La política económica del sanchismo (I)

Referirse al conjunto de decisiones económicas que han tomado Pedro Sánchez y su gobierno de radicales de izquierda y de nacionalistas que anteponen sus deseos de independencia al bienestar de sus votantes como «política económica» puede parecer una aberración. Pero no lo es. Lo que ha ocurrido durante los años del sanchismo tenía un objetivo: conseguir que un porcentaje significativo de los votantes apoyaran al PSOE en las próximas elecciones por el temor a verse privados de ayudas públicas para mantener su nivel de vida, cada vez más mísero.

Para que la economía de cualquier país crezca solo hay dos vías. La primera, incrementar el número de personas ocupadas. La segunda, mejorar la productividad de los empleados fomentando su preparación y haciendo más productivo el tejido empresarial con desregulaciones, inversiones públicas, incentivando la inversión privada, reduciendo los impuestos que afectan directamente a los resultados empresariales, fomentando la transformación tecnológica y asegurando el respeto a las decisiones empresariales sin interferir en las mismas con regulaciones fiscales, laborales y administrativas cuyos objetivos sean de carácter político.

La política económica del sanchismo se ha centrado en aumentar la población residente en España, para lo que ha incentivado la llegada de inmigrantes, como mano de obra barata, que han estado dispuestos a incorporarse a la población activa laboral con salarios reducidos y trabajos ocasionales y esporádicos en empresas que no requieren mucho capital, y que están cubriendo, en parte, necesidades laborales acuciantes que han surgido con la disminución de la población activa española, si bien, otra parte pasa directamente al desempleo, que se subvenciona con instrumentos como el ingreso mínimo vital.

La gran contradicción ha sido combinar atracción de inmigrantes con persecución a las empresas

La gran contradicción de esta política ha sido combinar la atracción de inmigrantes, que en los ocho años del sanchismo suman ya, probablemente, 4.200.000 personas (a septiembre de 2026), con la persecución a las empresas, a las que se les ha machacado con aumento de las cotizaciones sociales, limitando su derecho a compensar sus pérdidas en ejercicios pasados, obligándoles a pagar salarios mínimos cada vez más altos, sin vinculación con la productividad de los trabajadores, dificultando o impidiendo la reducción de las plantillas cuando sus resultados o su futuro lo hacían necesario. Todavía peor ha sido la incentivación a que los trabajadores se den de baja cuando quieran, pero cobrando sus sueldos íntegros. En las Administraciones públicas, que han incrementado el número de sus empleados en 400.000 personas en estos ocho años, (entre los que se encuentran más de 1000 asesores de Sánchez) se han reducido las horas de trabajo y se ha permitido el teletrabajo para cualquier tipo de actividad.

Para analizar los resultados cuantitativos de estas políticas, vamos a exponer los datos macroeconómicos que han permitido a instituciones como la OCDE, algunos bancos de inversión y a las agencias calificadoras del riesgo país alabar la política económica del sanchismo, contraponiendo sus supuestos resultados positivos de crecimiento a los mucho peores de otros países miembros de la Unión Europea. Hasta el punto de que Sánchez pudo decir que «la economía va como un cohete». Desde hace un año ya no lo dice, porque las consecuencias de su política económica ya están comenzando a ponerse de manifiesto. El gran apagón de toda España en 2025 es una consecuencia de su política económica. El accidente de Adamuz y los continuos retrasos y averías de toda la red ferroviaria es otra consecuencia. La falta de viviendas y el precio inasumible de los alquileres es también consecuencia de esa política económica.

Para examinar su política económica vamos a ver cómo se han modificado la población, el Producto Interior Bruto (el PIB), la renta real disponible de los residentes en España, la ocupación, el desempleo y la construcción de viviendas. Y, por supuesto, la política fiscal, las inversiones públicas y a que se ha dedicado el gasto público, que ha crecido desmesuradamente en este periodo.

