El Gobierno falla en todos sus cálculos sobre la crisis de Ceuta y la agudiza

Este jueves se cumplirán 50 días desde la invasión de Ceuta y el Gobierno ha fallado en todos sus cálculos. Errores que se resumen en tres interrogantes: el Ejecutivo no sabe cuántos inmigrantes entraron, pero ya es evidente que fueron más de 80.000 e incluso puede que de 100.000, como sostuvo desde el principio Juan Jesús Vivas. Ni sabe cuántos de ellos siguen en la ciudad autónoma, aunque por fin ha empezado a reconocer que son 10.000 como poco, como también afirmó en todo momento el presidente ceutí. Y tampoco sabe a cuántos podrá expulsar ni cuántos se quedarán indefinidamente en Ceuta o pasarán a la península, porque los habrá.

La portavoz gubernamental, Elma Saiz, acusó ayer al PP de querer que la crisis de Estado «se enquiste» cuando, en realidad, el Ejecutivo se basta y se sobra para que, siete semanas después, Ceuta siga siendo un territorio de facto ocupado. El Gobierno ha ido ampliando las plazas de atención temporal para tener a los inmigrantes recogidos: 1.800 plazas, luego 3.300, luego 4.300, en breve 6.000… hasta que, por sorpresa, Pedro Sánchez señaló el lunes en La Sexta que pretenden llegar a 10.000 plazas, por lo que el Gobierno ya está trabajando en dos emplazamientos nuevos, que aún no ha anunciado. En esa misma entrevista, el presidente se dio de plazo hasta fin de año, por lo pronto.

El misterio del reparto de comida

El Ejecutivo se ha dado cuenta ahora, o eso aseguran fuentes gubernamentales, de que por la cantidad de comidas que están repartiendo en la playa de El Trampolín hay más inmigrantes ocultos de los que creyeron. Cada vez hay más ilegales bajo techo en los espacios habilitados por el Gobierno y, sin embargo, el reparto de comidas para los que quedan al raso no está descendiendo en la misma proporción. «Las comidas que damos (en la playa) no terminan de tener un descenso acorde a las entradas en los centros. Puede ser porque haya gente de Ceuta que esté viniendo al reparto de comida o porque los migrantes se subieron al monte cuando entraron y están bajando a la playa ahora», explican dichas fuentes.

Las últimas cifras aportadas este martes por el ministro responsable del mando único, Ángel Víctor Torres, no invitan al optimismo. Hay 1.822 expedientes de devolución abiertos a inmigrantes adultos y ninguno ha sido resuelto aún. Los únicos 307 inmigrantes expulsados hasta la fecha lo han sido por cometer delitos. Es decir, por un procedimiento de expulsión, no de devolución.

El Gobierno se encuentra con un problema añadido: muchos solicitan asilo, aunque en teoría los magrebíes (que representan el 90 % de los que entraron) no tienen derecho a esa protección internacional porque asaltaron la frontera por «razones económicas», según el propio Sánchez. Pero si se les deniega, pueden interponer un recurso contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional para así dilatar los plazos. Y hay abogados que los asesoran para que lo hagan.

Con los menores de edad, las cifras son aún más preocupantes. Las autoridades acaban de abrir los 10 primeros expedientes, y ello después de un mes y medio de choque de competencias jurídicas entre el Gobierno central y el ceutí sobre cuál de los dos debía asumir la representación legal y su coste. Finalmente, tras el desembolso de dos millones de euros por parte del Ejecutivo central y la firma de un convenio con el Colegio de Abogados que entró en vigor este lunes, serán sus letrados los que les presten asistencia.

El ministro Torres calculó este martes que quedan deambulando por las calles de Ceuta entre 700 y 1.000 menores, a los que se suman otros 2.048 menores bajo la tutela de la ciudad de Ceuta (los menores son competencia de las comunidades y ciudades autónomas). De ellos, 1.612 entraron en España el 30 de julio y los demás ya estaban de antes, pero estos últimos no llegaron a ser devueltos porque Marruecos nunca respondió a las solicitudes de las autoridades españolas. Ahora, las autoridades marroquíes sostienen que sí lo harán, aunque los precedentes son los que son.

La prioridad del Gobierno sigue siendo que los menores regresen al país vecino con sus familias. No obstante, quedará una bolsa importante. Y ahí solo hay una de dos: o se quedan en la ciudad autónoma o el Gobierno activa el artículo 35 de la Ley de Extranjería para obligar a las comunidades a asumir cupos, como dejó caer ayer el ministro Torres.

Ante este panorama, la gran esperanza del Ejecutivo es que los inmigrantes desistan y sigan marchándose por su propio pie. Hasta la fecha lo han hecho 5.482, 100 de ellos el lunes. «Están viendo que no tienen futuro, porque pasan un tiempo en un campamento y luego son devueltos. Y ese mensaje también hay que lanzarlo», resumen desde la Moncloa, con más fe que convicción. Mientras, siguen pasando los días, las semanas y los meses.