Abascal tenía razón ante Broncano: así afecta la perspectiva de género en la construcción

«En el mercado de la vivienda hay mucha regulación que tiene que ver, por ejemplo, con la perspectiva de género». Esta frase fue pronunciada por Santiago Abascal este lunes durante su entrevista en La Revuelta. Ante ello, el presentador de TVE, David Broncano, se mostró completamente asombrado y en las redes sociales llegaron a tacharlo de «bulo». Sin embargo, el líder de Vox no mintió, ya que la legislación española contempla expresamente la perspectiva de género, aunque no en la construcción de viviendas propiamente dicha, sino en la ordenación urbanística.

La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, aprobada durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, en su artículo 31.3 establece que «las administraciones públicas tendrán en cuenta en el diseño de la ciudad, en las políticas urbanas, en la definición y ejecución el planeamiento urbanístico, la perspectiva de género, utilizando para ello, especialmente, mecanismos e instrumentos que fomenten y favorezcan la participación ciudadana y la transparencia». Además, su apartado 2 establece que «las políticas urbanas y de ordenación del territorio tomarán en consideración las necesidades de los distintos grupos sociales y de los diversos tipos de estructuras familiares, y favorecerán el acceso en condiciones de igualdad a los distintos servicios e infraestructuras urbanas».

Por su parte, el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana (Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre), en la redacción dada por la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética, aprobada durante el actual Gobierno de Pedro Sánchez, obliga en la nueva redacción del artículo 20.1.c) a las Administraciones competentes en ordenación territorial y urbanística a «atender, teniendo en cuenta la perspectiva de género, en la ordenación de los usos del suelo, a los principios de accesibilidad universal, de movilidad, de eficiencia energética, de garantía de suministro de agua, de prevención de riesgos naturales y de accidentes graves, de prevención y protección contra la contaminación y limitación de sus consecuencias para la salud o el medio ambiente».

El dirigente de Vox da a entender que esta exigencia la deben cumplir los constructores, sin embargo, tal y como confirman fuentes del sector a El Debate su aplicación afecta sobre todo al planeamiento urbanístico. Esto supone que a los promotores inmobiliarios les afecta de manera indirecta, sobre todo si se va a construir en suelo que todavía no está urbanizado. En esos casos hay que tramitar un plan parcial, que define el trazado de las calles, la ubicación de zonas verdes y equipamientos y las parcelas edificables; después, el proyecto de reparcelación o compensación, que reparte cargas y beneficios entre los propietarios, y el proyecto de urbanización, que sirve para la ejecución de calles e infraestructuras. Es en el planeamiento donde debe incorporarse esa perspectiva de género que denuncia Vox a la hora de hablar de sobrerregulación.

Esto significa que se tienen en cuenta cómo los patrones de movilidad actuales, así como la seguridad en el espacio público, afectan de forma distinta a mujeres y hombres. En las comunidades donde la ley lo exige, el plan debe incorporar un informe de impacto de género que valore, por ejemplo, el tamaño de las aceras, que sean más o menos amplias para facilitar el paso de carritos de niños o sillas de ruedas; la proximidad entre la vivienda y los equipamientos básicos como puede ser una parada de transporte; que los recorridos sean seguros; y que la iluminación de las calles no contenga tramos oscuros ni ángulos muertos, y cuente con un alumbrado continuo y homogéneo en calles, aparcamientos y paradas durante la noche.

Una vez urbanizado el suelo y adquirida la condición de solar, el promotor solo tiene que presentar el proyecto de edificación, obtener la licencia de obras, construir y vender. En esa fase, con carácter general, la normativa no exige ningún informe de impacto de género.

Planes estatales y autonómicos

Estas normas no son solo estatales: varias comunidades autónomas exigen, además, un informe específico de impacto de género en la tramitación del planeamiento. Su ausencia ha llegado a provocar la anulación judicial de planes urbanísticos y territoriales, aunque no siempre de forma definitiva. Es el caso del Plan General de Ordenación Urbana de Boadilla del Monte donde se iban a construir 26.000 viviendas. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid lo anuló en abril de 2017 por no haber incorporado un informe de impacto de género durante su tramitación. Sin embargo, el Tribunal Supremo revocó esa sentencia en diciembre de 2018 y concluyó que el informe no era exigible porque la legislación urbanística madrileña no lo preveía y la normativa estatal no podía imponerlo de forma supletoria, aunque recordó que la igualdad entre mujeres y hombres debe inspirar el planeamiento.

Otro ejemplo es el del Plan de Ordenación del Territorio de la Costa del Sol Occidental. El Tribunal Supremo declaró, en 2015, nulo este aprobado en 2006 y dejó en un limbo administrativo miles de construcciones, así como limitó otras tantas muchas en vías de realizarse, por, entre otros motivos, no tener un informe sobre el impacto de género exigido por la legislación autonómica.

Mientras Andalucía ha mantenido esta exigencia, la Ley 11/2022, de 21 de diciembre, de Medidas Urgentes para el Impulso de la Actividad Económica y la Modernización de la Administración de la Comunidad de Madrid introdujo cambios concretos en materia de planificación urbanística respecto a los informes de impacto relacionados con la identidad de género y la orientación sexual.

La reforma que fue acordada entre el PP y Vox modificó la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid para excluir para excluir de la tramitación de los instrumentos de planeamiento la evaluación del informe sobre identidad y expresión de género, así como el informe de impacto por razón de orientación sexual e identidad de género. Su objetivo era simplificar la tramitación administrativa, agilizar los plazos del suelo y reducir la inseguridad jurídica derivada de posibles omisiones formales en dichos trámites.

Esta modificación normativa no suprimió, sin embargo, el principio de igualdad entre mujeres y hombres que imponen la Ley de Igualdad y la Ley de Suelo estatales (que sigue siendo de aplicación al planeamiento madrileño). Tampoco suprimió un informe de impacto de género en sentido estricto, que la legislación urbanística madrileña nunca había exigido, como recordó el Supremo en el caso de Boadilla. Mientras, otras comunidades autónomas como el País Vasco, la Comunidad Valenciana, Andalucía y Canarias siguen exigiendo ese informe en la tramitación de planeamiento.