Caso Maricarmen: la ley de PSOE y Podemos es culpable

Algunos colectivos siempre activos en aprovechar situaciones especialmente dolorosas para los ciudadanos, y algunos partidos políticos que llevaban largo tiempo sin rumbo, han encontrado un filón en el «caso Maricarmen», uno más entre los 4.000 desahucios que han tenido lugar en el primer semestre de 2026, y los casi 25.000 que hubo en 2025. Por cierto, con un significativo descenso del 54% los motivados por impago de alquileres y del 18% por cuotas de hipoteca.

Carece de sentido para mí entrar a analizar lo sucedido a Maricarmen, una tragedia humana que podía haberse evitado con un poco de sentido común, diálogo y sensatez, hubiera bastado con buscar puntos de encuentro en lugar de intentar destruir a la otra parte. Sí, porque no solo ha salido dañada, para siempre, la reputación de los propietarios, también algunos medios de comunicación han sacado a la luz datos estrictamente personales de Maricarmen, que nunca deberían haber salido. Les acompañará de por vida.

La cuestión en realidad no es la utilización partidista de Maricarmen, que solo ha sido un peón en la estrategia de debilitar al Gobierno y a la oposición, a las instituciones y administraciones públicas, demonizar a los «fondos buitre» y, por extensión, a cualquier propietario de una vivienda que la destine al alquiler, las más de las veces para complementar unos ingresos insuficientes para llevar una vida mínimamente digna. Exactamente lo mismo que aduce Maricarmen: que con su pensión no puede pagar la renta que le piden.

La cuestión es ahora qué va a hacer el PSOE, partido que lidera el gobierno pero que carece de apoyos suficientes para aprobar sus propias medidas, las que sean, si las tiene, después de ocho años de gobierno en coalición, primero con Podemos y ahora con Sumar, que avisan que no entrarán al Consejo de Ministros de mañana si el Real Decreto-ley no incluye sus propuestas (entre ellas la expropiación forzosa de la vivienda que ocupaba Maricarmen, en palabras de la Ministra Sira Rego) y quieren un decreto que meta mano a los fondos buitre, medidas que limiten las adquisiciones de viviendas por grandes inversores, no parches (declaraciones literales de la vicepresidenta Yolanda Díaz, que anima a manifestarse contra sí misma).

Y es que el PSOE no puede gobernar, es rehén de los grupos parlamentarios que le apoyan, cuando lo hacen, a cambio de concesiones, cada vez más exigentes, hasta que ya no puedan ceder más. Veamos la lista de peticiones: más protección anti desahucios, impedir la especulación de los fondos buitre, más estabilidad para los contratos de alquiler, regular (eufemismo que en realidad busca impedir) los alquileres de temporada y de corta duración, aplicar un IVA del 21% a los pisos turísticos, conceder más bonificaciones fiscales a arrendadores y arrendatarios, conceder más ayudas a la compra de vivienda, aumentar el parque de vivienda pública, reducir el IVA a la construcción de viviendas protegidas.

¿Les suena?, claro que sí, ya figuraban en el Real Decreto-ley 8/2026, que entró en vigor el 22 de marzo y decayó a primeros de abril al no ser convalidado por el Congreso de los Diputados. Y también en el proyecto de Real Decreto-ley aprobado por el Consejo de Ministros en julio que, finalmente, no fue objeto de tramitación al constatar el Gobierno que seguía sin contar con apoyos parlamentarios para que fuera convalidado, eso sí, anunciando que sería llevado de nuevo a principios del mes de septiembre, lo que tampoco ocurrió. Y aún hay más, el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, aprobado por el Real Decreto 326/2026, en vigor, dotado con 7.000 millones de euros (para los cinco años de duración, con el 60 % de aportación por el Estado y el 40% restante por las Comunidades Autónomas).

Sin olvidar la auténtica culpable del agravamiento de la crisis de la vivienda: la Ley 12/2023, por el derecho a la vivienda, que fue aprobada sin consenso, ni siquiera diálogo, que solo ha sido aplicada de forma generalizada en la Comunidad Autónoma de Cataluña, que registra el mayor porcentaje de desahucios, tanto por impago de rentas como de cuotas hipotecarias, donde menos vivienda protegida y asequible se construye desde que entró en vigor la citada ley, donde más ha caído la inversión, nacional y extranjera, en vivienda, donde más oferta de vivienda en alquiler se ha retirado del mercado, y donde más ha subido la renta de alquiler por metro cuadrado.

Y, sin embargo, los indignados okupan la Puerta del Sol, en Madrid, no en Barcelona, se manifiestan en frente del ático de la presidenta Ayuso, acusan al alcalde Martínez Almeida de no haber hecho nada por la vivienda, cuando precisamente es la Comunidad de Madrid la que más inversión atrae, la que más viviendas protegidas construye, la que ha aprobado la Ley 2/2026 que permite incrementar la edificabilidad un 20 % y la densidad un 30 % de forma automática, sin necesidad de modificar el planeamiento, para aumentar el número de viviendas protegidas en el menor plazo posible, o la que está tramitando la Ley LIDER, una innovadora ley del suelo que permitirá la puesta en carga de mucho más suelo, en menos plazo.

El mundo al revés. Y los que necesitan acceder a una vivienda a partir de mañana lo tendrán un poco más difícil todavía. Y los que tienen que construir las viviendas, los promotores, y poner la financiación, los fondos, se lo pensarán dos veces y concluirán que en España no se dan las condiciones necesarias para invertir en viviendas.