La familia perjudicada por el indulto a ‘las seis de La Suiza’: «Esta gente solo quería dinero»

El Gobierno ha indultado a las seis sindicalistas de la CNT condenadas por el caso de la pastelería La Suiza, en Gijón, tras meses de movilización por parte de la izquierda en torno a un supuesto caso de conflicto laboral que incluía el abuso sexual. Sin embargo, las resoluciones judiciales descartan dicho conflicto y apuntan a un caso de coacciones contra un negocio que, finalmente, tuvo que cerrar.

El origen del caso se sitúa en 2016, tras un altercado protagonizado por la pareja de una trabajadora que derivó en una denuncia penal por daños y amenazas. A partir de entonces, la empleada acudió al sindicato, que organizó una estrategia de presión para forzar al propietario a retirar la acusación y aceptar las pretensiones económicas.

José Álvarez, propietario de la pastelería, explica que representantes de la CNT se pusieron en contacto con él para que cediera y, ante su negativa, comenzó una campaña de presión. Uno de los condenados incluso llegó a amenazarle: «O aceptas lo que te pedimos o no vamos a parar; me importas tres c**** si tienes que cerrar», le espetó.

«Si alguien está disconforme, hay cauces legales, pero esta gente solo quería dinero», explica. Según señala, la situación se agravó cuando, tras negarse a retirar la denuncia contra la pareja de la trabajadora, comenzaron las movilizaciones. «Como no cedí, presentaron una denuncia de acoso sexual para presionarme», sostiene.

Las protestas, asegura, tuvieron un fuerte componente personal. «Esto no es El Corte Inglés... cuando dicen «La Suiza acosador», se refieren a mí». Durante meses, relata, se sucedieron concentraciones frente al local con megáfonos, petardos y carteles. «Decían que mi confitería era como una sala de tortura de los nazis».

Su hijo, Pablo Álvarez, que ha llevado la estrategia jurídica de la familia, insiste en la diferencia entre el relato político y los hechos probados por la justicia. «Hacer sindicalismo no es delito, pero a esta gente se la condenó por actos ilícitos del Código Penal», subraya.

El conflicto se prolongó durante meses hasta que, en septiembre de 2017, la familia decidió cerrar el negocio después de 19 años de actividad. La sentencia fijó una indemnización de 125.428 euros y estableció la responsabilidad civil subsidiaria del sindicato CNT. «Su comportamiento y su actuación fue como la mafia siciliana, una extorsión pura y dura», añade el hijo de los dueños.

Finalmente, el Tribunal Supremo ratificó en 2024 la condena a tres años y medio de prisión por coacciones graves y obstrucción a la justicia, descartando la existencia de un conflicto laboral y atribuyendo el cierre del negocio a una campaña de presión «constante, reiterada y desproporcionada».

Recurso y acciones legales

Sin embargo, desde sectores de la izquierda se intentó hacer pasar el caso como un conflicto laboral y se amplificó la acusación de abuso sexual a pesar de que la Justicia lo había archivado. Yolanda Díaz, de hecho, fue la más activa al respecto e incluso anunció que indultaría a los acusados, a pesar de que ella no tiene potestad para hacerlo.

Tras la concesión del indulto la pasada semana, la familia ha anunciado que recurrirá la medida ante el Tribunal Supremo. Consideran que la decisión no se ajusta a los hechos probados en sentencia firme y que se apoya en un relato que no coincide con lo acreditado judicialmente. Además, estudian posibles acciones legales contra Díaz por acusar al propietario de acoso sexual.

El respaldo político

Desde el Gobierno, la medida ha sido defendida como una respuesta a una condena vinculada «al ejercicio de derechos sindicales». Díaz ha asegurado que «el sindicalismo no es un delito» y reivindicó el indulto como una victoria de los derechos laborales.

En la misma línea, Sira Rego ha afirmado que «nadie puede estar en la cárcel por proteger derechos fundamentales». También los principales sindicatos ha respaldado la decisión, mientras que desde la CNT se ha defendido que el caso responde a una persecución del sindicalismo.

Ahora será la Justicia la que resuelva el recurso al indulto, aunque la familia confía en que el Tribunal Supremo les dé la razón, al considerar que la justificación del Gobierno contradice los hechos probados. «No cumple los criterios de justicia, equidad ni utilidad pública. Además, la ley exige arrepentimiento, y los condenados dicen que lo volverían a hacer. Por tanto, estamos convencidos de que el Tribunal Supremo revocará los indultos al cien por cien», concluye el hijo del propietario.