El Estado congeló durante diez años las ayudas por catástrofes pese al aumento de los desastres naturales

En las cuentas públicas españolas existe una brecha cada vez mayor entre el coste real de las catástrofes naturales y los recursos que inicialmente se consignan para hacerles frente. Mientras fenómenos como inundaciones, incendios, sequías o temporales han obligado al Estado a movilizar miles de millones de euros durante las últimas dos décadas, la principal partida presupuestaria destinada a ayudas por emergencias permaneció prácticamente congelada durante diez años.

Así lo revela la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) en su última Opinión sobre Riesgos Fiscales, donde alerta de un problema persistente de infrapresupuestación en la cobertura de los riesgos ambientales. El dato más llamativo se encuentra en el programa de Protección Civil, encargado de canalizar ayudas y subvenciones a familias, empresas y administraciones afectadas por catástrofes naturales.

Según señala el organismo, «en términos corrientes el importe de los créditos iniciales se mantuvo totalmente fijo entre 2015 y 2024, en 434.500 euros». Sin embargo, la realidad presupuestaria fue muy distinta. La AIReF destaca que «los créditos definitivos fueron sistemáticamente muy superiores», reflejando que las necesidades de gasto terminaron desbordando año tras año las previsiones iniciales.

Excluyendo la pandemia de coronavirus, los fenómenos climatológicos, hidrológicos, meteorológicos y geofísicos generaron un impacto presupuestario de 29.035 millones de euros a precios de 2023 entre 2005 y 2025.

El organismo considera que la creciente frecuencia e intensidad de estos episodios obliga a replantear la forma en que se incorporan los riesgos ambientales a la planificación presupuestaria. La infradotación inicial de determinadas partidas obliga posteriormente a recurrir a ampliaciones de crédito, transferencias presupuestarias y otros mecanismos extraordinarios para atender los daños provocados por las catástrofes.

El ejemplo de la dana

La dana que golpeó Valencia en octubre de 2024 constituye el ejemplo más reciente de esta presión sobre las cuentas públicas. La AIReF estima que el impacto para la Administración Central superó los 10.200 millones de euros, una cifra equivalente a aproximadamente seis décimas de PIB.

Hasta ahora, una parte importante de la factura económica de los desastres naturales ha sido absorbida por el Consorcio de Compensación de Seguros (CCS). Entre 2005 y 2024, esta entidad pública desembolsó 12.757 millones de euros en indemnizaciones relacionadas con riesgos hidrológicos, meteorológicos y geofísicos.

No obstante, la magnitud de la dana también tuvo un fuerte impacto sobre el propio Consorcio. Según recoge la AIReF, el excedente neto de su actividad fue negativo en 3.769,8 millones de euros durante 2024, provocando una significativa reducción de su reserva técnica de estabilidad, pasando de los 9.939,8 millones de euros en 2023 a los 7.115,1 millones de euros en 2024.

Ante este escenario, la Autoridad Fiscal reclama reforzar la integración de los riesgos ambientales en la planificación presupuestaria y mejorar la información disponible sobre su impacto potencial. El objetivo, advierte la institución, es evitar que fenómenos cada vez más frecuentes y costosos sigan generando desviaciones presupuestarias de gran magnitud y aumenten la vulnerabilidad de las cuentas públicas ante futuras emergencias.