El Gobierno evidencia su enésimo desencuentro entre Sumar y el PSOE a cuenta de Almaraz

El Código Penal de 1995 dejó de mencionar expresamente la «nocturnidad» –aprovechamiento de la noche y su oscuridad para cometer una acción– como un agravante de la pena. Esta circunstancia es la que el Gobierno de Pedro Sánchez ha empleado para prorrogar hasta 2030 el permiso de funcionamiento de la Central Nuclear de Almaraz.

Sin anuncio previo de ningún ministro, el Ejecutivo usó el Boletín Oficial del Estado del viernes 14 de agosto–un día antes de que se celebre la Asunción de la Virgen, festivo nacional– para dar a conocer su decisión de «otorgar a la entidad Centrales Nucleares Almaraz-Trillo, AIE, la renovación de la autorización de explotación de la Central Nuclear Almaraz, Unidades I y II».

Durante todo 2026, la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha defendido la «hoja de ruta» del cierre nuclear que el Gobierno de Sánchez firmó en 2019, y que implica que todos los reactores dejen de funcionar entre 2027 y 2035. No obstante, desde mediados de año ha proclamado, a medias tintas, que la única solicitud de prórroga que tenía «sobre la mesa» era la de Almaraz.

«Mi posición es que tenemos que llevar a cabo un análisis desde el rigor técnico, en favor de nuestros ciudadanos para que tengamos el cumplimiento de la triple condición de no tener que llevar a cabo medidas fiscales que lleven consigo un incremento del precio para los consumidores y la máxima seguridad tanto de suministro como radiológica», señaló de forma ambigua en una entrevista de mediados de julio tras ser preguntada por la continuidad de la central extremeña.

La airada reacción de Sumar

Sumar –el socio minoritario del Ejecutivo– cargó contra el PSOE por materializar la prórroga de Almaraz. Fuentes de la coalición izquierdista aseguraron que la medida «frena la transición energética e hipoteca a la ciudadanía», a la vez que avisaron a sus compañeros socialistas en el Consejo de Ministros que no pueden seguir «el camino de la derecha y la extrema derecha», que, según ellos, «niegan el cambio climático y quieren retrasar la transición energética lo más posible». «Es un camino irresponsable y antieconómico. Hay alternativas en marcha más baratas, más seguras y democráticas», añadieron.

Igualmente, el ministro de Cultura y portavoz magenta, Ernest Urtasun, acusó a Sánchez y su gabinete de haber «incumplido» el «acuerdo de gobierno del PSOE con Sumar» y de haber «cedido a las presiones del oligopolio energético en detrimento de la transición ecológica».

El político de Compromís y diputado de Sumar elevó aún más el tono y escribió en X: «Un 14 de agosto donde Iberdrola está un 53 %, Endesa 36 % y Naturgy 11 % más contentas y ricas mientras que la credibilidad ecologista de Pedro Sánchez es 0. Muy mala noticia, y de formas cobardes».

En este contexto, el líder de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, expresó que su formación no comparte «en absoluto» la decisión respecto a Almaraz, al mismo tiempo que aseveró que la medida es un «error» y una «incoherencia». De hecho, remarcó que «el mensaje que está dando la parte socialista del Gobierno es que las decisiones que se toman con carácter estratégico se pueden modificar».

Tras las críticas, la Moncloa negó que la decisión de Almaraz afectara a sus pactos con el partido fundado por Yolanda Díaz, y descartó una ruptura en el Gobierno. Además, destacaron que su socio de coalición estaba informado del tímido anuncio.