La burbuja de las megainversiones chinas en España: el 47 % de los 14.500 millones anunciados sigue sin materializarse

España se ha convertido en los últimos años en uno de los destinos europeos de las grandes inversiones industriales chinas. Gigafactorías de baterías, plantas de vehículos eléctricos, fábricas de componentes, electrolizadores y proyectos renovables han ido acumulando anuncios multimillonarios que prometen transformar parte del tejido industrial español. Sin embargo, entre esas promesas de inversión y la realidad hay todavía una distancia considerable.

Un reciente informe de Fedea cifra en alrededor de 14.500 millones de euros las operaciones completadas, proyectos en construcción e inversiones anunciadas de origen chino en España desde 2019. De esa cantidad, apenas 1.700 millones, el 11,7 %, corresponden a operaciones ya completadas. Otros 6.100 millones están actualmente en construcción y 6.800 millones, alrededor del 47 % del total, continúan siendo anuncios que todavía no se han materializado.

Varias fábricas están ya en construcción, pero otras apenas cuentan con acuerdos preliminares, ayudas concedidas o terrenos, mientras que algunas siguen pendientes de permisos, autorizaciones o incluso de una decisión definitiva de inversión. «Por eso, la cuestión central no es cuánto se ha anunciado, sino cuánto se ha ejecutado realmente», señala Judith Arnal, autora del informe.

Uno de los casos más llamativos es el de Envision Energy, que anunció en septiembre de 2024 una inversión de unos 900 millones de euros para construir una fábrica de electrolizadores de 5 GW y un centro de excelencia. Las obras debían comenzar durante el primer semestre de este año, pero a comienzos de septiembre ese plazo había vencido sin que se conociera siquiera el emplazamiento de la planta.

Otro proyecto todavía pendiente de materializarse es el de Gotion High-Tech en Valladolid. La compañía china anunció en julio una inversión de alrededor de 950 millones para fabricar cátodos y desarrollar actividades de reciclaje, pero las obras están previstas para 2027. El proyecto cuenta ya con 138,2 millones de euros del Perte VEC V.

Algo parecido ocurre con HiTHIUM en Navarra, una inversión estimada en unos 400 millones para fabricar sistemas de almacenamiento y celdas. La sociedad española está constituida, pero el proyecto permanecía pendiente a comienzos de septiembre de la autorización china para invertir en el exterior, los permisos y el aval del Parlamento navarro. Mientras tanto, tiene concedidos 81 millones de euros del programa Renoval 2 del IDAE, además de una posible participación de hasta 50 millones de la sociedad pública Sodena.

El valor añadido que se queda en España

Pero que una inversión termine ejecutándose tampoco garantiza que genere valor añadido en España. Una fábrica puede encargarse de todo el proceso productivo, incorporar ingeniería y tecnología y desarrollar una red de proveedores locales, o puede limitarse fundamentalmente a ensamblar componentes fabricados en el extranjero.

Esta diferencia es crucial cuando hay dinero público de por medio. «La política pública no debe impedir una planta de ensamblaje por el mero hecho de aportar poco valor añadido. Sí debe evitar subvencionarla como si fuera una inversión integrada», explica Arnal.

Un ejemplo es el de la industria de las baterías, en la que destaca la gigafactoría que CATL y Stellantis están construyendo en Figueruelas (Zaragoza), con una inversión prevista de 4.100 millones de euros y una capacidad de hasta 50 GWh. La primera piedra se colocó en noviembre de 2025 y la planta se encuentra ya en construcción. El proyecto ha recibido casi 380 millones de euros procedentes de los Perte VEC y de descarbonización, de los que unos 270 millones corresponden específicamente a la gigafactoría.

Las celdas utilizadas para fabricar los módulos serán importadas, pero no se sabe si procederán de China o de otras fábricas europeas de CATL

Sin embargo, la producción comenzará de forma escalonada. Los módulos empezarán a fabricarse previsiblemente en marzo de 2027, mientras que la producción propia de celdas no arrancará hasta junio de 2028. Durante esos primeros quince meses, las celdas utilizadas para fabricar los módulos serán importadas, según la documentación del proyecto, que no concreta si procederán de China o de otras fábricas europeas de CATL.

La gigafactoría arrancará así durante más de un año con celdas importadas antes de producirlas en España, un aspecto clave teniendo en cuenta el volumen de ayudas públicas comprometidas. Es precisamente este tipo de riesgos el que lleva a Fedea a defender que las subvenciones no dependan únicamente de levantar una fábrica, sino del valor añadido que acaba generándose en España.

Ayudas a cambio de resultados

La propuesta de Fedea es que el respaldo público deje de descansar en las promesas y se vincule al cumplimiento efectivo de los compromisos. Las administraciones deberían incorporar a las subvenciones, préstamos, garantías o cesiones de suelo objetivos concretos de inversión, empleo, formación, funciones productivas y autonomía operativa, desembolsando las ayudas conforme se vayan alcanzando esos hitos.

El criterio sería especialmente relevante para los Perte. Fedea plantea que los desembolsos estén ligados al inicio efectivo de las obras, la inversión realizada, la entrada en producción, el empleo creado y el desarrollo de las funciones productivas y la red de proveedores prometidas. En caso de cancelación, reducción sustancial del proyecto o incumplimiento de los compromisos, las ayudas deberían poder recuperarse.

Nuestro país, como segundo productor de automóviles de la UE, puede tener más que ganar con la entrada de nuevos productores que Alemania o Francia

El objetivo tampoco sería cerrar España al capital chino. El propio informe sostiene que nuestro país, como segundo productor de automóviles de la Unión Europea y sin un gran fabricante de capital nacional, puede tener más que ganar con la entrada de nuevos productores que Alemania o Francia. La cuestión es distinguir entre atraer inversión y subvencionarla sin condiciones.

Por ello, propone para ello cuatro filtros: analizar el valor añadido frente al simple ensamblaje; el arraigo y la autonomía operativa de las fábricas; condicionar el apoyo público a resultados; y controlar los riesgos de seguridad y las dependencias críticas. Una sociedad conjunta con una empresa europea tampoco garantiza por sí sola la autonomía. Una fábrica participada al 50 % puede seguir dependiendo por completo de licencias, software, proveedores o personal especializado controlados desde China.

La llegada de capital chino puede servir para ampliar la producción española de automóviles, desarrollar una cadena de baterías y atraer nuevos proveedores. Pero el objetivo, según el informe, debería ser evitar que la transición industrial española termine sustituyendo una dependencia por otra y que la competencia por captar las grandes fábricas chinas derive en una carrera de subvenciones.