El gasto en sueldos públicos crece casi 54.000 millones desde 2018 mientras los funcionarios pierden poder adquisitivo

El Gobierno ha confirmado que los funcionarios cobrarán un 4,5 % a partir del año que viene. Se trata de una generosa subida para un colectivo que, sin embargo, venía de perder poder adquisitivo desde 2018. Los sueldos base de los funcionarios del Estado han aumentado un 20,7 % entre 2018 y 2026, mientras que el índice de precios de consumo (IPC) acumula una subida del 27,7 % entre diciembre de 2018 y septiembre de este año.

En el caso del grupo A1, al que pertenecen los cuerpos superiores de la Administración, el sueldo base anual ha pasado de 15.216 euros en 2018 a 18.359 euros en 2026. Son 3.143 euros brutos más al año. En el grupo A2, el sueldo base ha aumentado de 13.380 a 16.144 euros, mientras que en el C1 ha pasado de 10.248 a 12.364 euros. Los funcionarios del grupo C2, por su parte, han visto incrementarse esta retribución desde los 8.686 hasta los 10.480 euros anuales. En todos los casos, el aumento ronda el 20,7 %.

Estas cantidades incluyen las pagas extraordinarias, pero no los trienios por antigüedad ni los complementos de destino, específicos o de productividad. Por tanto, no representan el salario completo que percibe un funcionario, aunque permiten comparar la evolución de una parte común de sus retribuciones. Este incremento, no obstante, ha estado por debajo del aumento del precio de la vida. Según la calculadora oficial del INE, el IPC ha crecido un 27,7 % entre diciembre de 2018 y septiembre de 2026.

La diferencia con el incremento de las retribuciones básicas es de aproximadamente siete puntos porcentuales. En términos reales, esto equivale a una pérdida de poder adquisitivo cercana al 5,5 %, aunque el cálculo debe considerarse orientativo porque las tablas salariales de 2018 recogen las cuantías medias del ejercicio y el IPC toma como referencia diciembre de aquel año.

En 2021, los precios aumentaron un 6,5 %, mientras que en 2022 lo hicieron otro 5,7 %. A estos incrementos se añadieron los registrados en los ejercicios posteriores, que han seguido elevando el coste de la vida.

La pérdida de capacidad de compra también se aprecia al incorporar el complemento de destino. Un funcionario del grupo A1 con nivel 26, por ejemplo, tenía asignados en 2018 un total de 25.349,72 euros brutos anuales entre sueldo base y complemento de destino, sin antigüedad ni otros complementos. En 2026, esa cantidad asciende a 30.586,30 euros.

Se trata de un incremento de 5.236,58 euros al año, equivalente al 20,7 %. Sin embargo, para compensar una inflación del 27,7 %, esa retribución habría tenido que alcanzar aproximadamente los 32.371 euros. La diferencia ronda los 1.785 euros anuales, tomando como referencia el encarecimiento acumulado desde finales de 2018.

Brecha salarial

Pese a la pérdida de poder adquisitivo, los salarios en la Administración Pública han evolucionado de forma más favorable que los del conjunto de los trabajadores españoles. Según la última Encuesta Anual de Estructura Salarial del INE, la ganancia media anual en la rama de Administración Pública, defensa y Seguridad Social pasó de 29.824 euros en 2018 a 37.518 euros en 2024, lo que supone un incremento del 25,8 %.

En ese mismo período, el salario medio del conjunto de trabajadores aumentó un 23 %, desde los 24.009 hasta los 29.540 euros anuales. De este modo, la diferencia entre ambas remuneraciones se amplió de 5.815 a 7.978 euros, es decir, 2.163 euros más. En términos relativos, los trabajadores de esta rama de actividad percibían en 2018 un salario medio un 24,2 % superior a la media nacional. Seis años después, esa ventaja había aumentado hasta el 27 %.

La estadística, sin embargo, no recoge solamente a funcionarios ni incluye a todos los empleados públicos, por lo que sus resultados no son directamente comparables con las tablas de Hacienda.

Gasto público

En cualquier caso, el incremento de las retribuciones también ha venido acompañado de un aumento del gasto de las Administraciones Públicas en personal. Según los datos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), la remuneración de asalariados ha pasado de 127.668 millones de euros en 2018 a 181.494 millones en 2025. La diferencia asciende a 53.826 millones de euros, lo que representa un incremento del 42,2 % entre 2018 y 2025.

Esta partida recoge las remuneraciones del personal de las distintas administraciones públicas, incluidas las cotizaciones sociales a cargo del empleador. El crecimiento del gasto no responde únicamente a las subidas salariales, sino también a la evolución de las plantillas y de su composición.

Nueva subida

El gobierno y los sindicatos acordaron en noviembre de 2025 una subida salarial del 11 % para el período comprendido entre 2025 y 2028. El pacto contempla un incremento del 2,5 % para 2025, otro del 2 % para 2026, un 4,5 % en 2027 y un 2 % adicional en 2028.

La subida de este año incluye un incremento fijo del 1,5 % y otro medio punto condicionado a que el IPC interanual de diciembre alcance al menos el 1,5 %. Este segundo tramo, en caso de cumplirse la condición, se abonará durante el primer trimestre de 2027 con efectos retroactivos.