Carbó y Pampillón: «La revalorización de las pensiones está garantizada gobierne quien gobierne»

Los partidos políticos están ya en modo electoral, y cada uno defiende sus posturas, también en el lado económico. ¿Puede el Gobierno de Sánchez estar satisfecho de su gestión en materias como las pensiones, la vivienda o el Salario Mínimo Interprofesional (SMI)? Los catedráticos Santiago Carbó y Rafael Pampillón explican por qué no en nuestro podcast El Debate de la Economía, cuyo audio puede oírse íntegro pulsando al inicio de estas líneas.

«En materia de vivienda, la situación es muy mala debido a una falta severa de oferta que ha encarecido los precios», señala Carbó. «Aunque esto aumenta la rentabilidad de los propietarios, las medidas de los últimos ocho años no han sido suficientes para garantizar el acceso asequible en compra o alquiler», añade.

Sánchez no ha tomado buenas medidas en vivienda en sus ocho años de Gobierno

Pampillón añade que «la creación de hogares ha crecido con fuerza, y la población roza ya los 50 millones de habitantes. El desajuste entre los nuevos hogares y los inmuebles terminados acumula un déficit de 750.000 viviendas en los últimos cinco años. No se ha actuado para apoyar la construcción privada ni para impulsar la vivienda social».

En cuanto a las pensiones, la revalorización está garantizada, «pero el debate real sobre su sostenibilidad financiera se ha ido posponiendo de forma continuada», lamenta Carbó. «La revalorización de las pensiones está asegurada bajo cualquier Gobierno», reitera Pampillón. «Sin embargo, la llegada a la jubilación de la generación del baby boom incrementará el gasto en prestaciones elevadas, mientras que los trabajadores jóvenes aportan cotizaciones menores. Cuando los gastos superan a los ingresos, el sistema sufre, por lo que sería imprescindible convocar los Pactos de Toledo para acordar soluciones de consenso», añade.

Y en cuanto al Salario Mínimo Interprofesional, la gran bandera de Yolanda Díaz, Carbó sostiene que «subirlo podría haber sido necesario en algún momento, pero la falta de consenso con la patronal ha debilitado el proceso. Un salario es un precio, y no se puede fijar sin la participación de todas las partes. La capacidad de absorción de costes de un empresario en un pueblo de Badajoz difiere notablemente de la de una gran capital como Madrid». «La propuesta de elevar el SMI un 7% —de 1.221 a 1.306 euros— con la productividad estancada solo se traducirá en un aumento de los costes salariales que las empresas trasladarán a los precios finales, alimentando la inflación», añade Pampillón. A ello hay que añadir que se ha demostrado con estudios que la subida del SMI desincentiva la creación de empleo.

La huelga del 11-N resulta difícil de entender. Las movilizaciones históricas respondían a recortes laborales concretos o pérdidas de derechos

Sobre la inflación, Carbó apunta que «su evolución dependerá de los conflictos internacionales, en especial en el estrecho de Ormuz. Aunque España no dependa directamente de esa zona, el mercado global del petróleo se contagia y encarece el transporte y las materias primas, trasladando la presión a la inflación subyacente-la que excluye los precios de la energía y los alimentos frescos-. Las familias han perdido poder adquisitivo, y una deflactación de las tarifas del IRPF aliviaría su situación. Sin ganancias de productividad, las tensiones inflacionistas llevarán al Banco Central Europeo a mantener tipos altos, lo que ya está encareciendo el Euríbor y las hipotecas».

En este contexto de falta de productividad, la principal lacra de la economía española, los sindicatos convocan una huelga para el 11 de noviembre, algo que parece poco oportuno: «Una huelga general en vísperas electorales resulta difícil de comprender. Las movilizaciones históricas respondían a recortes laborales concretos o pérdidas de derechos. En este caso, tras la aprobación de numerosas medidas sociales, la convocatoria carece de un objetivo claro y únicamente introduce incertidumbre», estima Carbó. «Una huelga general no va a construir más viviendas ni va a aumentar la productividad. Por otro lado, la vivienda se abarataría reduciendo la carga fiscal, que representa hasta un 30 % de su valor», incide Pampillón.

Por si no faltaban problemas, Estados Unidos ha anunciado que se plantea cobrar 200.000 dólares a los barcos españoles que vayan por su país, y restringir el comercio de productos como el aceite, por no dejar Sánchez repostar en nuestro país a los barcos estadounidenses que van camino de Israel: «Al final no levantarse ante la bandera de Estados Unidos se paga -lo hizo Zapatero en el desfile del 12 de octubre de 2003-. Todo se paga cuando se hace mal, y cuando no se hacen las cosas como hay que hacerlas cuando tienes un socio como es Estados Unidos. Aunque el actual presidente tenga una manera de ser muy complicada, es Estados Unidos, y ahora lo lo vamos a notar», concluye Pampillón.