Guerra caseros-inquilinos tras pinchar la prórroga de alquileres: «Me han dado la mano y les he cogido el brazo»

La caída de la prórroga de los alquileres ha dejado en un limbo jurídico a los propietarios y a los inquilinos. El texto, que fue derogado en el Congreso el pasado martes, congelaba durante dos años los contratos de alquiler que finalizaban entre el 21 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027. Pero como la normativa «no tenía una técnica jurídica correcta», en palabras de juristas, está dando lugar a muchas interpretaciones y, aumentando, aún más, la «guerra» entre inquilinos y propietarios.

Alexia tiene 28 años, y vive de alquiler en un barrio obrero de Madrid. Actualmente paga por su piso 500 euros al mes, pero sus caseros ya le han avisado que, a partir de julio, que es cuando se le acaba el contrato, le iban a subir el alquiler a precios de mercado. Según sus cálculos son unos 800 o 900 euros al mes.

Esta joven, en un principio, tenía intención de comprarse un piso, incluso les hizo una oferta a los propietarios, pero la rechazaron. Al ver que no podría adquirir una vivienda, decidió solicitar la prórroga del alquiler. «Fui a Correos con mucha ansiedad y sensación de desamparo. Envíe un burofax con acuse de recibo, sin avisarles previamente para evitar que pudieran eludir la notificación», cuenta a El Debate. Pero ellos todavía no lo han recogido, de hecho, se enteraron de su existencia cuando habló con ellos para gestionar una reparación en la casa. «Me respondieron sorprendidos, preguntando qué burofax. Ahora son conscientes de que existe, pero siguen sin recogerlo», asegura.

Alexia afirma «sentirse mal». «Siempre se han portado bien conmigo. Cuando lo dejé con mi expareja les pedí que me bajaran 50 euros el alquiler y lo hicieron», cuenta esta joven. A raíz de esto ha notado un cambio en ellos. «Antes gestionábamos todo directamente, pero ahora me han derivado a la empresa de alquiler», explica. «Creo que han percibido que me han dado la mano y yo les he cogido el brazo», añade.

Y es que, por su propio «bienestar» y por «el miedo a quedarme sin techo», no considera denunciarlos. «Confío en el buen hacer de las personas», asegura Alexia. Ella considera que sería conveniente mantener lo que se ha establecido en el decreto, pero también cree que «el Estado debería apoyar de algún modo a los caseros que tengan que hacer frente a la congelación de la renta, sobre todo para los pequeños propietarios, como los míos».

«Se siente como una batalla campal. Y hay que entender que no todos los propietarios son iguales. Pueden tener su propia vivienda, y otro para alquilar, pero eso no significa que estén montados en el dólar», considera Alexia. «Quiero confiar en el diálogo, porque la polarización nos lleva a territorios muy hostiles», sentencia.

Otro caso completamente distinto es el de Marta –nombre ficticio para preservar su identidad–. Su contrato finalizaba en 2027, y solicitó la prórroga, pero su casera no se lo tomó «bien», y le respondió que «no la aceptaba porque sabía que no se iba a convalidar».

Esta joven vive con un gato, y tiene una autorización escrita de la propietaria donde se le permite tenerlo en el piso, pero tras solicitarle la congelación del contrato «me dijo que tenía que sacar inmediatamente al animal y que revocaba la autorización que me había dado dos años antes», cuenta. Marta, tras las amenazas, decidió buscarse otro piso y se mudará este mes, para así evitar ir a los tribunales.

Casos muy distintos son el de Isabel, o el de Raúl –ambos nombres también son ficticios–. La primera vive con su hermana, y cuando se enteraron de que el Consejo de Ministros había aprobado un decreto para prorrogar los alquileres aprovecharon para preguntar a su casera que planes tenía para cuando se les acabase el contrato, que era a finales de año. Esta les comentó que tan solo le iba a subir 50 euros al mes, por lo que no enviaron el burofax, «sino lo hubiéramos hecho», afirma.

Raúl tampoco llegó a solicitarla. Él argumenta que «por ética». Y es que, sus caseros son una familia con dos niños pequeños, que viven en Zaragoza, por trabajo, de alquiler. «Querían vender el piso de aquí para poder comprarse uno allí, por lo que decidimos irnos cuando acabe el contrato», cuenta.

«Necesitamos el dinero para vivir»

Muchos propietarios, siguiendo el consejo de abogados, han optado por esperar a ver qué pasaba en el Congreso para responder al burofax. Es el caso de Laura. Sus inquilinos terminan el contrato en septiembre de 2027, pero hace unas semanas recibió el burofax solicitando la prórroga.

Ella ha optado por contestarles ahora que sabe que el decreto ha decaído. «Les diré que al decaer el decreto no les aplica», cuenta a El Debate. Laura todavía no sabe que pasará dentro de un año y medio, pero su intención era subirles unos 400 euros al mes, ya que «pagan un alquiler muy barato, de 900 euros en pleno barrio de Chamberí». «No soy un fondo de inversión, soy una pequeña propietaria que necesita ese dinero para vivir», sentencia.