La economía española no puede permitirse el lujo de las megavacaciones de Sánchez

Pedro Sánchez ha pasado 27 días de vacaciones en La Mareta, una lujosa residencia oficial, mientras España atravesaba una de las crisis más graves de los últimos años en Ceuta. Naturalmente, un presidente tiene derecho a descansar. Lo que resulta mucho más difícil de entender es que no interrumpiera sus vacaciones para ponerse al frente de una emergencia nacional. Una situación que desbordó la frontera, tensionó los servicios públicos y exigía una dirección política. Gobernar no es aparecer cuando todo parece resuelto. Consiste, fundamentalmente, en hacerse cargo cuando las cosas se complican.

La imagen de La Mareta es una buena metáfora de la gestión del Gobierno. España parece instalada en unas vacaciones permanentes, en las que están ausentes las necesarias políticas económicas.

La economía crece. Pero una parte importante de ese crecimiento descansa en el aumento de la población procedente de la inmigración, el turismo, el gasto público corriente y los fondos europeos. Se trata, además, de un crecimiento que no ha servido para resolver algunos de los grandes desequilibrios estructurales del país. Entre ellos, la sostenibilidad de las pensiones.

El Ejecutivo ha elegido el camino más cómodo: garantizar prestaciones crecientes y trasladar la factura a trabajadores y empresas mediante mayores cotizaciones. El Mecanismo de Equidad Intergeneracional seguirá subiendo y con ello las cotizaciones a la Seguridad Social. Se protege, así, a un colectivo de diez millones de pensionistas, pero se encarece el empleo y se reduce el salario disponible de quienes trabajan.

Además, el envejecimiento de la población está añadiendo presión sobre pensiones y sanidad. En lugar de aprovechar el crecimiento para reducir el déficit público y revisar el gasto, el Gobierno sigue aumentando sus compromisos.

La sostenibilidad del sistema de pensiones no está garantizada, y, sin medidas, la deuda pública seguirá una senda ascendente a largo plazo. Esto no es equidad intergeneracional; es pasar la cuenta a los jóvenes.

El aumento de la productividad

La reforma laboral cambió la etiqueta estadística de numerosos contratos, pero no resolvió varios problemas: la temporalidad, la escasa eficacia de las políticas activas de empleo y el desajuste entre formación y necesidades empresariales. Crear empleos no basta si muchos son de baja productividad y, por tanto, bajos salarios.

Éste es el gran desafío español: la productividad. Nuestro nivel de vida no puede crecer indefinidamente incorporando más trabajadores y más horas; se debe aumentar la producción por cada hora trabajada. La propia Comisión Europea reclama más incentivos a la inversión privada en I+D, innovación, reducir la regulación y quitar cargas administrativas.

España necesita empresas más grandes, un mercado interior verdaderamente integrado, más FP conectada con la empresa, seguridad jurídica y una fiscalidad que no castigue el ahorro, la inversión y el emprendimiento.

La política fiscal

Todo ello se hace, además, con unos Presupuestos caducados. Las cuentas de 2023 se han prorrogado, una y otra vez, pese a la inflación acumulada, la guerra, los cambios en los tipos de interés y las nuevas reglas fiscales europeas. Un Presupuesto no es un simple trámite administrativo: expresa prioridades, asigna recursos y somete al Gobierno al control del Parlamento. Gobernar durante años mediante prórrogas, decretos y modificaciones de crédito revela debilidad política y falta de dirección económica.

La próxima legislatura debería concentrarse en una agenda clara: contener el gasto corriente, elaborar unos Presupuestos realistas, garantizar la sostenibilidad de las pensiones, reducir las cargas sobre el empleo, mejorar la competencia, facilitar el crecimiento empresarial, reforzar la educación, orientar el gasto público hacia las inversiones productivas y favorecer el acceso de los jóvenes a la vivienda.

También debe recuperar una política energética basada en la seguridad del suministro y unos costes competitivos. En lugar de mantener decisiones ideológicas que encarecen la factura energética.

La inflación

Una consecuencia de esta situación es la inflación. En agosto, el IPC español, en tasa interanual creció un 4,3%, su nivel más alto en tres años. En términos armonizados, España registró un 4,5 %, frente al 3,8 % de la zona euro. Esa brecha significa pérdida de poder adquisitivo para las familias y deterioro de competitividad para las empresas. Cada décima que España acumula, por encima de sus socios, encarece nuestros productos, reduce márgenes y debilita el empleo. La competitividad perdida solo se recupera con productividad, moderación de costes y reformas. Justo lo que el Gobierno evita abordar.

España necesita un Gobierno que distinga entre crecer y prosperar, entre recaudar más y administrar mejor, entre crear empleo y elevar la productividad.

Sánchez ya ha regresado de La Mareta. Hace falta que regrese también a la política económica. Porque los problemas de España no se han tomado vacaciones. Un país serio necesita rumbo, previsión y un presidente comprometido con su futuro.