La reforma del subsidio de mayores de 52 años podría costar 18.000 millones extra a la Seguridad Social

Lo que nació como una red de seguridad para trabajadores con especiales dificultades de reinserción laboral se ha convertido en uno de los grandes lastres del sistema. La reforma aprobada en 2019 amplió el acceso al subsidio para mayores de 52 años, flexibilizó los requisitos de entrada y elevó la cotización asociada a esta prestación. Siete años después, un informe de Fedea calcula que aquel cambio normativo podría generar un coste adicional de hasta 17.935 millones de euros para la Seguridad Social entre 2019 y 2030.

Mientras cobra este subsidio, el desempleado no solo recibe una ayuda económica, sino que el Estado también cotiza por él para su futura pensión. A ello se suma que la Seguridad Social deja de ingresar las cuotas que habría percibido si parte de estos trabajadores hubiera seguido ocupada.

El primer componente del coste, estimado en 9.456 millones de euros, tiene que ver con las futuras pensiones. Mientras cobra el subsidio, el beneficiario no solo recibe una ayuda económica, sino que sigue acumulando años de cotización para su jubilación. Además, esas cotizaciones las paga el SEPE, lo que incrementa las obligaciones futuras del sistema.

Según recuerda Fedea, la reforma de 2019 elevó la base de cotización desde el 100 % hasta el 125 % del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), lo que incrementa la base reguladora utilizada posteriormente para calcular la pensión. Los autores estiman que este cambio supone una mejora del 4,72 % en la pensión inicial de los beneficiarios respecto al escenario previo a la reforma.

El segundo bloque de la factura, cifrado en 8.479 millones de euros, corresponde a ingresos que la Seguridad Social dejaría de percibir. Fedea parte de la hipótesis de que una parte de los beneficiarios podría haber seguido trabajando y cotizando con un salario equivalente al SMI. De haber sido así, esas cuotas habrían seguido entrando en las arcas del sistema.

Sumando este efecto al aumento de las futuras obligaciones en pensiones, el coste adicional estimado de la reforma alcanza los 17.935 millones de euros.

Subsidio cercano a la jubilación

Más allá de su coste para las cuentas públicas, el subsidio se ha convertido en una de las principales prestaciones asistenciales del sistema. La reforma de 2019 redujo la edad de acceso de 55 a 52 años, eliminó el criterio de renta familiar para sustituirlo por una evaluación individual y permitió mantener la ayuda hasta alcanzar la edad ordinaria de jubilación.

Como resultado, el subsidio ha ganado peso dentro del sistema de protección por desempleo. Los autores estiman que la reforma añadirá progresivamente nuevos beneficiarios hasta alcanzar 315.718 perceptores adicionales en 2030 respecto al escenario sin cambios normativos. De cumplirse esta proyección, el número total de beneficiarios superará las 529.000 personas al final de la década.

Más gasto para el SEPE

El impacto también se deja sentir en las cuentas del SEPE. Según los cálculos de Fedea, el mayor número de beneficiarios elevará el gasto anual asociado al subsidio hasta 1.818 millones de euros en 2030 por el creciente peso de trabajadores mayores.

Los mayores de 50 años representan ya el 30,3 % de los desempleados, frente al 12,6 % que suponían en 2005. Sin embargo, su peso dentro del sistema de prestaciones es todavía mayor, ya que concentran el 51,8 % de todos los perceptores de ayudas por desempleo en España.