La ilusión procesal y su coste económico: cuando la demora se disfraza de acuerdo

En ocasiones, el poder no necesita ocultar un impuesto para generar una ilusión. Le basta con ocultar un retraso. La justicia, por ejemplo, es un terreno fértil para este tipo de artificios: basta con presentar una demora como un procedimiento, una obligación como una oportunidad, una carga como un beneficio. Así nacen los llamados MASC, esos «medios adecuados de solución de controversias» que, según se nos dice, buscan aliviar la carga de los tribunales.

Estos MASC se presentan como vías previas al juicio, obligatorias, destinadas a fomentar el acuerdo entre las partes. En teoría, buscan que los ciudadanos resuelvan sus diferencias mediante la negociación, la mediación o la conciliación, evitando así la saturación de los tribunales. En la práctica, sin embargo, funcionan como un filtro obligatorio: antes de acudir al juez, el ciudadano debe demostrar que ha intentado un entendimiento que, en muchos casos, ya había explorado por su cuenta. Lo que se anuncia como una alternativa voluntaria se convierte, por obra de la ley, en un requisito más para acceder a la justicia.

La intención declarada es noble: evitar el colapso judicial. La realidad, como suele ocurrir, es más prosaica, pues el resultado es cargar sobre el ciudadano lo que en origen es un fallo estructural del propio sistema. Cuando un sistema no puede ofrecer justicia en tiempo razonable, inventa un trámite previo que permita ganar tiempo sin reconocer la demora. Es una ilusión procesal: el problema no desaparece, pero se vuelve menos visible.

La intención declarada es noble: evitar el colapso judicial. La realidad, como suele ocurrir, es más prosaica

No deja de ser revelador que, antes de la entrada en vigor de los MASC, aumentara el número de demandas. Los ciudadanos –o más bien sus abogados– comprendieron que el nuevo requisito no aceleraría nada; simplemente interpondría un velo más entre el conflicto y su resolución. Y cuando uno sabe que la justicia tarda años, cualquier trámite adicional es una forma de agravar la espera.

La economía, por cierto, entiende muy bien estas ficciones. Los mercados no necesitan certezas absolutas, pero sí un mínimo de previsibilidad. La seguridad jurídica es, en ese sentido, el equivalente institucional de la confianza en una moneda: no garantiza riqueza, pero evita el empobrecimiento. Cuando el Estado introduce demoras disfrazadas de procedimientos, altera ese delicado equilibrio. La incertidumbre procesal funciona como un impuesto encubierto sobre la actividad económica: encarece las transacciones, desincentiva la inversión y premia al incumplidor profesional, que convierte la lentitud judicial en un activo estratégico. Allí donde la justicia se dilata, el riesgo se capitaliza; y donde el riesgo se capitaliza, la economía se contrae.

Se omite, por supuesto, un detalle esencial: los abogados llevan décadas intentando evitar el juicio. No por comodidad, sino por realismo. Saben que un pleito es una travesía incierta, larga y costosa, donde la victoria puede llegar cuando ya no sirve de nada. La conciliación, la negociación, el acuerdo… todo eso ya existía, y se practicaba con frecuencia. No hacía falta legislarlo; hacía falta hacer funcionar los tribunales.

Pero hay algo más profundo que rara vez se menciona. Una parte significativa de los pleitos no nace del conflicto, sino de la mala fe. De quien sabe que el sistema es lento y se aprovecha de ello. De quien incumple porque puede, porque la sanción llegará tarde o no llegará. Es lo que podríamos llamar un perfil pasivo agrediente: no actúa, no cumple, no responde… y se beneficia de que el tiempo juegue a su favor.

Para este tipo de actor, los MASC son un regalo. Un trámite más, una demora más, una doble oportunidad para prolongar la injusticia mientras se sustancie el trámite y cuando este se lleve a cabo, introduciendo otra posibilidad de enmarañar el litigio sobre el cumplimiento o no del requisito. Para el litigante en situación pasivo agrediente la justicia diferida es justicia anulada.

El poder, por su parte, presenta los MASC como un avance. Habla de diálogo, de cultura del acuerdo, de desjudicialización. Es un lenguaje amable, casi terapéutico, que oculta la realidad: cuando un sistema no funciona, añadir un paso previo no lo mejora; lo disimula.

La ilusión procesal deja de ser un artificio

No es casual que el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid haya advertido que los MASC, tal como han sido diseñados, operan como un auténtico «peaje» de acceso a la jurisdicción. Según el ICAM, el requisito previo no solo no aligera la carga judicial, sino que desplaza el conflicto hacia un terreno puramente formal: acreditar qué se negoció, cómo se negoció y con qué documentos, generando más litigiosidad, más inseguridad jurídica y más retrasos. La institución alerta, además, de que esta barrera afecta con especial gravedad a los colectivos vulnerables y a los procedimientos de familia, donde el tiempo no es un parámetro técnico, sino un factor de daño real. Cuando incluso quienes sostienen diariamente el sistema judicial advierten que la reforma dificulta, en lugar de facilitar, el acceso al juez, la ilusión procesal deja de ser un artificio y se convierte en un problema constitucional en tanto se dificulta u obstaculiza el acceso a una resolución judicial sobre el fondo, vulnerándose con ello el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24 CE).

La ilusión financiera consiste en hacer creer que un coste no existe. La ilusión procesal consiste en hacer creer que una demora es un procedimiento. Ambas comparten un mismo propósito: que el ciudadano acepte como normal lo que no debería serlo.

La justicia, para ser tal, debe ser accesible, comprensible y rápida. Cuando deja de serlo, no se repara con mecanismos alternativos, sino con voluntad política, recursos y responsabilidad institucional. Mientras eso no ocurra, los MASC serán lo que son: un modo de ganar tiempo a costa de hacérselo perder al demandante de buena fe, no un modo de hacer justicia. Y esa demora, lejos de ser neutra, traslada a todos –ciudadanos, empresas y organizaciones– un coste económico inaceptable: el coste de operar en un sistema donde la injusticia no solo se sufre, sino que además se financia.