La receta de Madrid para construir más vivienda asequible que todas las CC.AA. del PSOE: «Hay que ser más ágiles»

La vivienda lleva 21 meses instalada como el principal dolor de cabeza de los españoles, según el CIS. Cada vez es más difícil encontrar un piso para vivir. Los precios de los alquileres suben más rápido que los salarios. Comprar un primer inmueble parece un sueño inalcanzable para los jóvenes. Y las familias tienen dificultades para encontrar viviendas más espaciosas, obligándoles a vivir lejos de sus lugares de trabajo.

Cómo hacer frente a la crisis de vivienda a través de la construcción de vivienda asequible fue el gran hilo conductor de la I Jornada de Vivienda de El Debate. En este sentido, la Comunidad de Madrid es un ejemplo, ya que construye más vivienda de este tipo de alquiler que Cataluña, Asturias, Navarra y Castilla-La Mancha –todas las comunidades del PSOE– juntas. Desde comienzos de 2025 hasta junio de 2026 se han terminado 256 viviendas protegidas en Asturias; 584 en Castilla-La Mancha 10.715 en Cataluña; y 1.043 en Navarra.

En total han sido 12.598 inmuebles. Por su parte, sólo en la Comunidad de Madrid se han construido 13.497 viviendas protegidas. «Con los negativos que somos, y con lo malas que son las políticas liberales, resulta que somos los que más vivienda de protección pública hacemos en toda España», aseguró José María García, viceconsejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid.

Las modificaciones regulatorias aprobadas por Madrid, en particular la Ley Líder y las actualizaciones de la Ley del Suelo regional, así como las actualizaciones de los módulos que regulan el precio de la vivienda protegida, han impulsado la construcción de vivienda asequible en la comunidad liderada por Isabel Díaz Ayuso.

La Ley 3/2024, va en la misma dirección. Con esta normativa la Comunidad de Madrid ha regulado el cambio de uso en los suelos terciarios, destinados a oficinas para la implantación de viviendas de alquiler sujetas a alguna protección pública, durante, al menos, 15 años.

«Es uno de los incentivos necesarios para resolver el problema de la vivienda. Hay que ser pragmático, técnico y solucionar la falta de oferta. Todo lo que sea flexibilizar los usos del suelo permitirá ser más agiles y escapar del trámite urbanístico que puede ir de 5 a 15 años», afirmó Vicente Taroncher, socio director de Momentum.

El viceconsejero de vivienda de la Comunidad de Madrid ve «una aberración» plazos de tramitación de 25 años como los que se han producido en Valdecarros, y abogó por impulsar la seguridad jurídica a través de la regulación.

En la misma línea ha ido el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, quien inauguró la Jornada. Frente a las políticas estatales, defendió la estrategia que su equipo puso en marcha hace siete años en el Ayuntamiento de Madrid, basada en la generación de suelo, la simplificación normativa, la construcción de vivienda pública y la colaboración público-privada.

«Frente a ese fracaso, tenemos claro el diagnóstico y la solución: la construcción masiva de vivienda y la recuperación del mercado de arrendamiento. Tenemos un problema de regulación y de trabas burocráticas y tenemos que abordar la simplificación», comentó.

Almeida instó al Gobierno de España a debatir. «No tenemos ningún problema con aquellos que se esconden detrás de Maricarmen para no reconocer que sus políticas de vivienda han sido un fracaso. Siendo nuestro principal problema, será nuestra principal prioridad», sentenció.