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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (d), y el vicepresidente y ministro de Economía, Carlos CuerpoEuropa Press

La inestabilidad del Gobierno deja a España sin otros 1.250 millones de euros de los fondos de recuperación

La aplicación de los tipos reducidos del IVA y determinadas exenciones tributarias requiere una modificación legal que tendría que ser aprobada por el Congreso de los Diputados, donde el Ejecutivo no tiene garantizados los apoyos

El Gobierno de España ha rechazado otros 1.257 millones de euros en créditos correspondientes a los fondos de recuperación procedentes de la Unión Europea (UE).

Así lo evidencia el documento publicado por la Comisión Europea, que indica que en su última revisión, España cifra en 21.500 millones los créditos utilizados, 1.257 millones menos de lo esperado.

Según indica el texto, esta negativa se habría producido por la falta de demanda de las empresas en los programas de digitalización, construcción de viviendas sociales y desarrollo de coches eléctricos.

La Comisión Europea explica que el Gobierno español pidió el pasado 11 de julio una nueva modificación del Plan de Recuperación ante la imposibilidad de completar determinadas actuaciones dentro de los plazos previstos. La ejecución de los fondos concluye el próximo 31 de agosto, una fecha que ha llevado al Ejecutivo a plantear cambios en aquellas medidas que considera que ya no pueden alcanzarse en los términos inicialmente comprometidos.

La revisión afecta, en conjunto, a 96 medidas incluidas en el Plan. Bruselas señala diferentes razones para justificar estos cambios, entre ellas el impacto de la inflación, la falta de demanda registrada en algunas actuaciones y la intención de reducir la carga administrativa vinculada a su ejecución. De este modo, la adenda introduce modificaciones en un número amplio de compromisos, aunque únicamente contempla la eliminación de un hito.

Ese único hito que desaparece corresponde a la reforma de los beneficios fiscales que España se había comprometido a acometer. La medida incluía los tipos reducidos del IVA y determinadas exenciones tributarias y tenía como objetivo incrementar la recaudación. La Comisión Europea explica que su aplicación requiere una modificación legal que tendría que ser aprobada por el Congreso de los Diputados, donde la inestabilidad del Gobierno ha sido clave para su rechazo final, ya que el Ejecutivo no tiene garantizados los apoyos necesarios para sacarla adelante.

La adenda definitiva del Plan de Recuperación contempla asimismo una reducción del nivel de ejecución previsto para otras 30 medidas. Entre ellas figuran actuaciones relacionadas con la vivienda social eficiente, la digitalización, el Fondo de Resiliencia Autonómico, las ayudas destinadas a estudiantes y los proyectos vinculados a la descarbonización industrial. En estos casos no se produce una supresión de las medidas, sino una rebaja de los objetivos de ejecución inicialmente establecidos.

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, se refirió a las consecuencias económicas de esta última revisión del Plan. Según destacó, con la nueva adenda el país «mantiene el acceso a 80.000 millones de euros en transferencias, el 100%», una disponibilidad de fondos que, según añadió, permitirá «el máximo aprovechamiento de los recursos».

La modificación sí afecta, en cambio, al volumen de préstamos. La cantidad correspondiente a esta parte del Plan se reduce hasta los 21.448 millones de euros debido a que España ha decidido no volver a utilizar los recursos que han quedado liberados. Por tanto, mientras se conserva íntegramente el acceso a los 80.000 millones en transferencias mencionado por Cuerpo, disminuye la cuantía prevista en forma de préstamos.

Esta última modificación llega después de que, a comienzos de julio, la Comisión Europea aprobara solo parcialmente el sexto pago de los fondos Next Generation solicitado por España. El país recibió entonces 5.700 millones de euros de los 6.500 millones que había solicitado, debido a que el Gobierno no había conseguido cumplir dentro del plazo establecido algunos de los hitos comprometidos.

En paralelo, Bruselas dio también su visto bueno al desembolso relacionado con los compromisos del quinto tramo que todavía estaban pendientes. En concreto, se aprobaron 25 millones de euros correspondientes a la digitalización de las entidades regionales y locales, además de otros 277 millones asociados a la fiscalidad. De este modo, la nueva adenda afronta la fase final del Plan de Recuperación con cambios en 96 medidas, una reducción del grado de ejecución de treinta actuaciones y la eliminación de un único hito, mientras se mantiene el acceso a la totalidad de las transferencias señaladas por el ministro de Economía.