La deuda pública: el arte de pagar sin pagar… porque lo pagarán otros mañana

Entre todas las ilusiones que el Estado moderno ha perfeccionado, ninguna ha alcanzado un grado de sofisticación tan admirable como la deuda pública. Si la ilusión de la gratuidad permite al ciudadano disfrutar de servicios cuyo coste no percibe, la deuda añade un matiz aún más ingenioso: permite disfrutar hoy de bienes cuyo coste pagarán otros, mañana.

Y si, en algún momento, la arquitectura institucional amenaza con poner límites a esta magia, siempre queda un recurso adicional: reformar las reglas del juego para que la ilusión pueda continuar.

El mecanismo es tan simple que resulta casi elegante. El Estado gasta hoy. El ciudadano aplaude hoy. El coste se difumina en el tiempo. Y cuando llega la hora de pagarlo, los responsables ya no están y los beneficiarios ya no recuerdan.

La deuda convierte el presente en un banquete y el futuro en la cuenta; y aunque parte de ese banquete pueda ser inversión útil, la mayor parte del menú reciente ha sido gasto corriente que no deja herencia, solo factura. En 2007 la deuda pública española era del 35% del PIB; en 2023 superaba el 110%.; en 2025, la deuda seguía rondando el 101% del PIB. La cifra baja en porcentaje, pero no en volumen, simplemente la economía ha crecido un poco más rápido que la deuda, aunque sin la ayuda de la inflación que antes maquillaba las cifras.

La narrativa del endeudamiento virtuoso

Para sostener esta ilusión, el Estado ha desarrollado un lenguaje que transforma la obligación en virtud. La deuda nunca se presenta como lo que es -un compromiso de pago- sino como «inversión en el futuro», «apalancamiento responsable», «estímulo necesario», «herramienta anticíclica».

El ciudadano, rodeado de expresiones como estas, acaba aceptando la deuda como si fuera una forma de modernización inevitable. El lenguaje, una vez más, actúa como anestesia fiscal.

El ciudadano satisfecho... por ahora

La deuda pública produce un efecto político inmediato: permite aumentar el gasto sin aumentar la resistencia ciudadana. El ciudadano recibe prestaciones, infraestructuras, subsidios o rebajas fiscales sin percibir el sacrificio correspondiente. Y como la factura no llega hoy, la adhesión al Estado crece.

Pero toda ilusión tiene un límite. Cuando la deuda se acumula, el Estado recurre a nuevos mecanismos de ilusión: inflación, impuestos indirectos, recortes disfrazados de reformas. La ilusión inicial se convierte en una cadena de ilusiones sucesivas.

La reforma constitucional: institucionalizar la ilusión

En las últimas décadas, algunos Estados han ido más allá: han modificado incluso su Constitución para gestionar –o más bien, para legitimar– el endeudamiento. Así lo hizo España. En 2011 estaba en plena crisis de deuda soberana, la UE exigía garantías de disciplina fiscal y era necesario «reforzar la confianza en la estabilidad económica». En la práctica, fue una reforma exprés del artículo 135 de la Constitución, pactada entre PSOE y PP, para tranquilizar a los mercados y a las instituciones europeas.

La reforma se presentó como un ejercicio de responsabilidad. Se proclamó que se introducían límites al déficit, reglas de estabilidad, compromisos de disciplina fiscal. Pero, como en toda buena magia, lo importante no es lo que se dice, sino lo que se oculta.

La reforma no limitó la capacidad del Estado para gastar: solo limitó la forma de financiarlo. El gasto puede seguir creciendo siempre que se acompañe de más impuestos, más recortes selectivos o la declaración de «circunstancias excepcionales». Es decir: no limita el poder estatal, solo lo reorganiza.

El artículo 135.3 establece que el pago de la deuda tiene prioridad absoluta sobre cualquier otra partida

Tampoco introdujo incentivos a la responsabilidad fiscal. No penaliza el gasto excesivo, no sanciona a los gobiernos que incumplen, no obliga a reducir estructuras estatales, no impide que se creen nuevas obligaciones de gasto.

Lo que sí hizo fue constitucionalizar el pago de la deuda, pero no el control del gasto. El artículo 135.3 establece que el pago de la deuda tiene prioridad absoluta sobre cualquier otra partida. No hay flexibilidad técnica ni política. Ahí no hay magia, solo obligación. Se protege al acreedor, pero no al contribuyente.

En definitiva, la reforma no elimina la ilusión: la institucionaliza. No reduce la deuda: la ordena. No impide el endeudamiento: lo regula para que pueda continuar sin sobresaltos.

La ilusión de la disciplina

Los defensores de la reforma aseguran que evitar el déficit estructural es una garantía de prudencia. Y, en teoría, así debería ser. Pero la política tiene una habilidad extraordinaria para convertir las normas en decorado.

El déficit estructural -ese que persiste incluso en tiempos de bonanza- es un concepto tan elástico que puede estirarse o encogerse según convenga. Basta ajustar el cálculo del PIB potencial o reinterpretar una previsión para que lo prohibido pase a ser permitido.

La Constitución dice que solo puede haber déficit estructural en «circunstancias excepcionales». Pero la excepcionalidad se ha convertido en un recurso casi rutinario. Basta ver la evolución de los decretos-ley: en la legislatura 1979–82 se aprobaron 17; en la de 2020–23 fueron 128. Lo extraordinario se ha vuelto ordinario.

Así, la prohibición del déficit estructural funciona más como un gesto que como un límite real. Se proclama solemnemente, se exhibe ante los mercados, se celebra en los discursos… y luego se interpreta con la flexibilidad de un acróbata fiscal.

Mientras tanto, la única parte de la reforma que funciona con precisión quirúrgica es la que establece que el pago de la deuda tiene prioridad absoluta. Esa sí es una regla sin excepciones. Esa sí es una obligación que no se difumina. Esa sí es una ilusión que se vuelve realidad.

La deuda como mecanismo de irresponsabilidad colectiva

La deuda pública diluye la responsabilidad porque reparte el coste entre quienes votan hoy y quienes no han nacido aún. Es una forma de fiscalidad sin protesta: nadie paga ahora, todos pagan después.

La reforma constitucional, lejos de corregir este fenómeno, lo perfecciona: convierte la irresponsabilidad en norma, la dilución en principio y el aplazamiento en política de Estado.

La sofisticación contemporánea

Hoy, la deuda pública ha alcanzado niveles que en otras épocas habrían parecido impensables. Los Estados modernos han descubierto que los mercados financieros, los bancos centrales y la ingeniería monetaria permiten prolongar la ilusión durante décadas.

El ciudadano contemporáneo vive rodeado de señales que refuerzan la ilusión: tipos de interés artificialmente bajos, compras masivas de deuda por parte de bancos centrales, discursos que presentan el endeudamiento como modernización, una cultura política que confunde gasto con bienestar y, cuando conviene, reformas constitucionales que prometen disciplina mientras facilitan continuidad.

Pagar sin pagar. Por qué es necesario desvelar la ilusión

No se escriben estas líneas para condenar la deuda pública en sí misma. En ocasiones, puede ser útil o incluso necesaria. Pero es necesario recordar que la deuda no elimina el coste: lo oculta. Y una sociedad que confunde ocultación con prosperidad se expone a errores graves.

La reforma constitucional no ha sido un antídoto contra la ilusión, sino parte de ella. La deuda es una ilusión poderosa, pero no es una ilusión inocente. Conviene mirarla de frente, sin eufemismos ni artificios, para que el ciudadano no confunda el crédito con la riqueza ni el aplazamiento con la solución.