La población, la gran variable

Se trata, sin duda, de la gran variable que afecta al crecimiento. Una población en descenso natural, por fallecimientos que superan a los nacimientos, es un obstáculo al crecimiento económico a corto plazo. La única manera de compensar ese impulso negativo es mejorar la productividad de la mano de obra empleada. Lo que están haciendo la mayoría de los países más desarrollados de la Unión Europea, lo que hace ahora Estados Unidos y lo que hace Japón desde los años setenta del siglo pasado. Todos estos países están restringiendo la inmigración, limitándola, cuando pueden, a mano de obra cualificada, tras comprobar no solo los problemas sociales de las inmigraciones masivas, sino tras darse cuenta de que este tipo de aumento de la población requiere enormes inversiones en vivienda, comunicaciones, transportes y servicios sanitarios y ayudas sociales que provocan un gran aumento del déficit público. El gobierno de Sánchez ha hecho exactamente lo contrario, por eso acaba de votar en contra del control de la inmigración en la Unión Europea. El único que lo ha hecho entre los 27 países miembros.

En España, en 2018, la población de españoles de origen, nacionalizados e inmigrantes residentes era de 46.658.447 personas. En junio de 2026 alcanzó las 49.800.000 personas. En diciembre de este año, en la medida en que se está reconociendo la residencia a una gran cohorte de inmigrantes, vía regularización, estaremos muy cerca de los 50.200.000 habitantes, lo que significará un incremento de habitantes de 3.500.000. Si a ese crecimiento restamos la disminución de 900.000 personas por causas naturales (menos nacimientos que fallecimientos) el resultado es que los inmigrantes que han conseguido la residencia en España podrían sumar más de 4.400.000 personas.

Un incremento de ese calibre en tan solo ocho años hay que compararlo con la evolución de la población en Estados Unidos y los países más desarrollados de la Unión Europea. Sin olvidar que, al existir Schengen, los que adquieren un pasaporte español son ciudadanos europeos. En los Estados Unidos, desde 2018 hasta 2024, es decir, antes de la toma del poder de Trump, los inmigrantes que llegaron en ese período sumaron 9 millones de personas. La población de Estados Unidos es de alrededor de 325 millones de habitantes. Esos inmigrantes, por tanto, incrementaron la población en un 3%.

En España desde 2018 a 2026 el porcentaje del incremento de la población hasta 50.200.000 personas habrá sido de un 7,6 %.

La población de Alemania desde 2018 hasta 2025 pasó de 83 millones a 83.470.000 personas. Es decir, un aumento de 470.000 personas. Resultado de un descenso natural de 3.600.000 habitantes y una inmigración de 4.070.000 personas.

En Francia la población pasó de 67 millones a 68.900.000 personas, un aumento de 900.000 personas, un crecimiento resultante de un aumento natural y de una inmigración de 1.840.000 personas.

En Italia se pasó de 60.400.000 personas a solo 59 millones, una reducción de la población de 1.400.000 personas justificado por un descenso natural de 2.300.000 habitantes y una entrada neta de 1.540.000 personas.

El panorama de la inmigración ha cambiado radicalmente en los tres países en los últimos años. En concreto, en 2025, el número de inmigrantes fue de 235.000 en Alemania, 440.000 en Italia y 418.000 en Francia. En España, en ese año, fue de más de 750.000, si bien otros 250.000 salieron a otros países.

Volviendo a España, veamos qué tipos de personas han conseguido la residencia. Según las estadísticas oficiales entre el 35% y el 42% eran trabajadores en busca de un empleo, entre el 40% y el 45% eran familiares de residentes con derecho a la reagrupación familiar y entre el 15% y el 20% eran estudiantes, asilados, o de personas que gozaban legalmente de protección internacional. Los que aparecen como trabajadores, si lo fijamos en el 43% de los más de 4.100.000 inmigrantes hasta junio de 2026 sumarian 1.780.000 personas. Un porcentaje indeterminado del tramo del 15% o 20% del tercer grupo necesariamente tendría que trabajar. Al menos otras 620.000 personas. De entre el 40% y 45% que lograron la residencia por reagrupación familiar es lógico pensar que las parejas, hombres o mujeres, que llegaron a España por esa vía, se incorporaron al mercado de trabajo. Sin más datos y sin saber los que eran hijos menores de edad o mayores cercanos a la jubilación, es casi imposible acercarse a una cifra fiable. Por ello, supondremos que el 20% de esa cohorte se incorporaron al mercado de trabajo. Otros 350.000 potenciales trabajadores. En conjunto, por tanto, de los 4.100.000 inmigrantes que lograron la residencia en ese periodo, es posible que alrededor de 2.750.000 se incorporaran al mercado laboral.

En próximos artículos analizaremos el empleo, la evolución del PIB, la inflación, la vivienda y los objetivos finales del sanchismo.