El subsidio para mayores de 52 años, una prejubilación financiada por el Estado que desincentiva la vuelta al trabajo

Concebido como un mecanismo para proteger a uno de los colectivos con mayores dificultades para acceder a un empleo, el subsidio para mayores de 52 años permite cobrar una prestación y seguir cotizando para la jubilación hasta alcanzar la edad ordinaria de retiro. Sin embargo, su diseño está siendo cuestionado por diversos expertos, que advierten de que, en la práctica, puede funcionar como una prejubilación financiada por el Estado y desincentivar la vuelta al mercado laboral.

La medida fue aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez en marzo de 2019, apenas un mes antes de las elecciones generales del 28 de abril, en el contexto de los denominados «viernes sociales» del Ejecutivo durante esa legislatura. La reforma rebajó la edad de acceso al subsidio de los 55 a los 52 años, eliminó el requisito de rentas familiares y elevó la base de cotización asociada a la prestación desde el 100 % hasta el 125 % de la base mínima vigente.

Como las Cortes ya estaban disueltas, la norma fue convalidada el 3 de abril por la Diputación Permanente del Congreso y no por el Pleno ordinario de la Cámara. Finalmente, salió adelante con el apoyo de los partidos de izquierda y la abstención de las principales fuerzas de la oposición.

En 2024, Yolanda Díaz reformó nuevamente el sistema de subsidios por desempleo, ampliando la protección para determinados colectivos y mejorando algunas cuantías, aunque mantuvo intactas las mejoras introducidas en 2019 para el subsidio de mayores de 52 años.

El resultado es una prestación singular. Mientras percibe la ayuda, el beneficiario no solo recibe una renta mensual, sino que continúa acumulando derechos para su futura jubilación gracias a las cotizaciones que realiza el SEPE en su nombre. Esta característica es precisamente la que ha levantado la polémica sobre sus efectos en el mercado laboral y su coste para las cuentas públicas.

Prejubilación financiada por el Estado

Según advierte Fedea en su último informe, el subsidio para mayores de 52 años ha ido adquiriendo características que lo alejan de una prestación asistencial convencional. Los autores sostienen que las sucesivas reformas han transformado la ayuda en «una figura híbrida, a medio camino entre una renta de sustitución y una prestación de carácter previsional, al incidir significativamente sobre la pensión futura del beneficiario».

El motivo es que la prestación no solo garantiza una renta hasta la edad ordinaria de jubilación, sino que además mantiene las cotizaciones a la Seguridad Social a cargo del Estado durante todo el periodo de percepción. Según advierte el estudio, este esquema «reduce los incentivos a la reincorporación al mercado laboral (especialmente en empleos de baja remuneración o a tiempo parcial) e implica un coste adicional no menor para la sociedad española».

Para los autores, la combinación de prestación económica, cotizaciones a cargo del Estado y percepción prolongada hasta la jubilación hace de este subsidio un puente entre el paro y el retiro. En la práctica, una suerte de prejubilación financiada por el Estado.

Casi 18.000 millones de coste adicional

Y no precisamente barata, además. Fedea calcula que la reforma del Gobierno supondrá un coste adicional de 17.935 millones de euros entre 2019 y 2030. De esa cantidad, 9.456 millones corresponden al aumento de las futuras obligaciones en pensiones derivadas de las cotizaciones realizadas durante la percepción del subsidio, mientras que otros 8.479 millones proceden de las cotizaciones sociales que la Seguridad Social dejaría de recaudar bajo el escenario utilizado por los autores.

El informe estima también que la reforma añadirá progresivamente más de 315.000 beneficiarios respecto al escenario anterior, elevando el número total de perceptores por encima de las 529.000 personas al final de la década. Solo el pago directo de las prestaciones supondría un gasto anual cercano a los 1.818 millones de euros en 2030, medidos en euros constantes de 2025.

Solo un 8,9 % vuelve a trabajar

El Banco de España coincide con el diagnóstico de la institución que dirige Ángel de la Fuente. En su último Informe Anual, el supervisor revela que tan solo un 8,9 % de los beneficiarios por este subsidio consiguió volver a trabajar al menos un día en un año – frente al 29,9 % en las prestaciones contributivas– y lo relaciona con al diseño de la ayuda.

Este organismo advierte de que «una parte relevante del desincentivo a la reincorporación al empleo que genera el subsidio de desempleo para mayores de 52 años estaría asociado a la sobrecotización que conlleva esta prestación». Es decir, al mantener cotizaciones para la futura jubilación durante todo el periodo de percepción de la ayuda, el subsidio puede reducir los incentivos para aceptar determinadas ofertas de empleo. Según el Banco de España, este efecto explicaría en parte las menores tasas de reincorporación laboral observadas entre los beneficiarios de esta prestación.