Constructores y promotores piden en el Congreso desbloquear la reforma de la Ley del Suelo del PP

La Asociación Nacional de Constructores Independientes y la Asociación de Promotores Constructores de España han reclamado este martes en el Congreso desbloquear la tramitación de la reforma de la Ley del Suelo del PP, que fue admitida a trámite en abril y está pendiente de aprobación.

En el marco de la tramitación de este texto legislativo, la presidenta de la asociación de constructoras, Concha Santos Pedraz; y el director gerente de la asociación de promotores, Alfredo Díaz-Araque, han comparecido en la Comisión de Vivienda de la Cámara Baja para dejar sus impresiones sobre esta ley y sobre la situación del mercado inmobiliario y urbanístico en el país.

La ley del partido de Alberto Núñez Feijóo busca eliminar la nulidad en cascada de todo un proyecto urbanístico por fallos aparentemente subsanables, algo que se incluía en una ley de PSOE y PNV tumbada en el Parlamento, y también deroga algunos puntos de la Ley de Vivienda de 2023.

Los dos representantes de las patronales han coincidido en la conveniencia de desbloquear esta propuesta legislativa para aportar una mayor seguridad jurídica y agilidad en los procesos urbanísticos, que en la actualidad encuentran diferentes «obstáculos» que pueden derruirlos por errores fácilmente subsanables.

Santos Pedraz ha puesto el foco en su intervención en los diferentes cuellos de botella que encuentran las constructoras en el proceso de construcción de vivienda, y que pasan principalmente por la falta de suelo urbanizable. También ha enfatizado en la saturación de la red eléctrica para dar suministro a las viviendas.

«El sector es perfectamente capaz de adaptarse a diversas circunstancias de demanda, pero en este momento el cuello de botella está en el suelo. Y, claro, que el planeamiento urbanístico en este momento tarde diez años en desarrollar un suelo, no es de recibo», ha aseverado.

La representante de la patronal de constructoras también ha remarcado que en la actualidad tanto los tributos y las tasas del suelo como los impuestos al comprador suponen entre el 25 % y el 30 % del precio final de la vivienda.

Al mismo tiempo, ha avisado de que «duda mucho» de que los presupuestos públicos sean suficientes para atender las necesidades de construcción de vivienda, por lo que ha instado a impulsar la colaboración público-privada. Por último, ha destacado la importancia que puede tener la industrialización en la construcción de nuevas viviendas.

Consecuencias gravísimas

Por su parte, Alfredo Díaz-Araque Moro ha hecho un llamamiento a los grupos parlamentarios para que «dignifiquen» la política y el hablar y ha ironizado: «Dejemos todos de farmear aura (...) Estoy convencido de que si ustedes hablan, llegaremos a una buena ley».

En su turno, ha avisado de las consecuencias «gravísimas» que tiene la nulidad en cascada en proyectos urbanísticos, pues en muchas ocasiones provoca que errores fácilmente subsanables derroquen por completo un proyecto incluso con la licencia ya obtenida.

En su intervención, donde ha dejado un recuerdo al recientemente fallecido secretario de Estado de Vivienda, David Lucas, el director general de APCE ha dejado claro en primera instancia que «sin oferta suficiente, no existe política de vivienda que pueda tener éxito», por lo que ha destacado la necesidad de incrementar la producción residencial como eje fundamental de cualquier estrategia habitacional.

El director de la patronal ha denunciado que «producir vivienda en España se ha convertido en una carrera de obstáculos, donde, además de esos obstáculos, cambian de distancia y de altura cada dos por tres», identificando la inseguridad jurídica urbanística como uno de los principales problemas que impiden desarrollar proyectos residenciales de manera ágil y eficiente.

Por ello, Díaz-Araque ha enfatizado que la propuesta legislativa del PP no solo beneficia a las promotoras y constructoras, sino también a 8.500 municipios de España que necesitan «certezas sobre su trabajo relativo al desarrollo de la ciudad». Además, ha apuntado que la ley es similar a que hizo el mismo partido en 2018 y a la que en esta legislatura han impulsado PSOE y PNV sin éxito en el Congreso.

El representante de APCE ha insistido en que el objetivo de su asociación no es «eliminar controles ni reducir garantías», sino introducir unos mecanismos de proporcionalidad que permitan corregir errores subsanables sin obligar a reiniciar procedimientos completos que han requerido años de tramitación. A su vez, ha aclarado que la reforma no supone «liberalizar suelo», puesto que es una competencia que seguirá siendo de las comunidades autónomas.

Díaz-Araque ha señalado que el sector privado es responsable del 75-80% de la vivienda protegida en España, con 43.300 viviendas frente a las 16.400 del sector público, por lo que ha reclamado «unas reglas de juego claras que den la estabilidad que requiere el capital privado», sin necesidad de «una fiscalidad beneficiosa o alfombra roja».

Ha concluido afirmando que «España necesita un gran acuerdo sobre vivienda» y subrayando que «cualquier estrategia que aspire a tener éxito debe empezar por garantizar que el suelo pueda desarrollarse con seguridad jurídica, previsibilidad y plazos razonables».