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Imagen del centro de datos de Telefónica

Imagen de un centro de datosEl Debate

«Preocupación» en la industria de centros de datos por los nuevos límites del Gobierno: «Generan inseguridad»

La asociación Spain DC afirma que «España no puede permitirse convertirse, por decisión regulatoria, en uno de los mercados europeos más difíciles para desarrollar infraestructura digital»

Spain DC, asociación española de data centers, ha mostrado su «preocupación» ante el proyecto de real decreto por el que se regulan los requisitos de sostenibilidad energética, medioambiental y de resiliencia y soberanía digital aplicables a los centros de datos y ha advertido de que cualquier regulación debe ser «proporcionada, técnicamente viable y alineada con el marco europeo, evitando que nuevas exigencias puedan situar a España en desventaja frente a otros países comunitarios que compiten directamente por las mismas inversiones».

En una primera valoración, tras reunirse con el Gobierno, de la propuesta de real decreto, lanzada a audiencia pública hasta el próximo 4 de septiembre, la asociación, que subrayó que comparte los objetivos de sostenibilidad, eficiencia, soberanía digital y «de garantizar un crecimiento ordenado del sector», mostró su «preocupación» ante algunos de los planteamientos que se le han trasladado, y «prudencia» para conocer y analizar en detalle el texto antes de realizar una valoración definitiva.

No obstante, destacó que España tiene «una oportunidad extraordinaria» para consolidarse como uno de los grandes polos digitales de Europa, por lo que consideró que cualquier nuevo marco regulatorio «debe contribuir a aprovecharla, no ponerla en riesgo».

«España no puede permitirse convertirse, por decisión regulatoria, en uno de los mercados europeos más difíciles para desarrollar infraestructura digital», afirmó la asociación.

Asimismo, Spain DC estimó que determinados requisitos «puedan dificultar la viabilidad de nuevos proyectos, generar inseguridad para inversiones ya planificadas o provocar que parte del crecimiento de la infraestructura digital termine desplazándose hacia otros mercados europeos».

De todas maneras, valoró que el Gobierno haya trasladado su disposición «a trabajar conjuntamente» con el sector durante la audiencia pública, en la que la asociación indicó que «participará activamente y con voluntad constructiva para contribuir a mejorar el texto, buscando que los objetivos compartidos de sostenibilidad y soberanía sean compatibles con la competitividad, la inversión y el desarrollo de la economía digital española».

Ordenar el desarrollo de los centros de datos

El Gobierno ha lanzado este jueves a audiencia pública, por la vía de urgencia, este proyecto de real decreto, en el que propone exigir que los centros de datos respalden con nueva generación renovable, cada hora de funcionamiento, al menos un mínimo del 80% de su consumo energético.

El proyecto ha sido desarrollado por los Ministerios para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico; Economía, Comercio y Empresa; y Transformación Digital y Función Pública.

Con esta iniciativa se persigue ordenar la implantación de los centros de datos ante el notable incremento de la llegada de proyectos, garantizando los mejores estándares para garantizar la seguridad jurídica y atraer inversiones.

En este sentido, el Gobierno ha estudiado la problemática que se ha dado en otros países –como Irlanda, Singapur, Países Bajos o Estados Unidos–, considerando así que es el momento oportuno para adelantarse a la regulación y esquivar esos posibles problemas.

La propuesta normativa recoge medidas en materia de resiliencia y soberanía digital, como la obligación de que la operación del centro y el control de los datos asociados a la operación correspondan a entidades sujetas al derecho de la UE, y también en materia de sostenibilidad ambiental y energética, como la obligación de consumir energía renovable de nueva implantación, además de cumplir criterios de eficiencia energética y de consumo de agua.

De esta manera, la normativa busca que se cumpla con los estándares de eficiencia hídrica y energética más exigentes, así como con los criterios de soberanía digital, tecnológica y capacidad de cómputo.

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