El Congreso tumba la ley de lobbies con 800 millones de fondos europeos en juego

La ley de lobbies no ha logrado sobrevivir ni siquiera tres semanas. El Congreso ha tumbado este miércoles el real decreto-ley con el que el Ejecutivo trató de cumplir a última hora uno de los compromisos adquiridos con Bruselas para recibir los fondos europeos, una derrota que, según reconoce el propio Gobierno, tendrá «un coste». Las estimaciones situaban en unos 800 millones de euros la cantidad comprometida, aunque Moncloa sostiene que haber aprobado la norma dentro del plazo permitirá reducir la factura.

La convalidación ha fracasado con el PP, Vox, Junts y UPN, con 155 votos a favor, 179 en contra y 12 abstenciones en contra de su convalidación en el pleno del Congreso. El Gobierno llegaba al pleno sin posibilidades de reunir los apoyos suficientes después del rechazo de PP, Vox y Junts.

La derrota deja una situación llamativa. El Consejo de Ministros aprobó el decreto el pasado 25 de agosto, fue publicado en el Boletín Oficial del Estado al día siguiente y entró en vigor inmediatamente, apenas unos días antes de que expirase el plazo del 31 de agosto establecido para completar las reformas pactadas con la Unión Europea. El propio Gobierno justificó en el decreto la utilización de la vía de urgencia porque la tramitación parlamentaria ordinaria no permitía garantizar que la regulación estuviera aprobada a tiempo.

El Ejecutivo reconocía además en el texto que la entrada en vigor de la regulación, correspondiente al hito 432 del Plan de Recuperación, estaba «directamente vinculada» al libramiento de los fondos europeos. La ley de lobbies llevaba años pendiente y el Gobierno decidió recurrir finalmente al real decreto-ley cuando quedaban apenas unos días para que venciera el calendario comprometido con Bruselas. El resultado ha sido una reforma que ha llegado a tiempo para superar la fecha límite europea, pero no para sobrevivir al Congreso.

El ministro para la Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, ha reconocido horas antes de la votación que la caída de la norma tendrá «un coste» en los fondos europeos. El Gobierno sostiene, sin embargo, que será «mucho menor» de lo que habría supuesto no haber aprobado ninguna regulación antes del 31 de agosto.

Según ha explicado, el Ejecutivo renegoció con la Unión Europea los objetivos correspondientes al último pago de los fondos y recurrió precisamente al real decreto-ley para poder acreditar el cumplimiento dentro del plazo. «Aunque tendrá un coste que la ley no salga adelante hoy, éste será mucho menor», ha asegurado.

El ministro no ha precisado cuál será finalmente esa factura. Las estimaciones conocidas antes de la votación apuntaban a un posible recorte de unos 800 millones de euros si España no conseguía sacar adelante la reforma. La Comisión Europea tendrá que determinar ahora qué consecuencias tiene que España aprobase la regulación dentro del plazo comprometido y que el Congreso la haya dejado sin efecto apenas unas semanas después.

La incógnita cobra especial importancia porque la reforma forma parte de los compromisos que España debe acreditar ante Bruselas para acceder al último gran desembolso del Plan de Recuperación. La regulación de los grupos de interés había quedado vinculada a uno de esos hitos y el Gobierno trató de salvarlo en agosto después de que el proyecto de ley que debía desarrollar inicialmente la reforma quedara bloqueado en el Congreso.

Regulación en marcha

El Congreso ha dejado sin efecto una norma que ya llevaba casi tres semanas en vigor y había comenzado a aplicarse. Durante este tiempo, alrededor de 250 entidades se habían inscrito ya en el registro creado por el Gobierno y habían empezado a adaptarse a unas obligaciones que desaparecen ahora con el rechazo parlamentario.

El decreto incluía un registro estatal, público y obligatorio para los grupos de interés que desarrollasen actividades de influencia ante la Administración General del Estado y su sector público institucional. La definición era amplia e incluía a personas físicas, jurídicas y agrupaciones que desarrollasen actuaciones destinadas a influir sobre determinados cargos o empleados públicos.

El registro debía permitir conocer quién trataba de influir sobre la Administración, qué intereses representaba y sobre qué materias actuaba, además de proporcionar trazabilidad a determinados contactos con los responsables públicos. La regulación alcanzaba de esta forma a empresas, asociaciones empresariales, consultoras, despachos, organizaciones profesionales y otras entidades que mantienen habitualmente relaciones con la Administración.

El choque con los agentes sociales

Fue precisamente la inclusión de sindicatos y patronal en el registro el que desencadenó el rechazo mayoritario. Ambas partes rechazaron ser equiparadas a los grupos de interés convencionales y reivindicaron el papel específico que les reconoce el artículo 7 de la Constitución como organizaciones que contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales.

La CEOE llevó el enfrentamiento hasta el punto de congelar sus relaciones con el Ejecutivo mientras continuase vigente el decreto. Su presidente, Antonio Garamendi, anunció la semana pasada que la patronal no mantendría contactos con el Gobierno hasta que decayese la regulación, en un momento en el que el diálogo social tiene pendientes cuestiones como la subida del salario mínimo para 2027, las nuevas cotizaciones de los autónomos o la gestión de las bajas laborales.

UGT y CC.OO. también reclamaron que la regulación decayese. Sus objeciones terminaron abriendo además una nueva brecha dentro del propio Ejecutivo: Sumar anunció que votaría en contra de una norma aprobada por el Consejo de Ministros del que forma parte al considerar que el texto no diferenciaba suficientemente la función constitucional de los sindicatos de la actividad de los lobbies; sin embargo, a última hora ha reculado y ha votado a favor.

López trató de salvar este miércoles esa resistencia comprometiéndose a introducir posteriormente «cualquier rectificación o retoque» que fuera necesario para aclarar el papel de los sindicatos. «Obviamente, el diálogo social está en la Constitución y no está afectado por esta ley», defendió el ministro.