La insólita guerra entre notarios y registradores, dos cuerpos unidos por lazos familiares y divididos por 12 euros
La reforma del Gobierno para regularizar el precio de las notas registrales reaviva un conflicto que ya ha llegado a los tribunales
Notarios y registradores mantienen desde hace años un conflicto por sus competencias y sus intereses, pese a los vínculos familiares y personales que existen entre ambos cuerpos. Un enfrentamiento que se libra principalmente en las altas esferas de dos profesiones obligadas a entenderse y que ha encontrado en la reforma de los aranceles registrales que prepara el Gobierno un nuevo motivo de disputa.
«Te voy a hablar con toda la sinceridad de la que soy capaz: eso es así a muy altas esferas», reconoce a El Debate la portavoz del Colegio de Registradores, Teresa López, al ser preguntada por la guerra entre ambos cuerpos. No obstante, matiza que el enfrentamiento se concentra en los órganos de representación de ambos colectivos y no se reproduce en el trabajo cotidiano. «En el día a día, como registradora, mantengo una relación magnífica con la notaria de mi pueblo y con los notarios con los que me relaciono; solucionamos todos los problemas que nos encontramos», explica.
Ambas profesiones están obligadas a colaborar para garantizar la seguridad jurídica de las operaciones inmobiliarias, aunque las discrepancias sobre dónde terminan las competencias de una y comienzan las de la otra son recurrentes. Sin embargo, el enfrentamiento ha adquirido un nuevo cariz económico a raíz del precio de las notas registrales.
Para entender el origen del enfrentamiento hay que detenerse en las funciones que desempeñan ambas profesiones. El notario autoriza las escrituras públicas, comprueba la identidad y capacidad de quienes las firman y da fe de los actos jurídicos que documenta. El registrador, por su parte, examina los documentos que llegan al Registro de la Propiedad y comprueba si cumplen los requisitos legales para su inscripción. Es precisamente este segundo control el que provoca buena parte de las fricciones.
Cuando una escritura llega al registro, el registrador realiza una calificación jurídica independiente. Si detecta algún defecto, puede suspender la inscripción y comunicar los motivos al interesado y al notario que autorizó el documento. El problema surge cuando este último considera que la escritura es correcta y que determinadas cuestiones ya han quedado resueltas mediante su intervención.
«Con frecuencia el notario no está de acuerdo con ese control, sosteniendo que no es nuestra competencia o que queda amparado por su fe notarial», señala la portavoz de los registradores. Según explica, las discrepancias se han producido tradicionalmente en asuntos como el juicio de suficiencia de los poderes y otras cuestiones relacionadas con la calificación registral. «Existe, por tanto, una tensión permanente sobre el alcance de lo que podemos calificar en ese último control de legalidad», reconoce.
Una guerra por 12 euros
Las discrepancias, no obstante, se han agravado con el proyecto de real decreto con el que el Ministerio de Justicia pretende modificar los aranceles registrales, vigentes desde 1989. La iniciativa contempla incorporar expresamente dos tarifas: 9,02 euros por cada nota simple informativa telemática y 12,03 euros por la información continuada de los inmuebles.
Estos importes ya venían siendo aplicados por los registradores, pero los notarios cuestionan su legalidad. El arancel vigente establece una tarifa general de 3,01 euros por nota simple informativa, sin recoger las dos modalidades que ahora pretende regular el Gobierno. De hecho, la propia memoria del Ministerio reconoce que «la minutación de estos conceptos y los correspondientes importes no han sido incorporados expresamente al arancel registral».
El asunto acabó en los tribunales. El pasado 22 de mayo, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura estimó parcialmente el recurso presentado por un notario contra una factura de 12,03 euros emitida por el Registro de la Propiedad número 3 de Badajoz. La sentencia, que todavía no es firme, concluyó que esa cantidad carecía de respaldo en el arancel vigente y estableció que correspondía cobrar 3,01 euros. «La Sala entiende que no hay motivación legal alguna que sustente el cobro de 12,03 euros por la emisión y envío de la citada nota simple con información continuada», señalaron los magistrados.
