Renfe deja a Talgo fuera de una compra de 4.145 millones meses después de la entrada del Estado en su capital

El Estado decidió entrar en Talgo para proteger una compañía que considera estratégica para la industria española. Apenas unos meses después, la mayor compra de trenes de alta velocidad lanzada por Renfe ha dejado al fabricante español fuera de la carrera. La operación tiene un valor estimado superior a 4.145 millones de euros y ha quedado reducida en su fase final a dos fabricantes extranjeros, Siemens e Hitachi, después de que tampoco CAF ni Alstom hayan conseguido llegar a la pugna definitiva.

El PP ha registrado una Proposición no de Ley en la que reclama al Gobierno que revise la continuidad del concurso y, si concurren las causas legales para hacerlo, lo deje sin efecto y convoque una nueva licitación. Los populares consideran que la combinación de los requisitos técnicos, las exigencias de homologación y unos plazos de entrega especialmente duros ha reducido extraordinariamente la concurrencia y ha terminado dejando fuera importantes capacidades industriales instaladas en España.

La operación contempla inicialmente la adquisición de 30 trenes, ampliables en otras diez unidades, para renovar y ampliar la flota de alta velocidad de Renfe. El pedido inicial asciende a 1.362 millones de euros, aunque el valor estimado global del expediente 2026-00028 supera los 4.145 millones al incorporar las opciones y prestaciones previstas durante la vigencia del contrato.

Renfe busca trenes con al menos 450 plazas y capaces de alcanzar los 350 kilómetros por hora, uno de los objetivos que Óscar Puente se ha marcado para reducir los tiempos de viaje entre Madrid y Barcelona. A estas características se añade un calendario especialmente exigente: las primeras cinco unidades deberán estar disponibles antes del mes 40 y la totalidad de la flota antes del mes 78.

Talgo y CAF, los dos grandes fabricantes españoles, no participan efectivamente en la fase final, mientras que Alstom tampoco continúa en el procedimiento pese a contar con una importante capacidad industrial en España. La adjudicación ha quedado así reducida a Siemens y Hitachi.

El PP considera que este resultado resulta especialmente difícil de justificar en el caso de Talgo. El Estado decidió entrar en el capital del fabricante después de que la SEPI lo calificara como una empresa estratégica y destacara la importancia de sus capacidades industriales para España. Ahora, sin embargo, una compañía participada con recursos públicos no está en condiciones de competir por la mayor compra de alta velocidad acometida por Renfe durante esta legislatura.

«Resulta difícil explicar que el Gobierno emplee recursos públicos para preservarlas y, meses después, impulse una contratación de más de 4.000 millones en la que esa misma empresa participada por el Estado no puede competir», denuncia el PP en la iniciativa registrada en el Congreso.

Talgo, CAF y Alstom sostienen conjuntamente más de 13.000 empleos directos en el país, además de miles de puestos indirectos. El partido subraya que su propuesta no pretende reservar los contratos públicos a empresas por su nacionalidad, sino garantizar que las condiciones permitan competir a fabricantes que mantienen inversiones, empleo y capacidad tecnológica en España.

Los 350 kilómetros por hora

Una de las condiciones que más restringe la participación en el concurso es precisamente que los nuevos trenes puedan alcanzar los 350 kilómetros por hora, pese a que actualmente la infraestructura española no está preparada para explotar comercialmente esa velocidad.

La propia Renfe reconoce, según recoge la iniciativa, que los nuevos convoyes solo podrán alcanzar los 350 kilómetros por hora cuando la infraestructura esté preparada. El Ministerio de Transportes continúa estudiando las actuaciones necesarias y todavía no existe una fecha pública garantizada para que esa prestación pueda explotarse de forma generalizada.

El PP cuestiona así que una característica que todavía no puede aprovecharse en la red se haya convertido en uno de los elementos determinantes de una licitación que, al mismo tiempo, ha reducido la concurrencia. Por ello reclama al Ejecutivo que justifique la exigencia de adquirir trenes capaces de alcanzar esa velocidad y concrete cuándo estará preparada la infraestructura, en qué corredores podrá explotarse y cuántos de los convoyes adquiridos llegarán realmente a prestar servicio a 350 kilómetros por hora.

La formación reclama asimismo que se reformulen los requisitos técnicos, de homologación y los plazos de entrega para favorecer la participación efectiva de fabricantes con capacidad industrial en España, siempre dentro del marco del Derecho nacional y europeo. El objetivo, sostiene, debe ser ampliar una competición que ha quedado reducida en la práctica a dos candidatos.

Nueva licitación

El último paso que plantea la proposición afecta directamente al futuro del contrato. El Congreso instaría al Gobierno a «revisar la continuidad» del procedimiento 2026-00028 y, «si concurren las causas legalmente previstas», dejarlo sin efecto y convocar una nueva licitación que garantice una mayor concurrencia.

De prosperar la petición, Renfe tendría que replantear una operación concebida para dar el siguiente salto a la alta velocidad española. Para el PP, sin embargo, el problema está precisamente en que el intento de alcanzar los 350 kilómetros por hora ha terminado estrechando hasta tal punto las condiciones del concurso que la industria que el propio Estado considera estratégica ha quedado fuera de una inversión pública superior a los 4.100 millones de euros.