Quiénes son y qué hicieron 'Las seis de La Suiza', las sindicalistas indultadas que apenas han pisado la cárcel

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el indulto parcial a las conocidas como 'Las seis de La Suiza', un grupo formado por cinco mujeres y un hombre vinculados a la Confederación Nacional del Trabajo (CNT) que fueron condenados a tres años y medio de prisión por su papel en un conflicto laboral en una pastelería de Gijón.

La medida de gracia, impulsada por el Ministerio de Trabajo, perdonará las penas de prisión –que ya cumplían en régimen abierto–, pero mantendrá las responsabilidades económicas, que superan los 150.000 euros.

Los hechos se remontan a 2016, cuando una trabajadora de la pastelería La Suiza, embarazada, se sintió indispuesta durante su jornada laboral y solicitó marcharse a casa. Según su versión, el propietario se negó, lo que provocó que avisara a su pareja. Este acudió al local y, en el transcurso de una discusión, golpeó un frigorífico, causando daños.

A raíz de ese incidente, el empresario denunció a la pareja por amenazas y daños, mientras que la trabajadora inició una baja por riesgo de aborto. Meses después, ya en situación de baja de maternidad, decidió acudir a la CNT para negociar su salida definitiva de la empresa, alegando que se le debían horas extra, vacaciones y que su despido debía ser indemnizado.

El sindicato planteó una compensación económica –en torno a 6.000 euros– y la retirada de la denuncia contra la pareja. Sin embargo, el propietario rechazó el acuerdo. Ante la falta de entendimiento, la CNT puso en marcha una campaña de movilización entre mayo y septiembre de 2017. Durante ese periodo se organizaron al menos quince concentraciones frente a la pastelería, situada en una zona comercial de Gijón.

En un primer momento, las protestas reunían a una docena de personas, pero con el paso de las semanas fueron creciendo hasta alcanzar varias decenas de participantes. Parte de las concentraciones fueron comunicadas a la Delegación del Gobierno, mientras que otras no.

Además de las protestas presenciales, se desarrollaron campañas de difusión en redes sociales, reparto de información y acciones dirigidas a visibilizar el conflicto laboral. Según la versión del sindicato, se trataba de una actuación legítima para defender los derechos de la trabajadora.

Sin embargo, la Justicia consideró que estas actuaciones traspasaron los límites legales. En 2021, el Juzgado de lo Penal número 1 de Gijón condenó a varios implicados por coacciones graves y un delito contra la administración de justicia. La sentencia, posteriormente ratificada por instancias superiores hasta el Tribunal Supremo en 2024, concluyó que las protestas constituyeron un «hostigamiento continuado» contra el empresario, con el objetivo de forzarle a aceptar las exigencias económicas y retirar la denuncia.

El fallo judicial también vinculó estas acciones con el cierre del negocio, señalando que la presión ejercida provocó un perjuicio económico y personal al propietario y su entorno familiar. Como consecuencia, seis de los acusados fueron condenados a tres años y medio de prisión, además del pago de una indemnización de unos 150.000 euros, de la que la CNT fue considerada responsable civil subsidiaria.

Tras un largo proceso judicial de más de ocho años, los condenados ingresaron en el centro penitenciario de Villabona (Asturias) el 10 de julio de 2025. Sin embargo, apenas ocho días después, el 18 de julio, obtuvieron el tercer grado penitenciario. Esto supuso que pasaran a cumplir la condena en régimen abierto, sin necesidad de permanecer en prisión de forma continuada, lo que ha alimentado la percepción de que 'apenas han pisado la cárcel'.

Sus defensas argumentaron durante el proceso que se trataba de personas plenamente integradas en la sociedad, con empleo y cargas familiares, y que el ingreso en prisión tendría un impacto desproporcionado en sus vidas.

El indulto parcial que ha aprobado el Gobierno elimina ahora la pena de prisión, pero mantiene las sanciones económicas. Desde el Ministerio de Trabajo, encabezado por Yolanda Díaz, se ha defendido la medida al considerar que la condena fue «inapropiada en una democracia» y al reivindicar el derecho a la acción sindical. «El sindicalismo no es un delito. Defender los derechos laborales es un orgullo», ha señalado la ministra, que ya se había comprometido meses atrás a impulsar esta medida.