La enseñanza privada y concertada encara un futuro incierto
Educación
El horizonte de la enseñanza concertada: cierre de centros, recortes de personal y bajada de alumnado
La baja natalidad y la falta de financiación de estos centros son los problemas principales a los que se enfrenta el sector, según el balance de la Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza
El final del curso académico discurre por una frontera que tendrán que atravesar tanto la educación privada como la concertada para encarar un futuro más incierto que nunca por un contexto muy particular que incide de lleno sobre ambos modelos.
La baja natalidad y la falta de financiación de los centros son de los problemas principales a los que se enfrenta el sector, según se desprende del balance realizado por FSIE (Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza).
Para este organismo, las cuestiones más graves –y urgentes–a atajar «son el problema de financiación de los centros concertados, la diferencia de condiciones laborales de sus trabajadores respecto de la enseñanza pública y la baja natalidad», que obligará a numerosos centros privados y concertados a cerrar unidades y recortar personal, ante la ausencia del alumnado.
Entrevista con el presidente del CEDDD
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El problema de la natalidad
La pandemia acrecentó el problema de natalidad en España, ya que en 2022 nacieron un 2 % menos de bebés respecto a 2021 y un 8 % menos que en 2019. Una reducción que afecta a la pirámide poblacional y más en concreto, a la estabilidad del sector de la enseñanza y a los profesionales que trabajan en ella.
Según los datos del Ministerio de Educación y Formación Profesional, durante el curso 2022-2023 ha habido 1.584.094 alumnos matriculados en centros de Educación Infantil, de 0 a 5 años, lo que supone un descenso del 2,4 % respecto al curso 2021-2022, a su vez con una matriculación menor que el curso 2020-2021. Esta reducción de la matriculación en Infantil supera el 16,5 % en la última década.
Incertidumbre con la LOMLOE
Y en estas, aparece el incierto futuro de la LOMLOE tras las elecciones del 23 de julio, una situación que amenaza con protagonizar el inicio del próximo curso escolar.
FSIE asegura que solicitó a la administración pública un retraso de la aplicación de los nuevos currículos debido a que diversas comunidades autónomas no los habían aprobado a escasas semanas de empezar el actual curso, pero el Ministerio de Educación les ignoró.
Dicha situación ha provocado, a juicio de este organismo, una situación de estrés en los profesionales de la educación debido a la carga de trabajo adicional y en tiempo récord. «Lamentamos que se antepongan intereses ideológicos y políticos a los educativos», ha declarado Jesús Pueyo, secretario general del sindicato, en alusión a ello.
La lucha contra la ley Celaá
Este sindicato ha criticado, desde la tramitación y posterior aprobación de la LOMLOE, los efectos perniciosos que la norma acarrea sobre toda aquella educación que no sea la pública y tradicional, en especial, la concertada, privada y la especial.
FSIE avisó que la ley Celaá asignaba un papel subsidiario a la enseñanza concertada, anteponiendo los intereses de las administraciones públicas en la planificación de la oferta educativa por encima del derecho a elegir de los padres el centro y tipo de educación que consideren más adecuado para sus hijos.
A su vez, entienden que la LOMLOE considera a la educación especial como no inclusiva, «programando» su desaparición progresiva sin tener en cuenta la opinión de las familias.
Para colmo, el texto no introduce mejoras para los profesionales (docentes, personal complementario y personal de administración y servicios) de los centros concertados y mantiene el déficit económico de la concertada con una financiación exigua muy alejada del coste real del puesto escolar.
FSIE avisó que la ley Celaá asignaba un papel subsidiario a la enseñanza concertada, anteponiendo los intereses de las administraciones públicas en la planificación de la oferta educativa por encima del derecho a elegir de los padres el centro y tipo de educación que consideren más adecuado para sus hijos.
A su vez, entienden que la LOMLOE considera a la educación especial como no inclusiva, «programando» su desaparición progresiva sin tener en cuenta la opinión de las familias.
Para colmo, el texto no introduce mejoras para los profesionales (docentes, personal complementario y personal de administración y servicios) de los centros concertados y mantiene el déficit económico de la concertada con una financiación exigua muy alejada del coste real del puesto escolar.
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