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Carlos Cuerpo.EP

El Gobierno vigila precios de vuelos, hoteles y coches de alquiler tras Urda, pero descarta intervenir por ahora

Carlos Cuerpo asegura que los precios han vuelto en general a la normalidad y defiende un mecanismo que permitirá limitar las subidas abusivas durante futuras emergencias

El Gobierno ha vigilado la evolución de los precios de los vuelos, hoteles, coches de alquiler y otros servicios de transporte alternativos tras el accidente ferroviario de Urda (Toledo), pero considera que no ha sido necesario intervenir para frenar posibles subidas abusivas.

Así lo ha asegurado este miércoles el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, durante su comparecencia ante la Diputación Permanente del Congreso, donde ha defendido el mecanismo de limitación de precios incluido en el decreto de ayudas a las víctimas de la tragedia, que dejó 69 fallecidos el pasado 28 de octubre.

Cuerpo ha explicado que, desde la aprobación del Real Decreto-ley 32/2026, el pasado 3 de noviembre, el Ejecutivo ha seguido la evolución de las tarifas de los servicios que pueden experimentar incrementos extraordinarios de demanda cuando una emergencia interrumpe las conexiones ferroviarias.

«Desde el 3 de noviembre hemos seguido la evolución de los precios de los distintos modos de transporte alternativos, pudiendo verificar que, en promedio y de modo general, no ha sido necesaria la activación de este límite», ha señalado.

Según el ministro, el seguimiento ha incluido los vuelos, los coches de alquiler, los vehículos de transporte con conductor (VTC) y los alojamientos en las zonas afectadas. Su conclusión es que, pocos días después del accidente, los precios habían regresado, con carácter general, «al entorno de la normalidad».

No obstante, Cuerpo ha defendido la necesidad de contar con un instrumento legal que permita actuar con rapidez cuando una emergencia provoque incrementos extraordinarios de precios y los consumidores carezcan de alternativas suficientes.

El mecanismo, incorporado a la legislación de defensa de los consumidores mediante el decreto aprobado el 3 de noviembre, establece que, cuando se active, el precio final de los bienes y servicios afectados no podrá superar el máximo al que se ofrecieron durante los 30 días anteriores.

La norma contempla además una segunda referencia para evitar que un precio excepcionalmente elevado durante ese periodo desvirtúe la limitación. En esos casos, el máximo permitido será el precio medio incrementado en un 50 %. «Si ese máximo fuera anómalamente alto, la referencia sería el precio medio más un 50 %, es decir, que siempre estará topado», ha explicado Cuerpo.

El objetivo es impedir que una reducción repentina de las alternativas de transporte permita aplicar incrementos abusivos a los viajeros que necesitan desplazarse por otros medios.

Sin embargo, el ministro ha precisado que la limitación no impedirá todas las subidas. Las empresas podrán incrementar sus tarifas cuando acrediten que han aumentado sus costes o cuando resulte necesario para incorporar nueva oferta al mercado.

Cobros excesivos

Cuerpo ha señalado que los afectados podrán reclamar la devolución del importe cobrado en exceso sin necesidad de acudir a los tribunales, con independencia de las sanciones que puedan corresponder a las empresas.

La medida no se aplicará automáticamente ante cualquier accidente o interrupción del transporte. Su activación estará vinculada a la declaración de una zona afectada gravemente por una emergencia o a un acuerdo del Consejo de Ministros en los supuestos previstos por la norma.

El vicepresidente primero ha insistido en que se trata de una herramienta temporal y limitada a circunstancias excepcionales, destinada a proteger a los usuarios cuando una emergencia reduce drásticamente las alternativas disponibles.

Ayudas e indemnizaciones

Durante su intervención, Cuerpo también ha defendido la convalidación del decreto de ayudas a las víctimas del accidente ferroviario, que causó 69 fallecidos y cerca de 150 heridos.

El ministro ha explicado que las ayudas extraordinarias reproducen el esquema aplicado tras los accidentes de Adamuz y Gélida y tienen carácter complementario respecto de las indemnizaciones que puedan corresponder a los afectados conforme a la legislación vigente. Estas ayudas no tendrán que devolverse, estarán exentas del IRPF y serán compatibles tanto con las compensaciones previstas en la normativa ferroviaria como con las indemnizaciones por responsabilidad civil.

El decreto contempla además la posibilidad de anticipar cantidades correspondientes a estas últimas, sin esperar a la resolución definitiva de los procedimientos judiciales. En este sentido, Cuerpo ha destacado que, si la indemnización final resulta inferior al anticipo recibido, la víctima no tendrá que devolver la diferencia. Si es superior, tendrá derecho a cobrar la cantidad pendiente.

El Ejecutivo también ha introducido medidas para simplificar los trámites administrativos, de manera que los afectados no tengan que aportar documentación que la propia Administración pueda obtener por sus medios.

Asimismo, se establecen garantías laborales para los trabajadores que no hayan podido acudir a su puesto o hayan llegado tarde como consecuencia del accidente o de las alteraciones del servicio ferroviario, así como mejoras en determinadas prestaciones de la Seguridad Social.

Cuerpo ha defendido que estas medidas buscan evitar que las consecuencias económicas de la tragedia se conviertan en una preocupación adicional para las víctimas y sus familias. «Duele hablar de dinero cuando estamos hablando de víctimas, pero lo que no podemos permitir es que el elemento de la preocupación económica en estas circunstancias sea una preocupación adicional», ha concluido.

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