la compañía ferroviaria consiste en constituir una empresa participada al 49 % por Renfe y al 51 % por el adjudicatario del contrato, que será el encargado de aportar la flota de autobuses y gestionar la operación. Para ello, la empresa pública ha licitado un acuerdo marco con una duración inicial de diez años y posibilidad de prórroga hasta quince, lo que eleva el valor estimado del contrato hasta los 923 millones de euros.

Sin embargo, el proyecto ha provocado el enfado del sector, especialmente entre las pequeñas y medianas empresas, que consideran que las condiciones del concurso favorecen a los grandes operadores. Entre los requisitos establecidos en el pliego figura la obligación de disponer de al menos 500 autobuses en propiedad o bajo control empresarial, además de acreditar una elevada capacidad financiera y experiencia previa en contratos de transporte de gran volumen.

Las asociaciones del sector advierten de que estas condiciones limitan la participación a un número muy reducido de compañías, lo que podría acelerar la concentración del mercado y dejar fuera a la mayor parte del tejido empresarial del transporte de viajeros por carretera.

Recurso contra la licitación

Desde Direbús, organización que representa a pequeñas y medianas empresas del transporte en autobús, consideran que el diseño de la licitación deja fuera a la inmensa mayoría de operadores, pese a que España cuenta con más de 2.700 empresas dedicadas al transporte de viajeros por carretera. Por ello, han anunciado que impugnarán la licitación.

Por su parte, la Asociación Nacional de Empresarios de Transportes en Autocares (Anetra) ha instado al Comité Nacional del Transporte por Carretera a adoptar una posición común para defender los intereses del sector. La organización considera que las condiciones del concurso restringen gravemente la libre concurrencia y dificultan la participación de las pequeñas y medianas empresas, que constituyen «la base del tejido empresarial del transporte en autobús en España».

La asociación ha señalado además que sus servicios jurídicos están analizando la posibilidad de presentar un recurso contra el anuncio de licitación, con el objetivo de garantizar unas condiciones de competencia «justas, equilibradas y transparentes» para el conjunto del sector.