Quita de deuda, 'cupo' catalán, reducción de jornada... qué puede aprobar aún Sánchez (como hizo en 2019) y qué no

La XV legislatura tiene ya fecha de caducidad: 29 de noviembre. La disolución de las Cortes conlleva el naufragio definitivo de muchas medidas de calado prometidas por el Ejecutivo, aunque el Gobierno de coalición aún tiene margen para aprobar algunas iniciativas.

Con la convocatoria electoral el Gobierno no está en funciones –lo estará a partir de los comicios– con lo cual mantiene la potestad de aprobar Reales Decretos. Además, la expectativa de una mayoría en la Diputación Permanente del Congreso le permitirá aprobar iniciativas legislativas a través de la figura del Real Decreto-ley, como demuestra la recuperación de los decretos-ley con medidas en materia de vivienda que este mismo martes prevé aprobar en Consejo de Ministros tras haber naufragado, el viernes, en el Congreso, a pesar de las dudas legales que suscita esto entre los expertos.

«En período de convocatoria de elecciones solo está prevista la aprobación de temas urgentes», valora Gregorio Izquierdo, director general del Instituto de Estudios Económicos (IEE). Izquierdo confía en que el Ejecutivo se ciña a este precepto, y no ve «razonable» que se retomen cuestiones como las contenidas en los decretos de vivienda, «cuya urgencia es discutible al llevar el problema ocho años enquistado, y con medidas que tendrían impacto durante años». Como recuerda, «la normativa prohíbe hacer anuncios electorales con decretos-ley».

El precedente, sin embargo, está en la hemeroteca reciente, y tiene al propio Sánchez como protagonista. En 2019, la Diputación Permanente ya dio luz verde a seis decretos emanados de lo que entonces al Gobierno del PSOE le gustaba llamar «viernes sociales». Medidas como los cambios en el mercado del alquiler, la ampliación de bajas por paternidad o diversos cambios en legislación laboral en materia de igualdad supusieron un coste de más de mil millones de euros. A pesar de ello, la Junta Electoral Central acabó desestimando las reclamaciones de PP y Ciudadanos.

Condonación de la deuda

Con la convocatoria electoral decae definitivamente la condonación de la deuda autonómica, tramitada mediante Proyecto de Ley de Medidas Excepcionales de Sostenibilidad Financiera. Con esta medida El Gobierno prometió asumir hasta 83.252 millones de euros de la deuda existente para ahorrar a las autonomías cerca de 6.000 millones de euros en intereses. La medida se había negociado con Oriol Junqueras y se propuso después para el resto de regiones. Aunque fue aprobada en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) en febrero de 2025 –a pesar del plante de la mayoría de autonomías, las gobernadas por el PP–, llevaba desde entonces y hasta la semana pasada en sin salir del cajón que supone el trámite de enmiendas.

Reforma de la financiación

También queda en el retrovisor la cesión de impuestos a Cataluña, reconvertida posteriormente en una reforma del Sistema de Financiación Autonómico para beneficiar –según cálculos de Fedea– especialmente a dicha región. Una «trágala» que motivó el rechazo del 90 % de las autonomías en el reciente CPFF celebrado a principios de septiembre. Cualquier modificación de este aspecto requiere la modificación de una ley orgánica, la de Financiación de las Comunidades Autónomas, conocida por su acrónimo: LOFCA.

Recuperar estas medidas o parte a través de decretos «sería un fraude de ley»

Reconvertir estas medidas o recuperar parte de su espíritu en forma de decretos-ley «sería un fraude de ley», valoran expertos consultados por El Debate, que acogen también con grandes dudas la recuperación de los decretos de vivienda.

Reducción de jornada

Tampoco se podría recuperar la reducción de jornada a 37,5 horas, una de las grandes promesas de Yolanda Díaz. Tramitada como proyecto de ley, el Congreso la tumbó en septiembre de 2025. Desde entonces, el ministerio de Díaz ha amenazado con actuar en la jornada laboral a través de un endurecimiento del registro horario, algo para lo cual bastaría un Real Decreto, que el Consejo de Ministros puede aprobar en cualquier momento. No obstante, como recuerda Gregorio Izquierdo, del IEE, el planteamiento de Trabajo «ha sido cuestionado por el Consejo de Estado, con lo cual no se han cumplido los trámites preceptivos».

Centros de datos y nucleares

El Gobierno ya ha autorizado la prórroga de la Central Nuclear de Almaraz, mientras que el resto de centrales atómicas mantienen sus operaciones hasta 2030, con lo cual no tendrá ningún asunto al respecto antes de las elecciones. Otra cosa es qué ocurrirá con el Real Decreto sobre los centros de datos, que había soliviantado al sector por las exigencias en materia de nueva instalación de energías renovables y correlación horaria (que la energía que consuman se genere en la hora anterior a dicho consumo). Dicho Real Decreto está actualmente en trámite de información pública y el Gobierno quería aprobarlo en Consejo de Ministros a lo largo de este mes, si bien está recibiendo un elevado volumen de peticiones por parte no solo de las empresas de centros de datos sino también de las distribuidoras energéticas.

Otras medidas

El adelanto electoral supone también la paralización de otros proyectos normativos, relacionados con la jubilación anticipada de algunos colectivos –a pesar de que ya se encontraba muy avanzado– o la indexación del precio de laos carburantes, que se estaba tramitando como proyecto de ley, como recuerdan desde Fenadismer. Igualmente arroja incertidumbre sobre el régimen fiscal de módulos para 2027, dado que su prórroga o bien su derogación requiere de la aprobación de una norma con rango de ley antes del 31 de diciembre.