Sin Presupuestos, reducción de jornada o quita de deuda: una legislatura de parálisis económica y asalto a empresas e instituciones

La XV Legislatura, que comenzó el 17 de agosto de 2023, tiene un récord que hasta hace unos pocos años hubiera parecido imposible. El Gobierno de coalición de PSOE y Sumar no solo no ha aprobado ningún Presupuesto sino que ni tan solo ha logrado llevarlos a las cámaras «en tiempo y forma» –como gustaba repetir a la exvicepresidenta económica María Jesús Montero– ni un solo año.

Los Presupuestos son la norma básica anual que regula los ingresos y gastos del Estado. El Gobierno ha logrado sobrevivir sin ellos gracias al andamiaje que levantó durante la pandemia, que le ha permitido mover enormes volúmenes de fondos a discreción del titular del Ministerio de Hacienda.

Pinchazo de los fondos Next Gen

También a la enorme inyección de los Fondos Next Generation, 101.104,9 millones de euros. Unas ayudas destinadas a transformar la economía tras el coronavirus que, sin embargo, han servido para cubrir agujeros en gasto corriente –como apunta la polémica del pago de pensiones en el ejercicio de 2024, que ha motivado un histórico rapapolvo por parte del Congreso–.

El programa, además, ha sufrido numerosas modificaciones, que entre otras cosas han recortado un 38 % el volumen total de las ayudas que han llegado a España. Aunque el balance de las mismas requerirá de años, por ahora no han servido para aumentar el PIB por ocupado, que se sitúa aún por debajo del año anterior a la pandemia; mientras que el PIB por hora trabajada apenas está ligeramente por encima.

La productividad real por cada persona empleada está un 0,9 % por debajo del nivel de 2018; mientras que la inversión empresarial está casi tres puntos por debajo de 2019, último ejercicio antes de la pandemia. La conclusión para el PP es que los fondos «se han utilizado para sostener a un Gobierno sin Presupuestos».

Reducción de jornada

El Gobierno de coalición tampoco ha logrado aprobar ninguna de sus grandes medidas económicas. Cabe recordar que la legislatura empezó con tres promesas de calado: la reducción de la jornada impulsada por Yolanda Díaz, la cesión de impuestos a Cataluña (reconvertida luego en una reforma del Sistema de Financiación Autonómico) y la condonación de parte de la deuda de las comunidades autónomas, negociada también con la Generalitat.

Ninguna de las tres ha visto la luz. La reducción de jornada laboral a 37,5 horas fue tumbada por el Congreso en septiembre de 2025. Desde entonces, el Ministerio de Trabajo ha esgrimido que la aplicará a través de un endurecimiento del control horario, incluyendo la puesta en marcha del registro horario. Algo que se podría aprobar mediante real decreto-ley, pero que el Ministerio de Economía ha tratado de frenar ante las presiones de los empresarios, que temen un encarecimiento anual de costes cercano a los 900 millones de euros al año solo para las pymes.

Díaz, por cierto, ni siquiera ha logrado aprobar esta legislatura el estatuto del becario, a pesar de que lleva ya más de un año listo y de que se han cumplido más de tres años desde que la propia Díaz lo presentara entre alharacas junto con los líderes sindicales Unai Sordo y Pepe Álvarez.

Financiación autonómica y quita de deuda

También siguen sin ver la luz las otras dos grandes iniciativas económicas. La reforma de la financiación autonómica, que nació de la promesa de investidura a Junts de transferir «el 100 % de los impuestos» a Cataluña, fue aprobada a principios de septiembre por el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) con los únicos apoyos de Cataluña y Canarias.

Esto es, contó con el rechazo del 90 % de los territorios a pesar del diseño pergeñado por Hacienda para encubrir las dádivas a Cataluña. Destaca a este respecto, por ejemplo, el incremento del 50 al 55 % en el caso del IRPF, y del 50 al 56,5 % en el IVA de los impuestos cedidos a las comunidades autónomas; y un nuevo reparto de los fondos en base a la población ajustada. Este criterio, junto con un fondo calculado en base a la recaudación del IVA de las pymes y otro para compensar los efectos del cambio climático en las regiones mediterráneas son los que inclinan la balanza a favor de la Generalitat en términos de aportación neta al sistema o reparto de fondos por habitante, según cálculos de FEDEA.