Los registradores defienden el coste
Desde el Colegio de Registradores defienden que no se pueden equiparar ambos servicios. López explica que la nota simple tradicional proporciona información sobre la titularidad y las cargas de un inmueble en el momento de su expedición. La información continuada, en cambio, permite conocer las modificaciones que puedan producirse posteriormente durante el periodo de seguimiento.
La portavoz defiende que este sistema resulta especialmente importante en las compraventas, porque permite detectar posibles cambios en la situación registral del inmueble antes de formalizar la operación. A su juicio, los 12,03 euros deben valorarse teniendo en cuenta la seguridad jurídica que aporta el servicio y su reducido peso respecto al importe de una vivienda.
Los registradores también justifican la tarifa por los costes tecnológicos asociados a la prestación electrónica de la información. «El Colegio cobra por el soporte electrónico de la plataforma y la registradora cobra por expedir la nota simple», explica López.
La sentencia del TSJ de Extremadura cifraba en 10,90 euros el coste medio del servicio en 2023
Sin embargo, la propia sentencia del TSJ de Extremadura recoge que el Colegio de Registradores aportó durante el procedimiento un informe que cifraba en 10,90 euros el coste medio del servicio en 2023. De esa cantidad, 5,78 euros correspondían a los costes de la información continuada y otros 5,12 euros a los gastos medios de las oficinas registrales.
El tribunal señaló que el importe facturado superaba incluso esos costes y cuestionó que se hubiera justificado suficientemente el incremento de los gastos de envío electrónico. Los magistrados también recordaron que las inversiones realizadas en la sede electrónica se amortizan con el tiempo, por lo que su coste debería disminuir.
El Gobierno entra en el conflicto
En medio de esta disputa ha intervenido el Ministerio de Justicia, que pretende incorporar al arancel los importes cuestionados. La reforma, cuya memoria de impacto normativo está fechada el 18 de septiembre, busca dar seguridad jurídica a la facturación de los servicios registrales telemáticos y garantizar la sostenibilidad económica de la infraestructura.
La iniciativa, sin embargo, no figuraba en el Plan Anual Normativo de 2026. El propio Ministerio defiende que su tramitación responde a «una necesidad regulatoria cuya urgencia se ha incrementado con posterioridad a su elaboración», pero no concreta qué circunstancia provocó esta urgencia. Tampoco menciona en la memoria la sentencia del TSJ de Extremadura, dictada cuatro meses antes.
La memoria del Ministerio considera que el impacto económico de la reforma será «nulo o insignificante»
Además, el documento considera que el impacto económico de la reforma será «nulo o insignificante» y sostiene que las cantidades previstas tendrán un efecto muy limitado sobre ciudadanos y empresas, pero no ofrece una estimación del número anual de notas simples e informaciones continuadas expedidas, ni de la facturación total que generan estos servicios.
Fuentes del Consejo General del Notariado calculan que los registradores habrían percibido 270,66 millones de euros por estas notas, de los que su Colegio se habría quedado 135,33 millones. «Resulta sorprendente que el Proyecto consagre una práctica ilegal que implica un incremento del 300 % o 400 % del importe de esas notas simples en un ámbito que impacta precisamente en tema de 'vivienda'», concluyen esas mismas fuentes.
Si finalmente se aprueba, la reforma establecerá para el futuro una tarifa que el TSJ de Extremadura consideró improcedente conforme a la regulación anterior. Para los registradores, la modificación permitirá adaptar el arancel a unos servicios electrónicos que no existían en los mismos términos cuando se aprobó la normativa de 1989. Para los notarios que cuestionan estos cobros, el problema reside precisamente en que se pretende dar cobertura a unas cantidades cuya aplicación han venido impugnando. En cualquier caso, añade un nuevo capítulo de una vieja rivalidad entre dos profesiones que, pese a sus diferencias, están obligadas a entenderse.