Un hombre camina por delante del logo de Banco Popular durante una presentación de resultados
Burbuja inmobiliaria
Cinco años de la caída de Banco Popular: la increíble operación que dejó en la picota a miles de accionistas
Durante la madrugada del 6 a 7 de junio de 2017, la Junta Única de Resolución (JUR) acabó con la agonía de Banco Popular. La entidad –con más de 90 años de historia– se hundió bajo el peso del ladrillo, llevándose consigo el dinero de sus 350.000 accionistas. Popular pudo haber terminado como Bankia –y seguir vivo integrado en otra entidad– pero quebró tras la crisis financiera y se topó con el cortafuegos levantado tras el colapso económico de 2008. Las autoridades europeas priorizaron el interés general al de los accionistas, y la dejó caer.
La debacle de Banco Popular –al igual que la de otras entidades españolas– comenzó a gestarse allá por el año 2000. España iniciaba la época del ladrillo. La construcción se disparó y las calles se llenaron de carteles de promociones inmobiliarias. La economía despegó y los bancos empezaron a ofrecer préstamos baratos y muy accesibles. El ritmo era frenético, y en 2007 el 60 % del crédito concedido se concentraba en torno al ladrillo. Allí estaba Banco Popular, que llegó a ser la entidad financiera más rentable de Europa, concediendo financiación a todo tipo de promotoras y constructoras, algo que nunca había hecho, hasta que la burbuja pinchó.
En 2008 comenzó una de las crisis más duras de la historia de España. Aquel año, Banco Popular trataba de avanzar a trompicones. El lastre del ladrillo era evidente. En 2011, más del 32 % de sus activos estaban ligados al sector inmobiliario, pero la dirección del banco o no quiso (o no pudo) agarrarse al salvavidas al que otros sí accedieron. Durante los años posteriores, el banco -presidido por Ángel Ron- rodó hacia el abismo. El año 2016 fue clave. En enero sus acciones comenzaron a caer a plomo. En mayo la entidad jugó su última carta para salvarse de la crisis de liquidez.
Anunció una macroampliación de capital por valor de 2.500 millones de euros con la intención de ampliar la cobertura de sus créditos morosos, heredados de su enorme exposición al ladrillo. A la vez, aprobó una estrategia de ajuste de 200 millones de euros, que incluyó un ERE que afectó a casi 2.600 de sus empleados. Demasiado tarde. En abril de 2017 sus acciones apenas valían 60 céntimos. En junio terminaron de desplomarse.
Con el fantasma de Bankia todavía presente, las autoridades europeas decidieron que fueran los accionistas y acreedores lo que rescataran a la entidad. Y ese mismo mes, el banco fue vendido a Santander por un euro. En la auditoría llevada a cabo por PwC, se incluye que la valoración atribuida a los activos inmobiliarios del Popular en España (inmuebles, créditos y activos fiscales) era de «aproximadamente 10.000 millones de euros».
Ahora, cinco años después de aquello, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ratifica el proceso de resolución, y pone final a la batalla jurídica que los accionistas iniciaron en busca de una compensación por todo el dinero perdido. «El ultraje de Europa al bolsillo de nuestros pequeños inversores en favor de las arcas del Banco Santander es cuanto menos intolerable», dicen de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).
El pasado 2 de junio, el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, admitió dos querellas interpuestas, contra el Banco Popular y su expresidente, Ángel Ron, por un presunto delito de estafa de inversores o incumplimiento de los deberes de información en la ampliación de capital del ejercicio 2012. La operación permitió a la dirección del banco evitar las ayudas públicas.