La ley de lobbies, que da el mismo tratamiento a la CEOE que a Zapatero, es el penúltimo torpedo en la línea de flotación del diálogo social

Pedro Sánchez se hizo su primera foto con la patronal y los sindicatos en enero de 2020. Gobierno y agentes sociales habían llegado a un acuerdo para subir el salario mínimo interprofesional (SMI) hasta 950 euros al mes y la ocasión lo merecía. Cerca de siete años después, cuesta creer que vayamos a ver muchos acuerdos en lo que reste de legislatura. Y no es porque haya poca plancha acumulada. En la agenda de Yolanda Díaz, Garamendi, Álvarez y Sordo figuran una nueva subida del SMI para 2027, la gestión de las bajas laborales por incapacidad temporal (IT) y las cotizaciones de los autónomos. Y a ello hay que sumar una carpeta más: la transposición de la directiva europea de transparencia salarial, que se abordará en una reunión este mismo lunes. No estará la CEOE, eso no, que ya anunció la semana pasada que no acudiría.

El motivo es el decreto-ley de lobbies que aprobó el Consejo de Ministros el 25 de agosto, que entró en vigor dos días después, y que muy probablemente tumbará el Congreso este miércoles. «El texto nos da el mismo tratamiento que a Zapatero y a otros lobistas más o menos profesionales, cuando el artículo 7 de la Constitución deja claro que nuestro papel y nuestro rol tienen que ver con el interés público. Ni mucho menos somos un lobby», explican a El Debate desde la CEOE. «Nuestros estatutos, cuentas, subvenciones, etcétera, son absolutamente transparentes, como demuestra nuestra inclusión en el registro de la Unión Europea y en el de la CNMC».

El tema es tan serio que Antonio Garamendi anunció la ruptura de conversaciones con el Gobierno hasta que decaiga la norma. De no ser así, la patronal tendría que informar de sus reuniones, agendas y contactos a la hora de tratar materias tan importantes como el futuro de la vivienda, la energía, la industria, la tecnología…O ahora mismo el descalabro económico que está sufriendo Ceuta, hasta donde viajó la cúpula de la CEOE la semana pasada para apoyar a la ciudad autónoma.

«¿Acaso tiene algún sentido que tengamos que inscribirnos en el registro del Consejo de la Transparencia junto a las 250 firmas de la órbita de APRI que acaban de hacerlo?» Lanzan al aire esa pregunta retórica nuestras fuentes, en referencia a la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales. Llevaba meses presionando al PSOE y al resto de grupos parlamentarios para que sacaran del cajón una ley que llevaba aparcada casi año y medio. Y les vino a ver la Virgen de Lourdes cuando el vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, alertó de que España podría ver recortados entre 800 y 1.500 millones de euros los fondos europeos pendientes de recibir si la reforma no sale adelante.

Estos días, la patronal de los lobistas se ha ufanado en demostrar que el decreto-ley del Gobierno incorpora más del 80 % de las enmiendas presentadas tanto por la oposición como por los socios de Sánchez. Pero es más que plausible que pasado mañana tengan que tirar la toalla, toda vez que Foment del Treball ha convencido a Junts de que la nueva regulación genera mayor burocracia y dificulta el acceso de las pymes a la interlocución con la Administración General del Estado.

La cuestión es que la ley de lobbies, que también rechazan de pleno los sindicatos, supone el penúltimo torpedo en la línea de flotación del diálogo social. En un momento decisivo además, ya que toca pactar un nuevo AENC (Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva). En esa mesa no se sienta el Gobierno, bien es cierto, pero la CEOE se malicia que el Ministerio de Trabajo pueda adoptar después iniciativas que acaben dinamitando lo hablado en las conversaciones bipartitas. Como el registro horario, que afectaría al Estatuto de los Trabajadores. La patronal viene avanzando que impugnarán la reforma en los tribunales si se aprueba como una modificación del reglamento para esquivar que se vote en el Congreso.

«No descolgaremos el teléfono (hasta que decaiga la ley de lobbies)», declaró la semana pasada Garamendi desde Ceuta, aunque los contactos con el Gobierno han sido casi inexistentes últimamente. La anormalidad que se ha instalado en la vida pública española y que ha encontrado su cénit en la incalificable gestión de la invasión de la ciudad y sus efectos, también ha impactado en el diálogo social.

Hubo un tiempo en que nos quejábamos de que Yolanda Díaz solo pactaba con los sindicatos, que era algo bastante parecido a pactar con ella misma. Ahora ni eso. Y es un problema, porque son muchos los desafíos que tiene por delante nuestro mercado laboral. Como la asignatura pendiente de la productividad, que sigue estando 22 puntos por debajo de la Unión Europea, según los últimos cálculos de Fedea.

Desde que se aprobó la Constitución hace casi 48 años, la vía para superar las dificultades siempre ha sido un diálogo sincero y constructivo entre el Gobierno y los agentes sociales. Hay valores sagrados que nunca deberían truncarse.