La subgobernadora del Banco de España, Soledad Núñez, presenta el Informe de Inclusión Financiera
El Banco de España urge a que los inmigrantes irregulares puedan abrir una cuenta bancaria
Uno de los obstáculos que tienen es poder justificar el origen de los fondos, dado que al no poder cobrar por su trabajo por un medio regular no pueden justificar el origen
El Banco de España considera que hay que facilitar la apertura de cuentas de pago básica (CPB) o cuentas adaptadas a sus necesidades a la población inmigrante en situación irregular.
En su Informe de Inclusión Financiera de 2025, presentado este martes, el supervisor analiza los problemas de bancarización de los inmigrantes en situación irregular por las dificultades para abrir una cuenta.
El Banco de España señala que se ha identificado un riesgo de exclusión en la población inmigrante de reciente llegada, que podría estar aumentando en un contexto de elevada inmigración.
En este sentido, la subgobernadora del Banco de España, Soledad Núñez, ha dicho durante la presentación del informe a la prensa en Valladolid que «los elevados flujos de inmigración irregular en los últimos años apuntan a que se ha incrementado la magnitud del problema de exclusión financiera de este colectivo».
El supervisor bancario explica en el informe que la cuenta de pago básica fue concebida, en parte, como un instrumento de inclusión financiera, «pero no está cumpliendo este objetivo».
Según el informe, las CPB contribuyen sólo en una pequeña parte (menos del 10 %, si no se considera la reclasificación por una gran entidad de una cuenta de carácter social a CPB) a la cobertura de la bancarización de los inmigrantes en situación irregular y, «por lo tanto, no desempeñan el papel para el que estarían destinadas en la inclusión financiera de este colectivo».
Por ello, el Banco de España se muestra a favor de facilitar la apertura de CPB o cuentas adaptadas a las necesidades de la población inmigrante en situación irregular.
Según el Banco de España, en España se abren unas 25.000 CPB en promedio anual, cifra muy inferior al flujo de inmigrantes en situación irregular, cuyo número en España se estima entre 614.000 y 838.000 personas, y al inicio de 2025 no se llegaba a una por cada ocho inmigrantes irregulares.
Desde el año 2022 la cifra de CPB abiertas anualmente en España (en la que también están otros colectivos además de los inmigrantes irregulares) ha oscilado entre 15.000 y 33.000, y al finalizar 2023 permanecían abiertas 64.489, apenas el 0,1 % del total de cuentas de pago abiertas en España en ese año.
La cifra se disparó hasta las 422.903 a finales de 2024, debido a la citada reclasificación de una cuenta social a CPB por una entidad financiera y sin la cual la cifra de CPB se hubiera quedado en 82.903.
Normativa antiblanqueo
Según el Banco de España, los bancos muestran escasa disposición a abrir CPB y aplican las condiciones de apertura de este tipo de cuentas de modo restrictivo, aduciendo como principal razón la normativa antiblanqueo, que expondría a las entidades a riesgos de sanciones y reputacionales.
En España, todas las entidades de crédito autorizadas están obligadas a ofrecer CPB y pueden abrirlas potenciales clientes que residan legalmente en la UE aunque no tengan domicilio fijo, sean solicitantes de asilo o que no tengan un permiso de residencia pero cuya expulsión sea imposible por razones jurídicas o de hecho, condición ésta «difícilmente verificable».
Las entidades de crédito pueden denegar abrirlas sólo porque el cliente no aporte la información requerida en función del nivel de riesgo de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo, que su apertura sea contraria a los intereses de la seguridad nacional y que el cliente sea ya titular en España de una cuenta bancaria.
Uno de los obstáculos que tienen los inmigrantes irregulares es poder justificar el origen de los fondos con que quieren abrir una cuenta, dado que al no poder cobrar por su trabajo por un medio regular no pueden justificar el origen.
La comisión de las cuentas CPB es de 3 euros mensuales con carácter general y gratis para personas en situación de vulnerabilidad o en riesgo de exclusión financiera.
El informe también analiza los comportamientos financieros de la población inmigrante en general, que difieren poco de la de la nacida en España, a partir de los datos de la última Encuesta de Competencias Financieras, que es de 2021.
La proporción de población inmigrante que tenía en esa fecha cuenta corriente era de un 93,3 %, frente al 98,7 % de los nacidos en España.
La tenencia de vehículos de ahorro (cuentas de ahorro, planes de pensiones, fondos de inversión, acciones, activos de renta fija o criptoactivos) era 19 puntos porcentuales menos que entre los nativos (22,1 %, frente al 40,7 %), y lo mismo sucede con las tarjetas de crédito (15 puntos porcentuales menos) y las hipotecas (12 puntos menos, siendo del 18,9 % en los inmigrantes frente al 30,9 % en los nacidos en España).
El envío de remesas a familiares es mucho mayor en los inmigrantes, del 18,3 % frente al 0,9 % en los nativos.
Los inmigrantes se financian más con crédito informal, que incluye a amigos o empleadores, y son más reacios a pedir un crédito al banco por considerar que no se lo concederán (6,2 % frente al 2,4 % de los nativos).
De hecho, en la Encuesta de Competencias Financieras un 12,1 % de los inmigrantes declaraban que les habían rechazado su solicitud, frente a sólo el 4,2 % de los nativos.
