Accidente ferroviario en Urda (Toledo)
Bruselas alerta a España de deficiencias en la lucha contra la malversación de fondos europeos
El uso de las ayudas comunitarias fue puesto en tela de juicio tras los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Urda (Toledo)
Siete años, desde 2019, prácticamente todo el Gobierno de Pedro Sánchez, es lo que lleva España sin aplicar correctamente las directivas europeas contra la corrupción, especialmente en lo que se refiere a la malversación de fondos europeos, es decir, el mal uso de las ayudas europeas, especialmente en el punto de mira tras los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) el pasado mes de enero y el de Urda (Toledo) que tuvo lugar en octubre.
La Comisión Europea ha acordado este jueves remitir una nueva carta al Gobierno de Pedro Sánchez en la que le recuerda específicamente que «no contempla adecuadamente el delito de malversación de fondos de la UE y establece una pena máxima de prisión inferior a la exigida por la Directiva».
La malversación de fondos de la UE, es decir, el mal uso, o poco transparente, de estas ayudas están especialmente en el punto de mira de Bruselas a raíz de los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) que tuvo lugar el 18 de enero y en el que murieron 46 personas, y el de Urda (Toledo), en el que, el 28 de octubre, murieron 69 personas.
La Comisión Europea recuerda a España que ya en diciembre de 2021, es decir, hace cinco años envió una carta de emplazamiento a España en la que señalaba ciertas deficiencias en la transposición de la Directiva 2017/1371, relacionadas, por ejemplo, con la definición de corrupción. Es decir, no había aplicado en la legislación nacional una directiva de hace 9 años que tenía que haber estado ya incorporada en 2019, al comienzo del Gobierno de Pedro Sánchez.
Pero ahora, además de esas deficiencias denunciadas hace 5 años, la Comisión Europea le recuerda a España especialmente que «no contempla adecuadamente el delito de malversación de fondos de la UE y establece una pena máxima de prisión inferior a la exigida por la Directiva».
Tras esta misiva, España dispone ahora de un plazo de dos meses, en los que tendrán lugar las próximas elecciones generales y las negociaciones para conformar el próximo Gobierno, para responder y subsanar las deficiencias señaladas por la Comisión.