Begoña Villacís, directora ejecutiva, y Emilio Díaz, y presidente de Spain DC
Los centros de datos amenazan al Gobierno con una guerra multimillonaria tras su «prohibición de facto»
SpainDC presenta alegaciones al Real Decreto del ministerio y afirma que las inversiones del sector «se van a paralizar en seco»
El enfado mayúsculo de los centros de datos con la nueva regulación del Gobierno amenaza con derivar en una guerra multimillonaria en los tribunales internacionales de arbitraje. Según la patronal sectorial Spain DC, la propuesta de Real Decreto supondrá la «prohibición de facto» de los centros de datos en España, dado que impone «restricciones de imposible cumplimiento».
El resultado es que «hemos pasado en pocos días de ser uno de los países más atractivos de Europa al más restrictivo». «Ningún centro de datos que opera a nivel mundial puede operar con los requisitos que se han planteado», según Begoña Villacís, directora ejecutiva de SpainDC, en un acto en el que la asociación se ha visto arropada por la directora de Industria, Energía, Medio Ambiente y Clima de CEOE, Cristina Riestra.
En el sector molestan especialmente las exigencias en materia de adicionalidad, con la instalación de nueva generación -a pesar de que se están batiendo récords de desperdicio de energía-, y correlación horaria. Éste último exige que la energía se genere en la misma hora en la que se consume. «Nadie en el mundo ha dado con esa fórmula, es imposible».
La correlación horaria «debe desaparecer completamente», según Emilio Díaz, presidente ejecutivo de SpainDC. Más oportunidades de acuerdo ha visto en el de la adicionalidad, si bien ha afirmado que el sector «quiere ser consumidor y no generador» de energía. El sector cifra su consumo en apenas el 0,8 % del total en España, con una estimación, como máximo, de llegar al 2 % en los próximos cinco años.
«Nosotros no queremos ser expertos en combinar energía eólica con fotovoltaica y baterías. ¿Eso es lo que va a tener que ser ahora la industria?», según Díaz.
«La gigafactoría del Gobierno tampoco cumple»
«Defectos de forma»
SpainDC y sus integrantes, algunos de ellos a título individual como Templus, han aportado numerosas alegaciones a la nueva regulación, cuyo trámite acaba de concluir. También han alegado empresas de generación energética, y comunidades autónomas como Castilla - La Mancha han amenazado con llegar a los tribunales.
Según sus estimaciones, la normativa afectará a proyectos ya en marcha por importe de 9.000 millones de euros, y anticipan reclamaciones por daños y perjuicios en los tribunales internacionales de arbitraje, argumentando que la normativa presenta «defectos de forma».
«Se han cambiado las reglas del juego y eso va a dar lugar a reclamar compensaciones multimillonarias, más de lo que el gobierno estaba estimando», según Villacís. Además, según SpainDC, los 66.900 millones que el sector barajaba invertir en España hasta 2030 «se han paralizado en seco».
Villacís ha criticado también que el Ministerio de Transición Ecológica haya querido establecer un procedimiento sancionador a través de un reglamento, con peajes que pueden llegar hasta el 500 % y desembocar en la pérdida del permiso de explotación. «¿Qué inversor internacional va a invertir en un país con esta normativa arriesgándose a perder el permiso?», ha trasladado.
Estos peajes establecen «un régimen sancionador de facto», a pesar de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, «establecido a medida únicamente contra un sector», ha lamentado, «sin que la norma justifique debidamente la retroactividad» a permisos ya concedidos.
