Repsol avisa de que tendrá que cerrar refinerías si cumple las nuevas exigencias de Bruselas sobre el crudo

Repsol advierte de que tendría que cerrar refinerías a partir del próximo 1 de enero si dejara de comprar todo el petróleo para el que sus proveedores no pueden acreditar el cumplimiento de las nuevas exigencias europeas sobre emisiones de metano. La compañía española solo dispone actualmente de la información necesaria para demostrar que entre el 10 % y el 15 % de sus suministros se ajustan a los requisitos que entrarán en vigor en 2027 y reconoce que continúa firmando contratos para garantizar el abastecimiento de sus instalaciones.

«Tengo que hacerlo. De lo contrario, tendría que cerrar refinerías el 1 de enero de 2027», ha asegurado el consejero delegado adjunto de Repsol, Luis Cabra, en una entrevista con Bloomberg en la que alerta de las dificultades que están encontrando las petroleras europeas para aplicar la nueva regulación.

La primera obligación que entrará en vigor en enero exige a los importadores demostrar que el petróleo, gas natural o carbón adquirido fuera de la Unión Europea ha sido producido bajo sistemas de seguimiento, notificación y verificación de las emisiones equivalentes a los aplicados dentro del bloque comunitario.

La compañía asegura que buena parte de sus proveedores se niegan a proporcionar esa información o a incorporar a sus contratos las cláusulas necesarias para garantizarla. Repsol se encuentra así ante la disyuntiva de continuar contratando esos suministros pese a no poder acreditar todavía su cumplimiento o renunciar a una parte sustancial del petróleo que necesita para alimentar sus refinerías.

La normativa afecta desde el 1 de enero de 2027 a los contratos firmados o renovados desde el 4 de agosto de 2024 que continúen en vigor. Para los acuerdos anteriores, Bruselas establece que los importadores deberán demostrar que han realizado «todos los esfuerzos razonables» para conseguir que sus proveedores cumplan requisitos equivalentes.

Repsol calcula que, en las condiciones actuales, solo podrá confirmar el cumplimiento de los nuevos requisitos para aproximadamente entre el 10 % y el 15 % de sus suministros de crudo a partir de enero. El resto se encuentra afectado por la falta de información proporcionada por los productores.

Aplazar las multas

La propia Comisión Europea ha reconocido las dificultades que plantea la aplicación de las nuevas exigencias. En julio publicó recomendaciones destinadas a facilitar su cumplimiento y preservar al mismo tiempo la seguridad del suministro energético.

Entre ellas, Bruselas ha recomendado a los Estados miembros aplicar de forma gradual el régimen sancionador durante los próximos tres años. La medida, sin embargo, no supone aplazar formalmente las obligaciones establecidas por el reglamento.

Ese matiz es precisamente el que preocupa a Repsol. Aunque las autoridades nacionales no impongan inicialmente multas, la compañía entiende que podría continuar jurídicamente expuesta por importar petróleo sin poder demostrar que cumple las condiciones exigidas.

«El hecho de que no se te impongan sanciones no significa que no estés incumpliendo la normativa», ha advertido Cabra. A su juicio, un tercero podría acudir a los tribunales para cuestionar que una compañía esté introduciendo en Europa crudo cuya conformidad con la legislación vigente no ha podido acreditar.

Repsol ha escrito por ello a las autoridades europeas reservándose el derecho a emprender acciones legales si termina siendo sancionada por unos requisitos que considera imposibles de cumplir mientras los propios productores se nieguen a facilitar la información necesaria.