Volantazo del gobierno con Almaraz: una rectificación ante el riesgo de un nuevo apagón

El Gobierno ha decidido que los dos reactores de la central nuclear de Almaraz sigan funcionando hasta junio de 2030. Donde antes había una fecha de cierre –noviembre de 2027 para el primer reactor y octubre de 2028 para el segundo– ahora hay una prórroga. Es un claro volantazo. Por mucho que el Ejecutivo trate de presentarlo como un ajuste coyuntural, que no modifica el calendario nuclear. Y constituye una buena decisión. En política, rectificar a tiempo es mejor que perseverar en el error.

La razón oficial de la prórroga es el encarecimiento de los combustibles fósiles, sobre todo el gas. Pero hay más. España necesita electricidad abundante, estable, competitiva y sin emisiones. Almaraz reúne esas cuatro condiciones. Sus reactores aportan el 7 % de la electricidad nacional, y pueden producir durante las veinticuatro horas del día. Con independencia de que llueva, haya viento o brille el sol. Cerrar una instalación segura, antes de disponer de una alternativa, no habría sido transición energética. Habría sido imprudencia.

Ninguna central eléctrica, por sí sola, garantiza que jamás haya un apagón. El sistema eléctrico es una red compleja y un apagón puede obedecer a múltiples fallos. Pero de ahí no se deduce que todas las tecnologías aporten lo mismo. La nuclear ofrece potencia firme y contribuye a mantener estable la frecuencia de la red. En un sistema con una presencia creciente de fuentes variables, las cualidades de las nucleares tienen un valor que no aparece siempre en la factura de la luz, pero que se vuelve más evidente cuando la red sufre una perturbación. Mantener Almaraz no blinda España contra cualquier incidente; pero sí reduce los riesgos.

La nuclear no es enemiga de las renovables. Esa oposición es una construcción ideológica. España debe seguir desplegando energía solar y eólica, aprovechar mejor la hidráulica, invertir en redes, reforzar las interconexiones y multiplicar el almacenamiento. Pero las baterías de almacenamiento y el bombeo nocturno todavía no permiten guardar durante días toda la electricidad que el país necesitaría cuando no hay sol ni viento suficiente. Mientras esa capacidad no esté disponible, retirar generación nuclear significa sustituirla por centrales de gas. Es decir, importar más combustible, emitir más CO₂ y quedar más expuestos a las crisis geopolíticas.

Las ideologías de izquierdas

Por eso resulta llamativa la reacción de Sumar y Podemos. Sumar denuncia una ruptura del acuerdo de coalición; Podemos dice que se trata de una cesión al poder de las eléctricas. Pero una política energética no puede diseñarse para satisfacer una ideología. Debe responder a hechos físicos y económicos. La electricidad tiene que producirse exactamente cuando se consume. La estabilidad de una red no se mantiene con consignas políticas.

También está el coste territorial. Almaraz sostiene alrededor de 3.000 empleos directos e indirectos. Es el principal motor económico de una comarca de la España vaciada. Clausurarla sin una alternativa industrial real habría supuesto destruir empleo cualificado, ingresos municipales, tejido empresarial y conocimiento tecnológico. Prometer una futura reconversión no compensa el cierre inmediato de una actividad productiva que funciona y fija población.

La prórroga se queda corta si se contempla como una excepción vergonzante. España mantiene cinco centrales nucleares en funcionamiento –Almaraz, Ascó, Cofrentes, Vandellós II y Trillo– con siete reactores que generan una quinta parte de la electricidad del país y una cuarta parte de la producción eléctrica sin emisiones. El calendario actual prevé apagarlos progresivamente hasta 2035. Cumplirlo de manera automática, sin comprobar antes que existe capacidad de almacenamiento, redes, interconexiones y potencia firme suficientes, sería convertir una previsión administrativa en un dogma.

El mundo fomenta la nuclear

Francia, Estados Unidos, Reino Unido, Polonia, Corea del Sur e India apuestan por prolongar centrales nucleares o desarrollar nueva capacidad. Las grandes tecnológicas buscan energía nuclear, pues los centros de datos y la inteligencia artificial necesitan enormes cantidades de electricidad constante y baja en carbono. Mientras otros países se preparan para una demanda eléctrica creciente, España no debería destruir activos estratégicos.

Almaraz ha obligado al Gobierno a reconocer la realidad. La transición energética no consiste en cambiar una fuente por otra con un calendario político. Renovables y nuclear no compiten, se complementan. La primera decisión sensata ha sido mantener Almaraz. La siguiente debería ser revisar, reactor por reactor, y, con criterios técnicos, tomar decisiones. En energía, el mayor riesgo no es rectificar. Es apagar primero y hacer las cuentas después.