Así se rescató Plus Ultra y así se filtró la decisión

Zapatero dijo en su apañada entrevista televisiva que nunca medió en el rescate de Plus Ultra: «No hablé con nadie, ni de la SEPI ni del Gobierno por este tema». Pero ya no hay dudas sobre el papel que jugó el expresidente del Gobierno. Solo quedan por conocer dos temas: la pasta que se llevó, y cómo se produjo la filtración desde el Gobierno del rescate. Vamos con ello.

Pero antes, otras dos cuestiones previas. El Gobierno rescató Plus Ultra con una estructura de control accionarial falseada. Así lo dijo ante el juez el presidente de la aerolínea, Julio Martínez Sola, que también confesó que el «control efectivo» lo tenía el venezolano Rodolfo Reyes: un 64 %. Recordemos que la SEPI validó el rescate con la premisa de que el control de la empresa estaba en manos españolas. Martínez Sola, entonces vicepresidente, desvela así un dato clave que desmonta la legalidad de la ayuda estatal concedida por el Gobierno hace cinco años. Y la desmonta porque la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) sólo considera aerolíneas españolas a aquellas en las que «más del 50 % de la propiedad de la compañía, así como su control efectivo, esté en manos de los Estados miembros o de sus nacionales». Es decir, que Plus Ultra no tenía derecho a acceder al rescate del Estado de 53 millones de euros.

El Gobierno rescató Plus Ultra con una estructura de control accionarial falseada

María Jesús Montero, entonces ministra de Hacienda, justificó la ayuda estatal porque Rodolfo Reyes era sólo el «representante» de una sociedad española llamada Snip Aviation, en la que «la socia mayoritaria y propietaria era Aurora López, esposa de Rodolfo y de nacionalidad española». Pero Martínez Sola vuelve a cargarse esta argumentación al recordar que Snip Aviation en 2021 -según dijeron a la propia SEPI- no era dueña del 64 % del capital de Plus Ultra, sino sólo del 45,33 %. Mala jugada, Montero.

El caso es que, en la Audiencia Nacional, tanto el magistrado José Luis Calama como la fiscal Anticorrupción Elena Lorente, han valorado de forma muy positiva la confesión y escritos de Julio Martínez Martínez -alias Julito y testaferro de Zapatero-; de Julio Martínez Sola, y del director financiero de la compañía, Roberto Roselli, por considerarlas un «gran avance» en las investigaciones. Ya solo falta saber sobre quién influyó el expresidente dentro de la SEPI o del Gobierno de Pedro Sánchez.

Y vamos con la pasta. Tanto el empresario Julito como Julio Martínez Sola y Roberto Roselli han confirmado el pago de una mordida de 530.000 euros; habiendo explicado el presunto testaferro de Zapatero ante el juez que fue el expresidente quien decidió que se desglosaran los pagos para cobrar la comisión ilegal tras la publicación de las primeras informaciones periodísticas que cuestionaban el rescate. El pago se desglosó en pagos a distintas empresas controladas por Julito, «abonándose 249.000 euros a Análisis Relevante, 98.617,53 euros a Voli Analítica SL; y 110.799,47 a IOT Domotic Europe SL». Todo un entramado comisionista.

Martínez Sola y Roselli también aclararon que, «aunque el señor Martínez Martínez (Julito) tenía la pretensión inicial de recibir el líquido completo hasta completar los 530.000 euros comprometidos, aceptó que entre los abonos quedara comprendido un pago en especie valorado en 69.000 euros y consistente en billetes de clase business que Plus Ultra fue poniendo a disposición de Zapatero durante los años 2021 y siguientes». Vamos: que lo tienen todo documentado y bien documentado. Al menos por parte de Plus Ultra.

Pero hay algo más en la declaración de Julito. No solo admitió que tras toda la actividad de Análisis Relevante estaba Zapatero, sino que, los tres investigados han confirmado los mensajes del móvil del ex accionista de Plus Ultra, Rodolfo Reyes, que la defensa de Zapatero pretendía desmontar.

Si no fue Aagesen quien filtró el ok al rescate, tuvo que ser Montero, presuntamente

Y por si éramos pocos, parió la abuela. Un cuarto imputado por el llamado caso Gaslow, germen de la corrupción en Hidrocarburos, ha declarado por escrito al juez Santiago Pedraz, magistrado de la Audiencia Nacional, que la comisión por el rescate de Plus Ultra ascendió al 20 %. Este cuarto arrepentido, el empresario asturiano José Luis Caramés, ha remitido al juez varias informaciones más sobre causas judiciales que acorralan al PSOE. Es decir, que de 530.000 euros de mordida pasaríamos a 10.600.000 para Zapatero. Y con varios juzgados en el ajo.

Y vamos con la segunda pregunta: ¿quién filtró a Zapatero el ok con el rescate? José Luis Ábalos ya contó -y lo recordaba con sorpresa- que el rescate de Plus Ultra se lo dieron hecho en el Consejo de Ministros, llamadas y entrevistas incluidas con Zapatero. Como nada tenía que ver con su condena por el Caso mascarillas, no hay que poner en duda que formara parte de su defensa. Pero remite necesariamente a una decisión que estaba por encima de sus competencias de ministro.

Empecemos por la fecha. La filtración se produjo el 26 de febrero de 2021 después de comer. Según Julio Martínez Julito, ese día José Luis Rodríguez Zapatero le comunicó que «la SEPI iba a conceder el crédito a Plus Ultra». Martínez informó «inmediatamente», a los dueños venezolanos de Plus Ultra que el rescate ya estaba desbloqueado. Martínez informó también de que, previamente, el 2 de marzo, se aprobaría el rescate en el llamado Consejo Gestor del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (Fasee), del que formaban parte varios altos cargos del Gobierno, incluida la vicepresidenta Sara Aagesen, y también otros miembros de la SEPI.

La actual vicepresidenta tercera declaró este jueves a la Cadena Ser que esta filtración «nunca debió ocurrir. La información tenía que quedar centrada no solo en el Consejo Gestor, sino en los equipos de la SEPI sin ningún tipo de filtraciones. Esto nunca debió ocurrir, pero ocurrió según la información que hemos podido saber».

Las declaraciones de Aagesen suponen dos cosas. Una: que la versión del Gobierno de que todo fue correcto hace aguas. Y dos: que le permite a la ministra dar a entender que ella no participó en la filtración a la trama. Y si ella no fue… verde y con asas… tuvo que ser María Jesús Montero, no solo la encargada de llevar la operación al Consejo de Ministros, sino también de filtrarla. Presuntamente, eso también.

Y acabemos. Decía Zapatero: «No intervine en nada de la tramitación. No lo supe». ¿Y alguien cree que Julito, un empresario inmobiliario y del calzado de Alicante, tenía capacidad para conocer la decisión del Consejo? Él mismo lo niega, pero al reconocer que Plus Ultra había contratado a la consultora Análisis Relevante de Zapatero, deja claro por dónde tuvo que llegar la información.

La versión de Zapatero de que él y sus hijas cobraban de la consultora sin hacer nada para Plus Ultra cada vez parece más endeble. Y cada vez todo está más claro.