Elena Manzanera, la experta en el «dato único» al frente de la OCE que remitió el informe maquillado del CERA

La Oficina del Censo Electoral aseguró a la Junta Electoral Central que disponía de mecanismos de actualización, control y trazabilidad del censo de los españoles residentes en el extranjero. Sin embargo, el árbitro electoral concluyó que aquel informe no permitía alcanzar un pronunciamiento «claro y determinante» sobre dos cuestiones esenciales: si el procedimiento de actualización del CERA era jurídicamente correcto y cómo se asignaba el municipio electoral a sus nuevos inscritos.

Al frente de la Oficina se encuentra Elena Manzanera, una de las especialistas españolas con mayor experiencia en integración de registros administrativos, interoperabilidad, georreferenciación y explotación de datos públicos. En román paladino: es experta en cruzar los datos que diferentes registros de la Administración contienen sobre una misma persona, seguir su evolución y situarlos en el territorio. Antes de llegar al Instituto Nacional de Estadística había dirigido en Andalucía un sistema capaz de hacerlo a gran escala.

El acuerdo de la JEC del 16 de julio concentró las dudas en el municipio asignado a cada elector exterior, porque de esa decisión depende la provincia en la que se computará su voto. Quien residió en España queda vinculado, con carácter general, a su último domicilio. Quien nunca vivió aquí debe ser adscrito al municipio de mayor arraigo propio o de sus ascendientes. Si no aporta documentación suficiente, el consulado puede determinarlo de oficio.

La Junta calificó esa asignación como un «elemento esencial» para la correcta formación del CERA y exigió criterios objetivos, homogéneos y aplicables por igual en todos los consulados. También pidió saber quién examinaba las declaraciones de arraigo, cómo se elegía de oficio un municipio y si esas decisiones quedaban registradas y eran revisadas por la OCE. Finalmente, encargó a la Oficina una nueva instrucción y ordenó que cada adscripción quedara motivada en el expediente.

La JEC recordó además que la Oficina del Censo no es un simple buzón: supervisa la formación del censo y puede inspeccionar ayuntamientos y consulados. Hay un dato todavía más revelador: como directora de la OCE, Manzanera participa con voz, aunque sin voto, en las reuniones de la Junta Electoral Central. No es, por tanto, una destinataria externa a la que hay que explicar los requerimientos del árbitro.

Tres décadas en la sala de máquinas de los datos

Manzanera fue nombrada presidenta del INE el 1 de agosto de 2022, en sustitución de Rodríguez Poo, a propuesta de Nadia Calviño. Menos de tres meses después, la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública dictó la Instrucción de 25 de octubre, que adoptó una interpretación expansiva de la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática y proyectó sus efectos sobre la nacionalidad y el censo exterior. Al frente de la Oficina encargada de supervisar esas consecuencias censales estaba precisamente una experta en cruzar registros públicos.

Su trayectoria explica por qué esa responsabilidad resulta relevante. Se incorporó al Instituto de Estadística de Andalucía en 1990, fue subdirectora entre 2004 y 2019 y ese año fue nombrada directora del IECA por el Gobierno de Juanma Moreno, a propuesta del consejero de Economía, Rogelio Velasco, de Ciudadanos. Su especialidad iba más allá de tablas y encuestas: convertía grandes registros públicos en información útil para decidir.

En una publicación institucional de noviembre de 2020 resumió su doctrina: «Los datos se han convertido en un elemento estratégico». El modelo andaluz aprovechaba registros administrativos, combinaba información estadística y territorial y difundía los resultados en formatos que podían compartir distintos organismos.

Su principal infraestructura era la Base de Datos Longitudinal de Población de Andalucía. En ella reunía, sobre cada persona de manera individualizada información procedente de diferentes archivos públicos y permitía seguirla a lo largo del tiempo. Podía relacionar edad, nacionalidad, estudios, empleo, prestaciones o pensiones con el lugar de residencia.

Un mapa social de cuadrados de 250 metros

La base se conectaba con el Callejero Digital de Andalucía, asociaba internamente los datos de cada persona con su domicilio y publicaba después resultados agrupados en cuadrados de 250 por 250 metros.

Esas cuadrículas mostraban datos sobre edad, nacionalidad, lugar de nacimiento, estudios, afiliación a la Seguridad Social, demanda de empleo o pensiones. No se publicaban nombres ni domicilios individuales: la información se difundía de forma agregada y quedaba sometida al secreto estadístico. Cuando una celda podía permitir identificar a alguien, el dato se ocultaba.

La herramienta es perfectamente legal, técnicamente muy avanzada y demuestra hasta qué punto Manzanera conocía la relación entre identidad, registros públicos, domicilio, territorio y decisiones administrativas. Durante su etapa en el IECA, se utilizó para planificar plazas escolares, delimitar zonas desfavorecidas, localizar áreas con mayores que vivían solos, estudiar la inserción laboral de universitarios o calcular el acceso a servicios sanitarios, entre otros.

El «dato único» y la trazabilidad

La otra pieza del modelo era el «dato único»: cada dato debía producirse una sola vez por el organismo mejor situado para mantenerlo al día y ser reutilizado después por el resto del sistema estadístico y cartográfico andaluz. Así se evitan duplicidades, errores y versiones contradictorias. Cuanto más integrado está un sistema, mayor es la exigencia de trazabilidad. Debe poder saberse quién introdujo cada dato, con qué documento, cuándo, qué organismo lo validó y qué decisión se tomó a partir de él.

La experiencia de Elena Manzanera descarta que desconociera las posibilidades de cruzar, territorializar y auditar datos públicos. Las preguntas son concretas: qué alertas elaboró la OCE desde 2022; si podía distinguir las altas derivadas de los supuestos expresamente previstos en la ley de las amparadas por la interpretación expansiva de la Instrucción; por qué el único informe de la Oficina dejó cinco lagunas; y si inspeccionó los criterios de adscripción territorial aplicados por los consulados. Tras el auto del Supremo, la JEC volvió este lunes a reclamar el desglose pendiente dentro de los plazos fijados por la Sala. El CERA, mientras tanto, ha seguido moviendo el contador y suma ya cerca de medio millón de electores desde noviembre de 2022.

Naturalmente, nada de lo documentado permite afirmar que Elena Manzanera manipulase una inscripción, favoreciese a determinados electores o actuase con finalidad partidista. Pero sí hay una responsabilidad institucional concreta: no consta que la OCE activara ante la JEC la comunicación prevista en el artículo 30.c) de la LOREG pese al crecimiento extraordinario del CERA, y su único informe entregado no despejó los datos esenciales que reclamaba el árbitro electoral.

Ahora la máxima responsable de la OCE nombrada por el Gobierno de Sánchez deberá poner sobre la mesa, dentro de los plazos impuestos por el Supremo, los datos que permitan comprobar si se ha preservado la integridad de la cadena censal antes de la prueba decisiva de toda democracia: las urnas.