Durante ese periodo de desuso, varias personas okuparon ilegalmente el inmueble
Okupación
Un jubilado logra desalojar a los okupas de su casa y ahora Hacienda le exige 12.000 euros en impuestos
El origen de la disputa se remonta a un desacuerdo por una herencia familiar entre el jubilado y su hermana, copropietaria del inmueble
El proceso para recuperar una vivienda okupada ilegalmente suele convertirse en un calvario judicial y económico para los propietarios, quienes a menudo deben afrontar desperfectos en el inmueble y costes financieros imprevistos tras el desalojo.
El caso de Serge de Miras, un jubilado de 63 años residente en Anglet (País Vasco francés), evidencia las dificultades añadidas a las que se enfrentan los afectados, a quienes las autoridades tributarias continúan exigiendo obligaciones fiscales sobre propiedades a las que no han podido acceder.
El origen de la disputa se remonta a un desacuerdo por una herencia familiar entre el jubilado y su hermana, copropietaria del inmueble. Un fallo judicial dictaminó que De Miras debía abandonar la vivienda en 2016, pero el distanciamiento entre ambos herederos bloqueó la venta de la propiedad.
Durante ese periodo de desuso, varias personas okuparon ilegalmente el inmueble hasta que pudieron ser finalmente expulsadas. Al regresar a la vivienda, el propietario descubrió severos daños en la cubierta, el deterioro del interior con decenas de camas instaladas y la destrucción de una estructura de madera trasera, destrozos que achaca a una venganza por parte de los antiguos ocupantes.
Exigencias fiscales tras el desalojo
Pese a los daños sufridos y a la imposibilidad de disfrutar del inmueble durante años, la Administración le reclama aproximadamente 12.000 euros correspondientes a los tres últimos ejercicios de la tasa de vivienda habitual.
De Miras, que había contado con una bonificación fiscal hasta 2023, considera abusiva la reclamación al asegurar que se le exige pagar por una casa a la que no tenía acceso directo ni poseía las llaves.
Aunque atribuye los costes a la ocupación y a las disputas familiares, el jubilado ha anunciado su negativa a abonar la suma y descarta emprender nuevas denuncias debido al agotamiento acumulado tras años de litigios.