Respecto a la tramitación parlamentaria del proyecto de ley orgánica de medidas excepcionales de sostenibilidad financiera para las comunidades autónomas de régimen común, más conocida como condonación o perdón de la deuda autonómica, esta ha pasado un año en proceso de enmiendas en el Congreso hasta que el pasado 29 de septiembre la Mesa de la cámara dio por terminado el proceso, pendiente aún de su aprobación por parte del Pleno. Esta ley que el Consejo de Ministros remitió al Congreso en diciembre de 2025 supone que el Estado asumirá 83.252 millones de euros de la deuda existente en las comunidades. Moncloa defiende que su aprobación –negociada directamente con el líder de ERC, Oriol Junqueras– supondrá un ahorro en intereses para las comunidades autónomas cercano a los 6.700 millones de euros.

Rechazo a sus propuestas inmobiliarias

Además, a pesar de que el Gobierno ha querido poner el foco en las medidas en materia de vivienda, tampoco ha logrado el respaldo de la Cámara a ninguna de sus propuestas. Con los dos decretos del viernes, el Congreso ya ha tumbado tres reales decretos-ley con medidas inmobiliarias, incluyendo la prórroga de la suspensión de los desahucios y de los contratos de alquiler, lo que ha elevado a cotas inéditas de inseguridad jurídica al alquiler.

Esto, unido a la Ley de Vivienda (que se aprobó en la anterior legislatura pero cuyos efectos se han dejado notar en esta) ha recortado en cerca de un 40 % la oferta de casas en alquiler.

En materia de oferta las medidas del Gobierno tampoco han logrado despegar. Destaca, por ejemplo, que su propuesta de Ley del Suelo haya naufragado dos veces –algo que duele especialmente al sector inmobiliario porque, según acentúan, «es calcada a lo que propone el PP»–, lo que impide agilizar muchos trámites en materia de planificación urbanística y concesión de permisos. Pero también que, de las 184.000 casas que Sánchez prometió construir al principio de la legislatura, tan solo se haya acreditado la puesta en el mercado de 540. La cifra palidece si se compara con las 750.000 que, según el Banco de España, harían falta para empezar a cubrir la brecha de oferta, un agujero que además se agrandará hasta rondar el millón de viviendas en 2028.

El Ejecutivo solo ha logrado aprobar dos medidas en materia inmobiliaria esta legislatura. Los avales del ICO para la adquisición de una primera casa, que han tenido que ser reformulados tras suscitar el interés de solo un 10 % de los potenciales interesados; y el fin de la Golden Visa no ha frenado la demanda por parte de los extranjeros.

Solo medidas coyunturales

El único decreto-ley con medidas económicas de cierto calado que el vicepresidente económico Carlos Cuerpo ha logrado sacar adelante en el Congreso ha sido el plan de respuesta contra los aranceles de Estados Unidos –que Junts respaldó en mayo de 2025 tras una agónica negociación– y el paquete de ayudas por la guerra en Irán, el pasado mes de marzo, dotado con 5000 millones.

La Cámara Baja también respaldó, en enero de este año, prorrogar las ayudas al transporte público y la creación del nuevo abono único, impulsado por el Ministerio de Transportes de Óscar Puente. Puente también logró sacar adelante su Ley de Movilidad Sostenible en octubre de 2025 tras 20 meses de tramitación, clave para el desembolso de 10.000 millones de fondos europeos. Por el contrario, el Ejecutivo no ha logrado que la cámara aprobara otras medidas vinculadas también a las ayudas, como la subida de impuestos al diésel o la ley de lobbies.

Asalto a empresas y Banco de España

Donde sí ha sido fructífera la legislatura es en el asalto de empresas e instituciones estratégicas. Destaca la toma del diez por ciento del capital social de Telefónica, aprobada en diciembre de 2023 por más de 2.000 millones de euros, y la posterior salida fulminante del presidente de la compañía, José María Álvarez-Pallete, para ser sustituido después por Marc Murtra, un histórico afín al PSC procedente de Indra.

Desde entonces se han sucedido los cambios de directivos en ambas compañías, incluyendo la polémica salida del sucesor de Murtra en el gigante de Defensa –también controlado por el holding estatal SEPI–, Ángel Escribano, para ser sustituido por Ángel Simón, previamente defenestrado como consejero delegado de Criteria.

En los últimos cuatro años se ha sucedido además el desembarco de cargos afines al Gobierno en instituciones clave como la CNMC, la CNMV y el Banco de España. El regulador bancario es el ejemplo más palmario: al frente aterrizó el exministro José Luis Escrivá en septiembre de 2024, procedente directamente del Consejo de Ministros, en un movimiento que, al contrario de lo que venía siendo habitual, no se negoció con la oposición. No es, sin embargo, el único, ni tampoco el último ejemplo: hace apenas unos días el Ejecutivo renovaba a Mariano Bacigalupo, marido de Teresa Ribera, como consejero de la CNMV.