El Supremo admite a trámite los recursos contra los indultos del Gobierno a 'las seis de La Suiza'

El Tribunal Supremo ha admitido a trámite los seis recursos que presentó la familia de la pastelería 'La Suiza' en Gijón contra los indultos del Gobierno a las sindicalistas conocidas como 'las seis de La Suiza'.

La Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal ha tardado menos de 24 horas en aceptarlos, tal y como ha adelantado El Comercio, y ha dado al Ministerio de Justicia un plazo improrrogable de 20 días para que remita todos los expedientes administrativos relacionados con el caso, y así poder comprobar si las justificaciones que dio el Gobierno de Sánchez para indultar a los sindicalistas de la CNT eran correctas o no.

El magistrado ponente José Luis Quesada Varea será el encargado de dictar sentencia. Si considera que las justificaciones son correctas, se abre una nueva vía a explorar, ya que iría en contra de las cuatro adoptadas anteriormente y que condenador con tres años y medio de cárcel para las cinco mujeres y el hombre por coacciones graves y obstrucción a la justicia, descartando la existencia de un conflicto laboral y atribuyendo el cierre del negocio a una campaña de presión «constante, reiterada y desproporcionada».

La familia de La Suiza ha contratado los servicios de Santiago Milans del Boch, quien tiene una amplía trayectoria como fiscal en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y como magistrado especialista en lo contencioso administrativo en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y en la Audiencia Nacional. Por su parte, la Abogacía del Estado, será la encargada de defender al Gobierno.

Fallos a favor de los propietarios

El origen del caso se sitúa en 2016, tras un altercado protagonizado por la pareja de una trabajadora que derivó en una denuncia penal por daños y amenazas. A partir de entonces, la empleada acudió al sindicato CNT, que organizó una estrategia de presión para forzar al propietario a retirar la acusación y aceptar las pretensiones económicas. Ante su negativa comenzó una campaña de presión.

Las protestas, asegura, tuvieron un fuerte componente personal. «Esto no es El Corte Inglés... cuando dicen «La Suiza acosador», se refieren a mí», aseguraba José Álvarez, propietario de la pastelería, en declaraciones a El Debate. Durante meses se sucedieron concentraciones frente al local con megáfonos, petardos y carteles. «Decían que mi confitería era como una sala de tortura de los nazis».

El conflicto se prolongó durante meses hasta que, en septiembre de 2017, la familia decidió cerrar el negocio después de 19 años de actividad. La sentencia fijó una indemnización de 125.428 euros y estableció la responsabilidad civil subsidiaria del sindicato CNT.

Finalmente, el Tribunal Supremo ratificó en 2024 la condena a tres años y medio de prisión por coacciones graves y obstrucción a la justicia, descartando la existencia de un conflicto laboral y atribuyendo el cierre del negocio a una campaña de presión «constante, reiterada y desproporcionada».

Sin embargo, desde sectores de la izquierda se intentó hacer pasar el caso como un conflicto laboral y se amplificó la acusación de abuso sexual a pesar de que la Justicia lo había archivado. Yolanda Díaz, de hecho, fue la más activa al respecto e incluso anunció que indultaría a los acusados, a pesar de que ella no tiene potestad para hacerlo.