La financiación a la carta para Cataluña ignora la eficiencia del gasto y fomenta el endeudamiento
La intención del Gobierno es un trágala inaceptable, que, de aprobarse, el próximo gobierno debería derogar y plantear un sistema sin servidumbres, privilegios ni perjuicios.
El Gobierno se empeña en imponer a las comunidades autónomas el Sistema de Financiación Autonómica (SFA) pactado con Cataluña, en clara deslealtad con el resto de CC.AA. de régimen común y con el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). Así, el Gobierno ha conseguido aprobar en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) la propuesta de Sistema de Financiación Autonómica (SFA) que aplazó a septiembre. Es una trampa, envuelta en más recursos, para tratar de sacar adelante un sistema pensado para beneficiar a los independentistas catalanes, de los que necesita sus votos.
La propuesta puede interpretarse como un modelo concebido para acomodar las demandas formuladas desde Cataluña, procurando que el resto de comunidades acepten ese cambio mediante un incremento transitorio de recursos financiado por el conjunto de los españoles. No se modifica únicamente la distribución de ingresos; se altera la lógica del sistema para hacer compatible, al menos durante una fase inicial, un trato de favor a Cataluña con una aparente ausencia de perjudicados, al tiempo que se quieren introducir elementos para castigar las bajadas de impuestos, pensando en perjudicar a Madrid.
Por ello, la propuesta que quiere sacar adelante el Gobierno en las Cortes no es un sistema negociado multilateralmente, en el seno del CPFF, como está obligado, sino negociado bilateralmente con los independentistas catalanes e impuesto al resto en el CPFF, diseñado para beneficiar a una región, que es Cataluña, y perjudicar a otra, que es Madrid, con el resto de regiones viéndose afectadas también negativamente por los efectos de la reforma. Es una propuesta que eleva el CPFF con el voto en contra de todas las regiones de régimen común salvo Cataluña y Canarias.
El Gobierno puede poner más dinero en el sistema, para disimular, pero eso tiene un recorrido muy corto, pues ningún sistema puede repartir indefinidamente más recursos de los que es capaz de generar. Cuando el Gobierno anuncia mayores porcentajes de cesión tributaria y, simultáneamente, incrementa la aportación estatal, no está creando riqueza adicional. Simplemente está redistribuyendo de otra manera los mismos recursos o comprometiendo ingresos futuros mediante un mayor endeudamiento o una mayor carga fiscal. El Estado carece de dinero propio. Todo euro que incorpora al sistema procede de los contribuyentes actuales o de deuda que terminarán soportando los contribuyentes futuros. Es decir, todos los ciudadanos, incluso los catalanes, serán asfixiados a más impuestos al menos en el ámbito estatal.
Como ya he dicho en otras ocasiones, una reforma seria de la financiación autonómica debería comenzar por introducir mecanismos que incentiven la eficiencia del gasto. La suficiencia financiera constituye una condición necesaria, pero nunca suficiente. Resulta imprescindible que las comunidades tengan incentivos para gestionar mejor, eliminar duplicidades administrativas, evaluar políticas públicas, racionalizar estructuras y mejorar la productividad del gasto. Nada de eso aparece en el planteamiento del Gobierno.
Se vuelve a caer en el error clásico de considerar que cualquier insuficiencia presupuestaria se resuelve aportando más recursos. Es una visión profundamente equivocada de la Hacienda Pública. Sin incentivos adecuados, incrementar la financiación únicamente incrementa el gasto. La evidencia económica lleva décadas demostrando que la ausencia de disciplina presupuestaria termina deteriorando la calidad institucional.
Ahora bien, como digo, lo peor del documento es su arbitrariedad para beneficiar a los independentistas catalanes. Aunque formalmente se presente como un modelo general, la arquitectura diseñada facilita una evolución gradual hacia un esquema cada vez más diferenciado. La propuesta parece constituir un paso intermedio que suaviza políticamente ese recorrido mediante un incremento temporal de recursos para el resto de comunidades, pero que, a la larga, perderán también.
Los contribuyentes españoles también soportarán un coste adicional. La mayor aportación estatal exigida para mantener el equilibrio del sistema sólo puede financiarse mediante más impuestos, más deuda o una combinación de ambos. No existen alternativas contables capaces de alterar esa realidad económica. La subida de impuestos será generalizada y empobrecedora, unida a la ya intensa carga fiscal que se soporta en España, que expropia un porcentaje elevadísimo de los ingresos que cada contribuyente obtiene con su esfuerzo, que no revierten tampoco en lo necesario, sino que se dilapidan tratando de construir una sociedad subvencionada, a la que se trata, así, de anular, para hacerla dependiente de los subsidios del Estado, a modo de voto cautivo.
España necesita una reforma de la financiación autonómica, pero necesita la correcta. Una que refuerce la corresponsabilidad fiscal –en el sentido de no penalizar las bajadas de impuestos–, premie la eficiencia, garantice la solidaridad con reglas transparentes y preserve la igualdad básica entre todos los españoles en cuanto al acceso a los servicios fundamentales. No una reforma que aumente el gasto sin corregir sus incentivos, que traslade más carga a los contribuyentes, que se diseñe para favorecer a una región y que sirva como antesala de un modelo de excepcionalidad territorial cuyas consecuencias terminarían pagando todos. Ni siquiera las comunidades socialistas de régimen común –Asturias y Castilla-La Mancha–, lo han aceptado. El Gobierno lo ha sacado adelante con sus votos y los de Cataluña, a los que ha unido Canarias con unas promesas poco sólidas. Ha venido a decir que son lentejas, sin que el resto de regiones de régimen común hayan sido escuchadas para elaborar la propuesta. Menos las dos citadas, todas las regiones de régimen común lo ha rechazado. Probablemente, no logre sacar adelante la ley en el Congreso o incluso no dé tiempo a tramitarla en esta legislatura, pero la intención del Gobierno es un trágala inaceptable, que, de aprobarse, el próximo gobierno debería derogar y plantear un sistema sin servidumbres, privilegios ni perjuicios.
