La política económica del sanchismo (III): la inflación, los alquileres y la vivienda

Cuando hablamos de inflación nos referimos al incremento de los precios del conjunto de bienes que consumen los habitantes de cualquier país. El Índice de Precios de Consumo ha crecido en un 21% entre 2018 y finales de 2025. Dentro de ese conjunto de bienes el precio de todo lo que tiene que ver con la alimentación y las bebidas supone el 40 %; es lo que se denomina la «cesta de la compra». Esa cesta ha subido de precio no el 21 % del IPC sino el 35 % en ese período. Esa subida está afectando desproporcionadamente a las familias de rentas bajas y medias, que gastan en la cesta de la compra cantidades muy por encima del 40 % de ese promedio, por lo que la subida del 35 % en sus precios les obliga a disminuir el consumo de cualquier otro bien y a comprar no lo más nutritivo sino lo más barato.

Para sorpresa de casi todos, los alquileres solo tienen un peso del 2 % en el IPC

Dentro del IPC también figuran los alquileres que, para sorpresa de casi todos, tiene un peso en el índice de precios de solo el 2 %. ¿Cómo es posible? Por varias razones. En primer lugar, el 75 % de las familias son propietarias de sus viviendas. Solo el 25 % viven de alquiler y no todos están teniendo que renovarlos en 2026. Aunque los datos sobre alquileres sean muy difíciles de homogeneizar, parece que, en 2026, en promedio, hasta septiembre, habrían subido un 78 %. Si esto fuera así la inflación subyacente podría haber aumentado un 1,56 %, lo que ayudaría a explicar que el IPC a septiembre de 2026 esté subiendo casi el 5 %.

De lo que no cabe duda es que la carencia de viviendas de alquiler está afectando muy negativamente a la mayoría que han tenido también que soportar el aumento del coste de la cesta de la compra.

El caso especial de las viviendas

En los últimos ocho años se han construido en España alrededor de 80.000 viviendas anuales. El total en este periodo ha sido de 645.000. Desde hace tiempo el Instituto Nacional de Estadística recuerda que se están creando 200.000 hogares anuales, que no tienen dónde meterse, de ahí que se haya generalizado el alquiler de habitaciones en lugar de viviendas. No es muy difícil explicar de dónde sale esa demanda. En la primera parte de este escrito, en el que se analizó el aumento de la población por la llegada de 4.100.000 inmigrantes, se llegaba a la conclusión de que cerca de 2.750.000 de ellos eran, o serían, trabajadores en busca de empleo. En algún sitio han tenido que buscar un techo en el que cobijarse. Y en la medida en que se integren en la sociedad española y formen familias necesitarán —ya lo necesitan— viviendas.

El gobierno de sanchistas no puede haber sido tan inútil como para ignorar de dónde viene la demanda de viviendas y cómo iba a afectar a los precios de las viviendas y a los de los alquileres. El gobierno no solo ha desatendido la demanda de alquileres, sino que ha desincentivado ese mercado, protegiendo las ocupaciones ilegales y obligando a los propietarios a aceptar extensiones de los arrendamientos, sin adaptarse a las condiciones de cada momento en el mercado. Los dos decretos-leyes que fueron rechazados en el Congreso el 1 de octubre de 2026 son el ejemplo perfecto de la política del gobierno. Se trataba de crear malestar social. La aprobación de al menos uno de esos decretos por la Diputación Permanente del Congreso es, evidentemente, inconstitucional, pero Conde Pumpido, como primer sanchista que es, apoyara al gobierno. El problema no tiene solución a corto plazo. Lo que está claro es que la resolución de este problema obligará al gobierno que siga al sanchismo a destinar recursos públicos para resolver este problema.

No está de más comparar la construcción de viviendas en España con la de Alemania, Francia e Italia en los últimos siete años. En Alemania, la población pasó de 83.000.000 a 83.470.000 personas, con una inmigración de 4.070.000 personas desde 2018 a 2025. En ese periodo se construyeron 2.230.000 viviendas. En Francia, la población pasó de 67 millones a 68.900.000 habitantes, con una inmigración de 1.540.000 personas. En esos siete años se construyeron 2.745.000 viviendas. En Italia, la población descendió desde los 60.400.000 habitantes a sólo 59.000.000, con una inmigración de 1.640.000 personas. En esos años se construyeron 442.000 viviendas. En los tres casos la construcción de viviendas parece haberse adecuado a los cambios en la población total y al número de inmigrantes. Nada que ver con España. Para nuestra vergüenza.

La situación en España se va a agravar aún más, dependiendo de cuántos inmigrantes se regularicen en el proceso en marcha y de cuántos descendientes de españoles consigan la nacionalidad y de cuántos de ellos deciden venir a vivir a España.

Otra forma de cuantificar y comparar lo que se ha edificado en España y en esos tres países europeos es calcular el número de viviendas construidas en ese periodo en relación al número de habitantes. En España se han construido un promedio de 2 a 2,3 viviendas por cada mil habitantes. En Alemania ese mismo promedio ha sido de 3,5 a 4,2.En Francia de 5,5 a 6.En Italia en torno a los 2,5 (lo que tiene lógica tras el histórico descenso de la población italiana).

En España la inversión total en viviendas alcanzó los 98.200 millones de euros, un 5,8% del PIB en 2025. Sólo para cubrir el déficit de un millón de viviendas que se ha creado durante los últimos ocho años serán necesarios 980.000 millones de euros de inversión, si los precios finales de construcción fueran los mismos que en 2025. Esa es la dimensión del problema.

Resolver este problema no va a ser fácil para nadie. De hecho, al margen del deseo de inocular malestar social con los obstáculos que ha introducido el sanchismo, si el gobierno hubiera querido no agravar todavía mas la situación se habría encontrado con grandes dificultades.

La gran crisis económica de 2008 a 2012 fue provocada, en España, por el exceso en la concesión de crédito bancario a las empresas de promoción inmobiliaria. Estos excesos de crédito, en gran parte puramente especulativos, provocaron la quiebra de una parte sustancial des sistema financiero español. Hasta tal punto que fue necesario su rescate por parte del Banco Central Europeo.

Durante esos años y hasta 2014 el mercado inmobiliario entro en una crisis muy profunda durante la cual desapareció un porcentaje muy elevado del propio sector de la construcción.

La recuperación del sector para poder construir muchas más viviendas de las que se terminan en la actualidad parte de este primer problema, el reducido tamaño del propio sector.

Los otros problemas son incluso más difíciles de resolver. El primero es el de la financiación del sector. Como consecuencia de la crisis de 2008 el sector bancario tiene el obstáculo de las normas de Basilea II, que solo permiten la financiación a empresas de promoción inmobiliaria si se cumplen requisitos muy exigentes en lo relativo a ventas aseguradas y fondos propios y a la obligatoriedad para los bancos financiadores de constituir reservas muy elevadas para garantizar ese riesgo. Dada la cuantía de la financiación requerida, mas de 980.000 millones para construir un millón de viviendas adicionales, es imprescindible la ayuda del gobierno nacional, que tendrá que garantizar a las entidades financieras la cobertura de una parte considerable de ese riesgo.

El tercer problema es el de la escasez de suelo que, nuevamente, sólo podrá resolver el gobierno de turno agilizando todo el proceso de conversión de suelo en suelo urbanizable.

Finalmente, desde el punto de vista de los compradores de viviendas haría falta reducir los altísimos impuestos que recaen sobre ellos e introducir desgravaciones fiscales, como se hizo con éxito en el pasado.