Portugal, al revés que España: busca resolver el problema de la vivienda con más exigencias a inquilinos y agilizar los desahucios

La reforma del mercado del alquiler impulsada por el Gobierno conservador del primer ministro portugués, Luís Montenegro, está siendo debatida este miércoles en el Parlamento, aunque con riesgo de ser rechazada ante la oposición del Partido Socialista (PS) y la amenaza de Chega de votar también en contra si el Ejecutivo no acepta remitir la propuesta a comisión sin votación.

El plan parte por modificar el Nuevo Régimen del Arrendamiento Urbano (NRAU), una reforma con la que el Ejecutivo pretende aumentar la oferta de vivienda en alquiler. La propuesta flexibiliza las garantías y los pagos anticipados, modifica las reglas aplicables a los nuevos contratos y agiliza determinados mecanismos, como los desahucios, en caso de incumplimiento.

Entre las medidas planteadas figura la posibilidad de iniciar el procedimiento de desahucio cuando el inquilino acumule dos meses de rentas impagadas, frente a los tres meses actuales.

La propuesta también prevé eliminar el límite del 2 % al incremento de la renta en los nuevos contratos respecto al alquiler anterior y permitir que los propietarios puedan exigir hasta tres mensualidades anticipadas como garantía, frente a las dos actuales.

El Gobierno de Montenegro, formado por la coalición de centroderecha PSD/CDS-PP, no dispone de mayoría absoluta en el Parlamento y necesita apoyos de la oposición para sacar adelante la iniciativa.

El PS, principal partido de la oposición, ya ha anunciado que votará en contra de la autorización legislativa.

Su líder parlamentario, Eurico Brilhante Dias, acusó al Ejecutivo de pretender obtener del Parlamento un «cheque en blanco» para introducir medidas que, a juicio de los socialistas, aumentarán la inseguridad de los inquilinos.

El PS presentó además su propia iniciativa para crear una Garantía Pública de Seguridad en el Arrendamiento Habitacional, un mecanismo destinado a cubrir riesgos asociados al alquiler y reforzar, según el partido, la confianza tanto de propietarios como de inquilinos.