El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, cabizbajo durante una sesión en la Asamblea Nacional
Francia, en problemas, ya paga más que Italia por su deuda y amenaza con arrastrar a Europa
El bono francés a diez años roza el 5 %, su nivel más alto desde 2002, mientras crece la preocupación por las cuentas públicas
Francia empieza a pagar caro el deterioro de sus cuentas públicas. La deuda del país vecino, que roza el 120 % del PIB, se ha convertido en un dolor de cabeza para los inversores, que exigen intereses cada vez mayores para prestarle dinero. Tanto es así que la prima de riesgo francesa ha superado a la de Italia, uno de los países tradicionalmente más castigados por los mercados de deuda. Y la situación amenaza con extenderse al resto del continente.
Mientras el bono alemán, que sirve de referencia para medir el riesgo de los demás países, ha pasado del 2,84 % al 3,47 % desde enero, el francés ha subido del 3,55 % al 4,87 % en octubre. Es decir, los inversores no solo exigen más rentabilidad por prestar dinero en Europa, sino que están penalizando especialmente a Francia.
La diferencia se aprecia en la prima de riesgo, que mide cuánto más debe pagar un país por financiarse respecto a Alemania. Francia comenzó 2026 con un diferencial de unos 71 puntos básicos, pero en las últimas semanas ha llegado a superar los 150. Aunque posteriormente se ha moderado hasta el entorno de los 140, prácticamente duplica los niveles de principios de año.
Durante años, Italia ha tenido que ofrecer intereses superiores a los franceses para atraer a los inversores. Su elevada deuda pública y los problemas recurrentes de sus cuentas explicaban buena parte de esa diferencia. Ahora ocurre lo contrario: el bono francés a diez años ofrece una rentabilidad próxima al 4,9 %, frente al 4,6 % del italiano. París paga así unos 30 puntos básicos más que Roma para financiarse.
Y eso que Italia sigue teniendo una deuda pública proporcionalmente mayor. Sin embargo, la incertidumbre política y las dificultades para reducir el déficit han llevado a los inversores a exigir más intereses a Francia. España, por su parte, mantiene una prima de riesgo considerablemente inferior a la de ambos países, lo que indica que el castigo de los mercados se concentra especialmente en París.
Los problemas franceses vienen de lejos. El país no registra superávit público desde 1974 y acumula una deuda de 3,59 billones de euros. El Gobierno de Sébastien Lecornu prevé cerrar este año con un déficit del 5,4 % y reducirlo al 5 % en 2027, pero tendrá que conseguir el respaldo de una Asamblea Nacional profundamente dividida para sacar adelante sus planes.
A la dificultad de cuadrar las cuentas se suma una factura por intereses cada vez mayor. Francia prevé emitir el próximo año 340.000 millones de euros en deuda a medio y largo plazo, 30.000 millones más que en 2026 y la mayor cantidad de su historia. Parte de estas emisiones servirá para refinanciar títulos emitidos durante la pandemia y la crisis energética, cuando financiarse resultaba mucho más barato.
El encarecimiento no afecta de golpe a toda la deuda acumulada, pero sí a los nuevos préstamos y a los títulos que deben renovarse. Cuanto más tiempo se mantengan los intereses actuales, mayor será la factura. Según las previsiones de la Agencia France Trésor la carga presupuestaria de la deuda del Estado alcanzará los 62.600 millones de euros este año y aumentará hasta los 72.900 millones en 2027. Son 10.300 millones adicionales en apenas un ejercicio.
El riesgo de contagio a Europa
El problema es que Francia no es una economía cualquiera. Se trata de la segunda mayor de la eurozona y sus bancos y empresas mantienen estrechas relaciones financieras con el resto del continente. Si la desconfianza de los inversores se prolonga, el encarecimiento de la deuda pública puede acabar trasladándose también a las entidades financieras y las compañías francesas.
Por ahora, los mercados no muestran una reacción semejante en España o Italia, pero las dificultades de París han vuelto a poner sobre la mesa la posibilidad de que el Banco Central Europeo tenga que intervenir si las tensiones se extienden.
El BCE dispone de un mecanismo, conocido como Instrumento para la Protección de la Transmisión (TPI), que le permite comprar deuda de determinados países para frenar movimientos desordenados en los mercados. Sin embargo, se trata de una herramienta que está condicionada al cumplimiento de una serie de requisitos y no está concebida para financiar a gobiernos que no consiguen corregir sus desequilibrios presupuestarios.
La próxima prueba para París será la aprobación de los Presupuestos de 2027. El proyecto contempla un ajuste de 54.000 millones de euros, pero Lecornu deberá negociar con un Parlamento fragmentado y a pocos meses de las elecciones presidenciales. El Gobierno tendrá que convencer a los inversores de que puede reducir el déficit mientras afronta unas necesidades de financiación récord y una factura por intereses cada vez mayor.
