El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez
Los caseros estallan contra los decretos de vivienda: «Van a conseguir que retire mi piso del mercado»
Las medidas introducen nuevas limitaciones pero no actúan sobre la escasez de oferta por lo que trasladan más presión a un mercado ya tensionado
«Tenía mi piso anunciado y, cuando conocí las nuevas medidas del Gobierno, decidí retirar el anuncio». Esta es una de las frases más escuchadas en las últimas dos semanas en el sector inmobiliario. Patronales, portales y expertos ya lo habían avisado, igual que hicieron con la Ley de Vivienda, y está volviendo a pasar.
Los dos reales decretos de vivienda que el Gobierno ha aprobado por segunda vez en el Consejo de Ministros, y que pretende convalidarlos en la Diputación Permanente tras la disolución de las Cortes por el adelanto electoral, han vuelto a poner en pie de guerra a los propietarios. Y es que medidas como la recuperación del escudo antidesahucios vuelven a cargar sobre los caseros responsabilidades que, a juicio de los expertos, como la Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler (Asval), corresponden a las Administraciones.
Aurora tiene un piso en Madrid que llegó a anunciar, pero al día siguiente de conocer las medidas que el Gobierno de Sánchez quiere sacar adelante, decidió retirarlo. «Es un piso grande, idóneo para familias. Y me echa para atrás esa protección que se le da al inquilino si se declara vulnerable», cuenta en conversaciones con El Debate.
Otro ejemplo es el de Ana. Ella tiene un inmueble alquilado a una persona vulnerable en Asturias. Es consciente de que con la legislación vigente hasta este momento ya había problemas, pero siempre valoró el darle un uso y tenerlo arrendado. «Yo se lo alquilo a un precio inferior al del mercado. El inquilino tiene ayuda pública, y un 50 % se lo paga él y la otra mitad la Administración», relata. Ahora, con las nuevas medidas, «lo que van a conseguir es que lo retire del mercado y lo use yo. Tengo dos hijos, y tengo miedo de que pronto lo necesiten y yo no lo pueda recuperar», protesta.
No soy un fondo buitre, no soy una especuladora y no tengo diez casas. Esta es la única
La prórroga extraordinaria de hasta dos años, con las mismas condiciones, para los contratos de alquiler que venzan antes del 31 de diciembre de 2028 también genera mucho rechazo. Laura, por ejemplo, compró un piso alquilado con el dinero que había heredado de su padre. Los inquilinos terminan el contrato en octubre de 2027 y están pagando una renta muy inferior a la del mercado.
En abril ya recibió un burofax para acogerse a la prórroga de dos años que luego tumbó el Congreso y ahora vive con incertidumbre de que vuelva a pasar. «Yo cargo con los gastos de comunidad que son altísimos, el IBI y la tasa de basuras. No soy un fondo buitre, no soy una especuladora y no tengo diez casas. Esta es la única», lamenta.
«Van a pagar sin estar»
El Gobierno también regula los contratos temporales, que deberán acreditar una causa real que justifique la temporalidad, y tendrán una duración superior a 31 días y, con carácter general, no podrán superar los 12 meses. Si se prolongan sin una causa válida o se encadenan determinados contratos, podrán considerarse alquileres de vivienda habitual.
Esta medida no solo perjudica a los caseros, también a los inquilinos, sobre todo en ciudades universitarias como es el caso de Salamanca. «Alquilo mi piso a estudiantes en modalidad de contrato temporal, ya que es una ciudad universitaria y es habitual que no se paguen los dos meses de verano. Con el nuevo decreto, un estudiante de primero de carrera que quiera estar en mi piso los cuatro cursos no podrá, y estará forzado a buscarse otro en tercero», relata Roberto, propietario de un piso en la ciudad castellanoleonesa.
Existe la posibilidad de hacer un contrato residencial, pero, «es perjudicial para ellos, porque pagan dos meses sin estar en el piso, y para mí, porque disfruto de la vivienda durante los meses de verano».
Más exigencias
Todo el sector inmobiliario, incluidos los propietarios con los que ha hablado El Debate, ha mostrado su rechazo a la triquiñuela que ha hecho el Ejecutivo de Sánchez, y la califican de «fraude constitucional» que genera una grave situación de inseguridad jurídica.
Las medidas que introducen nuevas obligaciones o limitaciones sin actuar simultáneamente sobre la escasez de oferta trasladan más presión a un mercado ya tensionado. El resultado, además de retirar las viviendas del mercado, será exigir perfiles económicos más sólidos y garantías adicionales. Los principales perjudicados serían los jóvenes, los trabajadores temporales, los autónomos y los hogares con ingresos irregulares, que ya encuentran mayores dificultades para acceder a una vivienda.