El Gobierno reconoce a los maquinistas el derecho a parar los trenes ante un riesgo grave e inminente

El Gobierno ha aprobado este martes un real decreto-ley que reconoce expresamente el derecho de los maquinistas a detener un tren o negarse a iniciar o reanudar su marcha cuando exista una situación de «riesgo grave e inminente» para la seguridad ferroviaria. La medida, adoptada en pleno conflicto laboral con los sindicatos del sector y después del accidente de Urda (Toledo), que dejó 69 fallecidos, forma parte de un paquete de reformas destinado a reforzar la seguridad de la circulación y ampliar la protección de los trabajadores.

La norma, aprobada por el Consejo de Ministros a propuesta del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, contempla también cambios en el cómputo de los tiempos de conducción, nuevas garantías para los profesionales que comuniquen riesgos de seguridad y una ampliación de la protección social de determinados colectivos ferroviarios.

El decreto llega después de las negociaciones mantenidas durante los últimos días entre el vicepresidente primero del Gobierno, Carlos Cuerpo, que ha asumido las competencias de Transportes tras la dimisión de Óscar Puente, y los representantes de los maquinistas.

Su aprobación coincide, además, con la primera jornada de huelga convocada por el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf), que está provocando importantes alteraciones en los servicios ferroviarios de distintas comunidades autónomas.

Una de las principales novedades del real decreto-ley es la incorporación de los principios de la denominada «cultura justa» a la Ley 38/2015 del Sector Ferroviario. La reforma reconoce al personal que desempeña funciones de seguridad operacional el derecho a adoptar «las medidas necesarias y proporcionadas ante situaciones de riesgo grave e inminente para la seguridad».

Esta facultad incluye expresamente la posibilidad de interrumpir la marcha de un tren o decidir no iniciarla cuando las circunstancias puedan comprometer la seguridad de la circulación.

No obstante, la norma establece que estas decisiones deberán responder a situaciones de riesgo grave e inminente y que los trabajadores tendrán «la obligación de comunicarlo sin demora» a los agentes correspondientes. Por tanto, no se trata de una autorización general para detener la circulación por cualquier motivo, sino de una garantía vinculada a circunstancias concretas de seguridad.

El decreto también introduce mecanismos para facilitar que los profesionales comuniquen posibles riesgos operacionales sin temor a represalias. Para ello, contempla canales internos y sistemas públicos de notificación que deberán garantizar la confidencialidad de las personas informantes.

Asimismo, establece que no se impondrán sanciones cuando la información se comunique previamente, se interrumpa la conducta infractora y exista plena colaboración con la investigación, siempre que concurran las condiciones previstas en la norma.

Tiempos de conducción

Otra de las modificaciones afecta al cómputo de los tiempos de conducción de los maquinistas, una de las cuestiones abordadas durante las negociaciones entre el Ministerio y los sindicatos. El decreto precisa qué actividades deben considerarse tiempo efectivo de conducción, incluyendo las maniobras que impliquen el movimiento de vehículos ferroviarios y las interrupciones durante las cuales el maquinista continúe siendo responsable del tren.

También establece que deberán computarse íntegramente los periodos inferiores a 45 minutos comprendidos entre el final de una actividad de conducción y su reanudación por el mismo profesional. Estos intervalos se contabilizarán incluso cuando el maquinista haya sido relevado temporalmente de la responsabilidad del vehículo, no tenga que prestar atención a la circulación o haya sido destinado a otras tareas.

La regulación contempla igualmente las interrupciones de 45 minutos o más que se produzcan durante pruebas, ensayos, auscultaciones o verificaciones ferroviarias.

Además, se tendrán en cuenta los tiempos de conducción realizados en redes diferentes de la Red Ferroviaria de Interés General. En los casos excepcionales en los que la conducción se realice mediante parejas de maquinistas, uno habilitado para el vehículo y otro para la infraestructura, el tiempo se computará simultáneamente para ambos.

Condiciones de jubilación

El Gobierno también ha aprobado medidas para ampliar la protección social de los trabajadores ferroviarios que desempeñan funciones equivalentes. En concreto, el real decreto-ley extiende el ámbito de aplicación del régimen de Seguridad Social previsto en el artículo 3 del Real Decreto 2621/1986 al personal de las empresas ferroviarias que operan en líneas interoperables o en la Red Ferroviaria de Interés General.

El objetivo, según el Ministerio, es garantizar la igualdad de trato en materia de coeficientes reductores de la edad de jubilación para los profesionales que desarrollan las mismas funciones.

Estos coeficientes permiten adelantar la edad de jubilación en determinadas actividades consideradas excepcionalmente penosas o peligrosas.

Además, el Ejecutivo iniciará, con participación sindical, un procedimiento para revisar los coeficientes reductores y estudiar su posible aplicación a otras categorías profesionales expuestas a condiciones de trabajo penosas, tóxicas, peligrosas o insalubres. Esta revisión se desarrollará conforme al procedimiento establecido en el Real Decreto 402/2025, por lo que la aprobación de la norma no supone por sí sola el reconocimiento automático de nuevos coeficientes para todas las categorías.

Más inspección

El cuarto bloque de medidas está dirigido a reforzar las competencias de supervisión e inspección de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF). La reforma establece que las personas físicas y jurídicas sometidas a una actuación de supervisión deberán facilitar el acceso del personal inspector a sus instalaciones y equipos.

También obliga a las entidades ferroviarias a permitir el acceso a sus trenes, material rodante e instalaciones cuando resulte necesario para desarrollar las inspecciones. De esta manera, la AESF podrá realizar actuaciones de supervisión incluso cuando los equipos o instalaciones que necesite examinar pertenezcan a una empresa distinta de aquella que está siendo investigada o supervisada.